Logística y conexión del país juegan a favor del crimen organizado

Panamá, entre los 20 países del mundo con el índice de criminalidad organizada más alta. Deficientes controles, investigación judicial, instituciones débiles y corrupción funcionan a favor del crimen

El documento califica mal a Panamá (8.0) en dos categorías: trata de personas y crímenes ambientales.

 

Panamá ocupa el sitio 17 en el índice que mide la delincuencia organizada en 193 países del mundo. Esto corresponde al 35 lugar en las Américas y el tercero de los ocho países de Centroamérica.

La tabla ubica al istmo por encima de Venezuela, dentro de una lista de 20 países en la que algunos han experimentado guerras civiles o intervenciones militares. El peor calificado es la República Democrática del Congo con 7.7 en una escala del 1 al 10 siendo ésta última la peor calificación. Colombia es el segundo con 7,6; Myanmar 7.59; México 7,56; Nigeria 7.15; Irán 7.10; Afganistán 7.08; Irak con 7.05; República Central de África 7,04; Honduras 6,08; Kenia 6,95; Turquía 6,89; Filipinas 6,84; Siria 6,84; Líbano 6,76; Paraguay 6,70; Panamá 6,68 y Venezuela 6,64 (ver tabla).

El documento califica mal a Panamá (8.0) en dos categorías: trata de personas y crímenes ambientales. Mientras que el promedio de actividad criminalidad lo evalúa en 6,35, es decir, en el renglón 15 de la tabla general en la que otorga un 5,5 en tráfico de personas; tráfico de armas 6,5; y tráfico de madera 6. No obstante, en materia de resiliencia ocupa el lugar 96 con puntuación de 4,83 y le siguen Tunesia  (4,83); Kazakstán (4,71) ; Vietnam (4,67), siendo los países de mayor resiliencia Finlandia (8,42); Liechtenstein  (8,42); Nueva Zelandia (8,38); Dinamarca (8,21); Islandia (8,04); Australia (7,96); Noruega (7,92); Reino Unido (7,88) y Estonia (7,83).

El informe publicado ayer por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional explica como Panamá, siendo un país con una plataforma logística y por su posición geográfica de conexiones y tránsito, el crimen organizado se aprovecha de esta plataforma y de la debilidad institucional incapaz de ejercer control ambiental, por ejemplo, o de investigar y prevenir la delincuencia que actúa de la mano de la corrupción. Lo anterior, a pesar de que se ha dicho anteriormente, refleja al país en el ámbito internacional comparado con otros países calificados bajo los mismos parámetros. A pesar de que Panamá  ha suscrito convenios con varios países en materia de cooperación internacional, especialmente en la lucha contra el blanqueo de capitales, el reporte se refiere al sistema bancario como “un “centro financiero para el lavado de dinero”, que emplean jefes de gobierno, líderes, deportistas, negocios para ocultar propiedades, activos y ganancias corporativas para evadir impuestos.

Las puntuaciones de los actores delictivos, que divide en siete categorías, se basan en evaluaciones de la estructura, el control y la influencia de los grupos que participan en actividades delictivas organizadas. Cuanto más alto es el puntaje de criminalidad de un país, más severas son sus condiciones de criminalidad.

TRATA DE PERSONAS

Panamá obtuvo el puntaje más alto de la región en la evaluación de trata de personas (8.0) donde se ha descrito como mercado tránsito y destino para víctimas incluyendo venezolanos y niños víctimas de violencia sexual y explotación forzosa de trabajo.

Es un país de destino para las víctimas de tráfico de personas incluyendo mujeres, migrantes y personas vulnerables de América Latina, que responde particularmente de Venezuela debido a la situación política de ese país, al igual que de Asia. La mayor parte de las víctimas son explotadas sexualmente forzadas a condiciones de trabajo abusivas en el sector de construcción, aunque el país ha mostrado avances en la lucha contra la explotación infantil.

Las organizaciones detrás del tráfico de personas trabajan en asocio con la fuerza pública, con policías acusados de extorsionar a víctimas de explotación sexual aprovechando el hecho de que la despenalización del trabajo sexual en Panamá ha desdibujado la línea entre actividades legales e ilegales y que las autoridades tienden a pasar por alto este tipo de abusos.

TRÁFICO DE ARMAS

El estatus de Panamá como puerto libre y su ubicación estratégica lo han convertido en el punto principal de entrada de armas de fuego ilícitas procedentes de Estados Unidos y Centroamérica en tránsito hacia Sudamérica, particularmente Colombia.

Se cree que la prohibición del país a la importación de armas, que estuvo en vigor entre 2011 a 2019, ayudó al desarrollo de un mercado negro controlado por funcionarios gubernamentales de alto rango del sector de seguridad. Aunque el mercado supuestamente es de un tamaño considerable, la mayoría de las armas solo transitan por Panamá para llegar a sus destinos. En particular, dicha prohibición no se renovó en 2020, lo que es muy probable que disminuya el costo de las armas a nivel local, la mayor disponibilidad puede generar un aumento potencial en la violencia local.

MEDIO AMBIENTE

La tala ilegal y el tráfico de madera en particular el cocobolo, de gran valor en Estados Unidos, Europa y China, son los principales delitos relacionados con la flora que se cometen en Panamá y posiblemente están en aumento, con una mayor intensidad alimentada por la corrupción, la ilegalidad y la concesión de áreas protegidas.

El tráfico ilícito de animales, tanto dentro del país como internacionalmente, también es una preocupación en Panamá. Especies como tortugas, monos, aves exóticas, ranas, reptiles, ciervos y jaguares se ven afectados por el mercado ilegal que va en aumento a pesar de los esfuerzos oficiales para concientizar a la población.

Panamá también es un punto de tránsito del oro ilegal proveniente de Colombia, ya que los financiadores de la minería ilegal tienden a establecerse en el país como resultado de sus laxas leyes tributarias. Existe una considerable demanda local en Panamá de artículos de lujo hechos de minerales, lo que contribuye con el mercado ilegal. Otros minerales como el mercurio extraído en México tienden a transportarse a través de puertos guatemaltecos a Panamá. El mercurio se introduce de contrabando en Colombia y Venezuela donde se utiliza para la extracción de oro.

CULTIVOS DE MARIGUANA

La ubicación estratégica de Panamá como conexión entre Norte y Sur lo ha convertido en un punto clave de tránsito y almacenamiento de drogas que viajan de Colombia a Estados Unidos. Aunado a esto, considerado como un paraíso fiscal, para los delincuentes resulta una base atractiva para sus operaciones logísticas y financieras.

El tráfico de cocaína que involucra a organizaciones transnacionales con la ayuda de grupos locales y actores integrados por el estado, lo convierte en el mercado criminal más grande de Panamá y representa un riesgo significativo para la seguridad del país. La mariguana es el segundo mercado de drogas más grande de Panamá y generalmente se trafica junto a la cocaína. La mariguana, no obstante, también se cultiva localmente en regiones remotas del país y es la principal actividad delictiva de algunas bandas locales. Estos grupos dedicados al cultivo local suplen la demanda local, pero en forma limitada. Los mercados nacionales de heroína y drogas sintéticas también son limitados.  No obstante, el reporte no descarta que, por la experiencia de tráfico de otras drogas, también lo sea en el tránsito de drogas sintéticas como el éxtasis, ketamina y nuevas sustancias psicoactivas.

PANDILLAS Y CRIMEN 

“Cientos de organizaciones criminales de estilo mafioso operan en Panamá siendo los dos grupos más prominentes las pandillas de Bagdad y CalorCalor”, se lee en el documento. Según los informes, estos dos grupos están formados por bandas juveniles pequeñas y tienen cientos de miembros. Se dedican principalmente a la logística en el movimiento de la droga, la custodia de cargamentos, sicariato, secuestros, control del territorio para el movimiento y venta de drogas.

Bagdad controla gran parte de las ventas de drogas, mientras que la segunda se enfoca en el transporte de drogas para organizaciones criminales más sofisticadas, particularmente para grupos de México y Colombia. No obstante, ambos grupos mantienen un fuerte control territorial particularmente en zonas estratégicas como Colón, sede de la segunda zona franca más grande del mundo y dentro del sistema penitenciario del país, desde donde operan sus líderes.

Panamá también tiene un problema grave de corrupción, aunque permanece bajo el radar como resultado de la aparente falta de voluntad de las autoridades para investigar y enjuiciar a los infractores. “Podría decirse que figuras políticas locales, así como miembros de las fuerzas de seguridad están involucrados en actos de corrupción y tráfico de drogas. En particular, oficiales portuarios (contratados por empresas privadas) están acusados de ayudar a los carteles de drogas a ocultar la mercancía en contenedores y barcos”, recoge la investigación.

Además, las redes criminales sueltas se especializan en lavado de dinero, uno de los principales mercados más importantes del país. En general, utilizan bajos niveles de violencia ya que en la mayoría sus actores son de cuello blanco. Varias figuras extranjeras están involucradas en los mercados ilícitos de Panamá, particularmente en el tráfico de drogas. Se identifican en este ramo a grupos mexicanos de los carteles de Sinaloa y los Zetas, así como grupos colombianos conocidos como las Bacrim han sido identificados en la operación. Los Urabeños tomaron el control de la frontera con Darién.

ANTICORRUPCIÓN

En materia de lucha anticorrupción, el informe resalta la debilidad institucional y la falta de mecanismos efectivos para enfrentar la corrupción y el lavado de dinero de manera más demostrativa.

Ejemplifica lo anterior con dos casos: el de Odebrecht y los Papeles de Panamá, agravados por la falta de instituciones independientes dedicadas a abordar estas actividades ilegales. No obstante, da un espaldarazo al país al considerarlo como “estable”. A nivel internacional Panamá ha ratificado una serie de convenios y tratados para contrarrestar el narcotráfico y el crimen organizado en general. Cuenta con acuerdos de cooperación con una variedad de estados socios, entre ellos Estados Unidos, un importante socio en la lucha contra el blanqueo de capitales. A pesar del alcance de la legislación contra el crimen organizado, en materia ambiental señala las penas muy bajas. En lo relacionado a regulaciones financieras destinadas a frenar el lavado de dinero y la evasión fiscal, internacionalmente se perciben como regulaciones laxas, al igual que en el establecimiento de empresas fachada.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

En materia judicial hay varios desafíos por delante cuando en investigar y enjuiciar delitos financieros complejos, en particular la falta de recursos y el hecho de que los casos nunca se toman como parte de patrones más amplios. El sistema penitenciario está en crisis, cárceles superpobladas que albergan a un gran número de personas en prisión preventiva gestionadas por funcionarios corruptos que no abordan la violencia derivada de los enfrentamientos entre bandas rivales.

Entre ellas, aunque no lo recoge el informe, pudo haber influido la matanza de diciembre de 2019 entre integrantes de una misma banda en el centro penitenciario La Joyita, en el que 13 reclusos perdieron la vida y otros 19 resultaron heridos. En el proceso hay 12 imputados, pero aún sin condenas.

El informe refiere a que las instituciones de seguridad, el Ministerio Público y la Policía Nacional, también se consideran ineficientes por la falta de recursos y corrupción. Insiste en la posición geográfica del país como uno de los puntos principales de tránsito de cargamentos de droga que viajan de sur a norte, almacén y punto de encuentro de delincuentes. Si bien el estado tiene buen alcance en todo el país, el control de la brecha del Darién, entre Panamá y Colombia ha sido especialmente desafiante.

Economía y centro financiero

El reporte califica a Panamá como un “centro financiero para el lavado de dinero”, que emplean jefes de gobierno, líderes, deportistas, negocios para ocultar propiedades, activos y ganancias corporativas para evadir impuestos. 

Los avances en la legislación son insuficientes para abordar esta actividad. Las leyes de secreto bancario continúan protegiendo a las sociedades anónimas, y los marcos de prevención, investigación e inteligencia financiera siguen siendo débiles. Muestra de ello es la reciente aprobación de la ley 129 de marzo de 2020 que obliga a conocer al beneficiario final de las sociedades anónimas, no obstante, dicho registro aún no existe y mucho menos opera.

Resalta que hacer negocios en Panamá se considera relativamente fácil ya que el sector de servicios domina la economía.

SOCIEDAD CIVIL

La protección de víctimas es ineficaz a pesar de haber invertido recursos a través de la Unidad de Protección a las Víctimas y Testigos. Actualmente el país centra su estrategia de seguridad en reducir la violencia entre los jóvenes en los barrios de las principales ciudades del país, aunque algunos indicadores de delincuencia han puesto en duda su eficacia. La libertad de prensa ha mejorado, aunque los casos de difamación contra periodistas, en particular los que cubren historias de corrupción y lavado de dinero, continúan.

Además, el acceso a la información sigue siendo algo restringido.

Panamá se sitúa en la lista de 57 países del mundo con alta criminalidad y baja resiliencia. El reporte explica que a mayor resiliencia más altos son los niveles de democracia de un país. Hay varias democracias occidentales que tienen altos niveles de criminalidad incluidos España, Italia, Francia, Estados Unidos, pero en particular Panamá que obtiene un índice de democracia alto de 7.1, también tiene una puntuación alta de criminalidad de 6.6.