El diputado Raúl Pineda asegura que los delitos a los que se pretende reformar la pena accesoria de inhabilitación de funciones públicas son menores y aplicará para delincuentes primarios que buscan una ‘segunda oportunidad’
Raúl Pineda conversa con Adelita Coriat.
Vestido con un jacket y una gorra en las que se lee el lema de su campaña, “una segunda oportunidad”, el diputado Raúl Pineda expone las razones que lo motivaron a presentar el anteproyecto de Ley con el que pretende eliminar la pena accesoria de inhabilitación de funciones públicas para ciertos delitos, que enfatiza, no están relacionados con la administración pública. En el pasado, Pineda obtuvo una oportunidad de trabajo en una junta comunal luego de haber pasado dos años privado de libertad a raíz de una riña tumultuosa. Después trabajó como chofer del hoy alcalde de San Miguelito, Héctor Carrasquilla, y de ahí saltó a la curul legislativa del circuito 8-6. El estudio profundo permitirá encontrar las conductas en las cuales se podría estar promoviendo una injusticia. Al diputado le hace falta reforzar la propuesta con un estudio científico que relacione la pena accesoria con la reincidencia. Las cifras en las que recarga el proyecto son el alto porcentaje de reincidencia que refleja el sistema penitenciario. Aunque el momento en que el diputado presenta la iniciativa ha generado sospechas de si busca favorecer al expresidente Ricardo Martinelli, quien enfrenta un juicio por escuchas telefónicas ilegales, que de ser condenado, le podría inhabilitar para las próximas elecciones presidenciales. Otro punto de discusión durante la entrevista fue que Pineda insistía en que la inhabilitación de pena no aplica a aspirantes a un cargo público, situación que contradice la ley.El proyecto ha generado un debate sobre la importancia de las penas accesorias. aplican técnica ni retórica.
Tiene su gorra y jacket en alusión a su proyecto ley...
Por supuesto, estamos trabajando en una visión de segunda oportunidad para los delincuentes primarios y que quieran echar su familia hacia adelante y que la sociedad no tenga nada que reprochar.
Este es un anteproyecto de ley que busca eliminar la inhabilitación de funciones públicas y dar vía libre, posterior a la pena, de poder optar por un cargo público o una elección popular... Interrumpe
No, no, no, esto es un proyecto que estamos buscando una segunda oportunidad para aquellas personas que hayan cometido delitos simples, que no generen violencia, y están exentos de esta ley todos los delitos contra la administración pública, los que tienen que ver con violación. Estamos hablando de delitos que no generan violencia y para delincuentes primarios para que tengan una vez hayan culminado de pagar sus penas y hayan completado los años de prisión, tengan la oportunidad de trabajo. No tiene que ver nada con puestos de elección, porque para poder optar a los cargos de elección eso está en la constitución.
La inhabilitación de funciones públicas también tiene que ver con los puestos de elección popular...
¿Quieres que te dé un ejemplo de que eso no es así?
Así ha sido todo el tiempo. A Ana Matilde Gómez le redujeron la pena accesoria para que pudiera ocupar el cargo de diputada...
Ana Matilde Gómez es el mejor ejemplo.
A ella le redujeron la pena, no la eliminaron...
Y fue diputada cinco años. Pero no es para puestos de elección, es para ser servidor público. Para trabajar en el Estado.
Explique ¿en qué estudio científico se basó para presentar el proyecto?
Eso sí es una buena pregunta. Hay 20 mil privados de libertad que hoy no pueden optar por un puesto de trabajo en un Municipio, ni en una Junta Comunal o en una Alcaldía o ningún puesto del gobierno porque hay inhabilitación de dos a cinco años. Lo que nosotros estamos buscando es que esas personas que hayan cometido un delito simple, si el Estado los necesita para trabajar puedan hacerlo.
¿Pero qué estudio científico lo respalda?
Te lo acabo de decir, 20 mil personas.
Esa es una cifra, no es un estudio científico que haya efectuado de los exconvictos...
El 60% que salen de la cárcel, vuelven. De ese porcentaje, el 82% vuelven en un periodo de dos años. ¿Desde cuándo no se hacen estas cifras? Desde 2016. Todos los estudios que estamos hablando son los últimos. En este momento hay 18 mil detenidos.
¿Y eso cómo se relaciona con la inhabilitación de funciones públicas?
Por supuesto que tiene que ver, si una persona cae presa porque lo agarraron tumbando un árbol, o cogiendo unas iguanas y paga una pena, o por un hurto, y no le das una oportunidad de trabajo, lo estas obligando a que cometa otro delito.
¿Por qué el Estado tiene que ser el empleador?
¿Quién va a ser? Estamos hablando de que todos sean los empleadores. Pero si yo como estado no le doy la oportunidad a esa persona que cumplió con una pena ante la sociedad, cómo le voy a decir a la empresa privada que lo contrate si yo como Estado no doy el ejemplo.
Yo tengo entendido que la inhabilitación de funciones públicas también aplica a un cargo de elección popular, lo que no acaba de definir es a qué delitos se les omitirá esta pena accesoria...
Te voy a aclarar varias cosas. Siento que estás de un lado de la balanza. Yo tengo un representante de Viento Frío que está preso hace ocho años en Colón y que aplicó para cargo público y acaba de correr para la Junta Comunal de Viento Frío y ganó.
¿Fue condenado?
Está preso.
Eso no quiere decir que esté condenado...
Está preso. Te acabo de decir que está preso. Estando preso está inhabilitado para trabajar, pero no lo inhabilita para correr.
Conozcamos bien la ley, la inhabilitación es para quienes reciben una condena del juez. Tal vez esa persona no ha sido condenada...
Está escrito en la constitución, una ley no te puede dar un derecho. La constitución te lo establece.
Enumere los delitos que aplica la omisión de la pena accesoria...
Te voy a decir los que no están.
Diga los que sí están...
Son 20, te voy a decir los que no están para que no haya problema. Los delitos que tienen que ver con violación no están, los que tienen que ver con la cosa pública no están; los delitos por los cuales están investigando a Ricardo Martinelli tampoco están, que es el artículo 167 y 168 no están en esta lista.
¿Qué otros delitos sí están?
Aquí tengo la ley al frente, si quieres te los puedo enumerar, pero yo te estoy diciendo los que no están y que generan problema: el hurto, los delitos contra la libertad e integridad sexual; los delitos de corrupción, explotación sexual; crímenes atroces, contra la seguridad colectiva. Los delitos simples sí están.
Narcotráfico, ¿está en la lista?
No, no está.
Esa situación de inhabilitar las funciones públicas no resuelve la preparación de los exconvictos, ¿por qué no dirige los esfuerzos a reforzar los programas de resocialización para todos por igual?
Estas siendo subjetiva. ¿Tu esta segura que los exconvictos no salen preparados?
La mayoría no.
Te voy a decir que este mes han entrado 500 privados de libertad al programa del Ministerio de Educación a secundaria y universidad. Cada día son más quienes optan por programas de estudio y de trabajo dentro del sistema penitenciario. Si dentro de ese grupo hay uno que pueda optar por un trabajo y le podemos dar esa oportunidad, entonces estamos haciendo las cosas bien.
¿Por qué no emplea los esfuerzos para reforzar los programas de resocialización dentro del sistema penitenciario?
Lo estamos haciendo. Uno de los principales problemas, y la herramienta más eficaz para esos programas, es darle la oportunidad para los que pasaron por ahí. Pero si les cierras las puertas, aunque sea a uno, entonces para qué tenemos el programa. Ayer conversamos con el Ministro de Seguridad (Juan Pino) y con el director de la Policía (John Dornheim) y va a haber un refuerzo adicional a los programas de prevención que habían sido suspendidos por la pandemia. Los próximos días el gobierno va a estar anunciando todos los programas de resocialización en Panamá, con las escuelas, universidades y fundaciones que trabajan dentro de los centros penitenciarios. Hoy hay 20 mil personas que cumplen con su pena y un gran número que sale preparado con carreras técnicas o como abogados y hay que darles una oportunidad.
¿Qué habló con el Ministro de Seguridad?
Hablamos de seguridad, de prevención, de fortalecer recursos para la prevención del delito, de segundas oportunidades que es el anteproyecto de ley que no está escrito en piedra. Este anteproyecto va a ir a una subcomisión que la dirige el diputado Juan Diego Vásquez, en la que están todos los diputados y que luego va a ir a la Presidencia de la República donde está la comisión Codificadora. Hablé con la ministra de Gobierno que tiene iniciativas de ley precisamente dirigidas a una segunda oportunidad. Un espacio necesario para que se les permita a los muchachos estudiar y prepararse en la cárcel con el fin de que tengan una oportunidad.
Lo que se pone en aclaración es que no necesariamente deben tener un trabajo en el Estado cuando cumplen la pena....
¿Tú científicamente sabes de dónde necesitamos un trabajo los que salimos una vez de la cárcel?
Dígame usted...
¿Tu tienes un lugar?
Se puede incentivar la empresa privada o enseñar un emprendimiento...
¿Científicamente tu tienes eso en tu cabeza?
El que debe demostrarlo es quien presenta el anteproyecto...
Aaa, ¿entonces? Cuando yo salí de la cárcel alguien me dio la oportunidad, salí preparado y alguien me dio la oportunidad. Porque el primer lugar que yo tuve para trabajar cuando salí de la cárcel fue en una Junta Comunal. Y ahí empezó todo. No hay un lugar específico. Si alguien sale preparado de carpintero por qué no puede ir al Ministerio de Educación a reparar sillas.
¿Por qué cambiar la ley?
Lo que pasa es que tú no sabes lo que es pararte temprano y tener tres hijos y no tener trabajo. Por eso es importante la resocialización. Si un representante de corregimiento te dice, tu sabes que tu delito fue uno menor, yo te voy a dar la oportunidad de que trabajes conmigo en la Junta Comunal de conductor, como lo hizo Héctor Carrasquilla conmigo, y aquí estoy.
Aquí no estamos estigmatizando a nadie...
¿Pero por qué no puede trabajar en el Estado si ya cumplió con la sociedad? Es una segunda oportunidad.
Como diputado que dice preocuparse por la justicia, ¿por qué no aprueba los recursos suficientes al sistema para contar con una justicia más eficiente?
Se ve que hace rato no pasas por la Asamblea. En estos días le pasamos $6 millones al Ministerio de Seguridad, precisamente para eso.
Hablo del Órgano Judicial...
Esta Asamblea y este diputado ha pedido públicamente que el presupuesto del Ministerio Público y el Órgano Judicial deben aprobarlo para poder combatir la delincuencia y lo hemos hecho. No le hemos negado un solo traslado a ambas instituciones, yo estando en la Comisión de Presupuesto. En la pandemia, el Ministerio Público, y el Ministerio de Desarrollo Social recibieron muchísimos recursos, tal vez no los necesarios.
No se trata de traslados, sino el que presentó la entidad a la Asamblea...
Nosotros no hacemos el presupuesto, eso se lo tienes que preguntar al presidente.
Pero ustedes lo aprueban o lo rechazan...
No puedes decir, pueden hacerlo, lo hemos hecho. En los dos presupuestos anteriores hemos recomendado el aumento del presupuesto del Ministerio Público y del Órgano Judicial, y a ambos se les ha dado.
El 97% de los privados de libertad en ese país, o estudian o trabajan dentro de las cárceles. Eso lo vamos a lograr en Panamá. No es posible que el 60% de los detenidos regresen a la cárcel. Esta cifra está al doble de otros países de la región.
¿Cuál será el procedimiento para discutir y aprobar el anteproyecto, y qué ha pensado sobre las víctimas que pueden sentirse ofendidas al eliminar la pena accesoria?
Lo primero es que este es un anteproyecto que irá a una subcomisión donde están todas las iniciativas que tienen que ver con Códigos y que lidera el diputado Juan Diego Vásquez, para que luego de la discusión en la subcomisión vaya a la comisión codificadora de la presidencia y que podamos ver todas estas propuestas que se han hecho en la Asamblea. Con respecto a los derechos de las víctimas, está establecido en el Código Penal hasta donde llega la víctima, y después de haber pagado las penas, si después hay que consultarle a la víctima si es posible hacer una audiencia para que le den una oportunidad de trabajo, lo escuchamos. Esto es para eso, para que discutamos en una mesa en el Colegio de Abogados y que no necesariamente dirija Raúl Pineda. Que lo vamos a dirigir todos, vamos a contribuir para que salga una herramienta para las personas que han cumplido su pena, que son primerizas, y que son delitos simples.
¿Por qué no trabaja en un proyecto que cree incentivos fiscales para las empresas que contraten a ex convictos?
También vamos a trabajar en proyectos como los que existen en Colombia. Te doy un ejemplo, en el medio de la pandemia el gobierno le dio reactivación económica a todas las empresas que consistía en que por cada persona que contratara la empresa el gobierno pagaba el 30%. Ya hay incentivos fiscales en Colombia para la contratación de exprivados de libertad. Nosotros vamos a viajar a Colombia y vamos a visitar la Fundación Segunda Oportunidad para ver lo que ellos están haciendo bien y que está funcionando. El 97% de los privados de libertad en ese país, o estudian o trabajan dentro de las cárceles. Eso lo vamos a lograr en Panamá. No es posible que el 60% de los detenidos regresen a la cárcel. Esta cifra está al doble de otros países de la región. El primer problema es por que no tienen oportunidad. Le aclaro que voy a Colombia con mis recursos y me voy a llevar un equipo de técnicos, psicólogos, psiquiatras, voy a invitar a Danilo Toro para traer una propuesta robusta de qué están haciendo en Colombia que nos puede funcionar aquí.
Somos el único país que tiene esa pena, y todos los países del mundo están trabajando en eliminar esa pena. Hay varias tesis en la Universidad de Panamá, además te invito a que escuches al doctor Silvio Guerra, y a los profesores sobre la pena accesoria.
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