María Fernanda Castro.
La magistrada de la Corte Suprema de Honduras, María Fernanda Castro, sabe que la percepción de la justicia obedece principalmente al manejo de los casos de alto perfil. Infundir credibilidad al usuario es un reto para toda Latinoamérica, a pesar de los avances en la digitalización y control de calidad
La justicia de América Latina está plagada de calificativos que le restan credibilidad, lenta, politizada, corrupta, que ha puesto en jaque el servicio público. Recientemente se celebró en Panamá la Cumbre Judicial de Iberoamérica que reunió a magistrados de la región mediante la cual se intercambian buenas prácticas de cada país. La magistrada María Fernanda Castro, de la Corte Suprema de Honduras conversó con El Polígrafo sobre los retos de la justicia en su país. Hay situaciones similares en cuanto al barómetro que mide la percepción de la justicia que socava las democracias. La poca credibilidad en el sistema resulta un desafío mayor para la justicia de los países Latinoamericanos, principalmente. En la vecina Honduras se impulsó la digitalización y control de los expedientes -en tiempo- en cada despacho para intentar ofrecer un mejor servicio al usuario. A esto se suman las amenazas de grupos criminales que han obligado al sistema a proporcionar ‘un alto nivel de protección’ a los jueces en cuestión. La magistrada fue electa por el Congreso de su país luego, dice, de un proceso minucioso en el que se tiene en cuenta si el aspirante contrajo deudas, antecedentes penales, y son sometidos a pruebas de polígrafo para intentar garantizar su integridad en el ejercicio.
En su percepción, ¿qué apreciación tiene el ciudadano común sobre la justicia hondureña?
Yo creo que Honduras, como el resto de los países de Latinoamérica en general, tiene la justicia como un valor sensitivo en las decisiones que tomamos como ciudadanos. Podría decir que no somos muy distintos en relación con la percepción de justicia también está moldeada por los acontecimientos de la actualidad sobre todo por aquellos que trascienden mediáticamente. De ahí que existen entidades de los poderes judiciales de la región y nos reunimos para analizar los desafíos a enfrentar, si son comunes y cómo se enfrentan en diferentes países. Tal vez eso no trasciende mediáticamente de ahí que la percepción de la ciudadanía es más que todo con casos relevantes y no necesariamente viendo los esfuerzos que desde la institución se realiza para dar un mejor servicio.
En mi caso se postularon 200 personas, eso significa que había 140 propuestas por estas entidades y 60 que se auto postularon, eligen a la mejor evaluada. A la hora de la hora esos 45 candidatos que manda la junta nominadora, los limita a los congresistas a elegir dentro de esos 45 y cuando llegan al congreso uno llega por méritos.
En Panamá los magistrados son ratificados por la Asamblea Nacional. En Honduras los elige el congreso, qué hacen cuando llegan casos de congresistas que deben investigar, porque en Panamá ha ocurrido una especie de contubernio entre ambas partes...
Lo que ocurre es que finalmente quienes nos eligen son ellos, pero nosotros pasamos por un proceso de selección realmente detallado. Hasta polígrafo nos hacen, para que te des cuenta de lo minucioso que es. Ocurre que cuando llega el día, por lo general un año antes de que la Corte sea electa, se nombra a una junta nominadora que está conformada por siete entidades que representan la comunidad de Honduras: el Colegio de Abogados; la CSJ; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; la empresa privada; los trabajadores y la sociedad civil organizada. Estas entidades tienen un titular y un suplente que tiene posibilidades de proponer una cierta cantidad de personas para el cargo, pero además lo abren a otras postulaciones.
Entonces empiezan a investigar el currículum, de ahí hacen entrevistas quienes pasan determinados estándares de experiencia y conocimiento, sigue a pruebas de confianza, polígrafo, pruebas psicológicas, es una tortura. Pero, además, piden información financiera del candidato, si debe o no, si tiene alguna diligencia en el Ministerio Público. En mi caso se postularon 200 personas, eso significa que había 140 propuestas por estas entidades y 60 que se auto postularon, eligen a la mejor evaluada. A la hora de la hora esos 45 candidatos que manda la junta nominadora, los limita a los congresistas a elegir dentro de esos 45 y cuando llegan al congreso uno llega por méritos.
Sí, pero eso no quita que cuando llegue un caso de un congresista a la Corte sea fácil tratarlo...
Pero el asunto es que yo fui juez toda mi vida, desde que me gradué del colegio pasé casi por todos los cargos, desde el más sencillo hasta el más alto, fui asistente de magistrados en muchas salas. Realmente es merecedor que esté ahí y actuamos con independencia. Yo recuerdo cuando tomamos posesión como jueces del tribunal de sentencia que era una reforma al proceso acusatorio en Honduras, dije en mi discurso que la labor jurisdiccional es tal vez la más ingrata de todas, lo repetiría ahora. Esto es así porque si alguien se interpone en el camino tienes que olvidarlo de inmediato, y si sientes que eso te afecta tienes que apartarte del conocimiento.
Dentro de Honduras hay una presencia del crimen organizado muy fuerte. ¿Cuándo llegan estos casos a la Corte, hay amenazas de estas organizaciones, cómo lo manejan?
Sí. Nosotros tenemos tribunales especializados en las ramas en donde más peligrosidad hay para los jueces y estos tienen alto nivel de protección. Hay jueces de crimen organizado, hay jueces de extinción, y esos jueces están sumamente protegidos.
Adelita conversando con María Fernanda.
¿Qué opinión le merece la sanción impuesta por Estados Unidos a sus colegas de El Salvador por supuestamente menoscabar la democracia de ese país?
Yo creo que como países debemos de alguna manera estar atentos en lo que ocurre en nuestros países vecinos, sin embargo, las decisiones que tomen otros países como jueces tenemos una limitación muy grande para hablar sobre ello. Si la decisión hubiese sido tomada por mi persona te estaría aclarando cuáles son los puntos que fundamentan la decisión, pero si es de otra entidad creo que no es correcto que me pronuncie al respecto.
Al hablar de casos específicos se señala a corrupción cometida por figuras de alto perfil y es ahí cuando inicia el cuestionamiento sobre el trato que difiere del ciudadano común, ¿esto sucede así en Honduras?
Tenemos una estructura bastante sólida sobre todo al tratamiento de altos funcionarios que tienen un procedimiento especial señalado por la ley. En las últimas décadas hemos enfrentado que la ciudadanía, si tiene algo que decir, es que ha habido muchas modificaciones de leyes que no competen al poder judicial por sí mismo, sino al congreso nacional y que tal vez esas reformas reflejan un cambio en las disposiciones legales anteriores que la ciudadanía puede o no estar de acuerdo.
¿En Honduras las personas de alto perfil reciben un tratamiento distinto al del ciudadano común?
En la legislación hay normas que indican que deben seguirse procedimientos diferentes. En el poder judicial nos enfocamos en la promesa que se rinde para ejercer una función jurisdiccional para cumplir con la constitución.
¿Cuántos funcionarios públicos, o exfuncionarios públicos de alto perfil de su país han sido juzgados o condenados por corrupción en el último?
En el último año por la pandemia es difícil, pero en los últimos cinco años hay muchos funcionarios que han sido judicializadas sus causas. Recordemos que en el poder judicial de Honduras el Ministerio Público es una entidad autónoma y de ello depende que inicien o no la acción. Una vez iniciados se sigue el procedimiento el procedimiento tal y como dice la ley.
Fue nombrada en el cargo en 2016 con mayoría calificada, siendo la primera magistrada electa de la Corte en Honduras.
¿Esas judicializaciones culminaron en condenas?
Llevan sus procesos, algunos han sido juzgados otros en espera de resoluciones y ahí vamos. Eso es algo que vemos muy cercano en el tiempo.
¿Puede dar ejemplos de qué tipo de cargos han sido condenados?
Por mi función no es correcto que señale ninguno, pero sí hay diputados, personas a cargo de municipalidades, direcciones o instituciones públicas de alta trascendencia.
¿Cuál es el promedio que tarda un caso de alto perfil en la corte hondureña?
Honduras tiene divididas las funciones por Sala. En mi caso soy coordinadora de la Sala laboral Contencioso Administrativo y nosotros estamos prácticamente al día. Resolvemos casos que iniciaron el mismo año en la sala. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo que ve es materia de casación, somos el último recurso disponible. Además, estoy a cargo de la Unidad de Gestión de Calidad de la que me gustaría hablarle porque hace una gran diferencia en cuanto a la percepción de la ciudadanía y el usuario del poder judicial en cuanto al tratamiento que estamos obligados a dar.
En esa Unidad de Gestión de Calidad, la sala en la que estoy a cargo, está rehabilitada en cuestión de calidad por tres ocasiones y trabajamos en base a objetivos, pero también tenemos sistematizado el ingreso y trabajamos esos objetivos que se ven reflejados en los indicadores de la sala. Tomamos en cuenta al usuario para que brinde sugerencias del trabajo que realizamos. Eso es parte de lo que se desarrolla en la Cumbre Judicial Iberoamericana.
La transparencia es un ingrediente importante en la justicia, no sólo en cuanto a los fallos, sino en la celeridad que se les da a los casos. En Panamá carecemos de un sistema digital en tiempo real para poder ver el curso de un caso. ¿En Honduras cómo funciona el proceso de digitalización?
Realmente en este periodo de esta CSJ hemos avanzado mucho. Tenemos una Unidad de Gestión de Calidad que acredita a los despachos judiciales y algunas dependencias administrativas o en proceso de acreditación.
Esto significa que toda la información se sistematiza, van a un juzgado o una sala que está inserta en la gestión de calidad y la información la proveen de inmediato. Pueden decir cuándo entró un expediente en mi oficina, cuánto tiempo tiene el magistrado para leerlo y cuándo saldrá de mi oficina, por ejemplo. Te puede decir también en qué sesión de sala se fallará en el caso, porque hay términos que están establecidos en la ley, pero hay términos dentro de los despachos que no están establecidos en la ley. Nosotros sí los tenemos identificados y vamos reduciéndolos. La ciudadanía hace esto muy seguidamente. Nos han enviado notas al pleno para responder cuántos expedientes entraron en tal año, cuántas sentencias se dieron y cuántas nos faltan por dictar. Esa información la podemos hacer de manera automática porque tenemos sistematizado todo y los indicadores nos arrojan un porcentaje de cumplimiento de lo que hemos hecho. Dentro de los despachos hay jerarquías, pero a final de cuentas tenemos al usuario que tiene sus necesidades y tratamos de solventarlas. Sabemos que es un trabajo en desarrollo, hay mucho por hacer, pero es programático.
¿Esa información que usted menciona la puede ver cualquier persona en la web o solo el que la pide?
Realmente la deben solicitar porque no tenemos un sistema en el que se pueda ver hasta que pase determinado periodo porque al final de año sí tenemos una unidad de estadísticas y centro de información que lo digitaliza periódicamente.
La cumbre se realiza cada dos años en la que renovamos a los miembros de las comisiones permanentes y todos los poderes judiciales estamos con la mejor disposición de aportar con nuestras buenas prácticas las experiencias que tenemos en nuestros países e intercambiar experiencias para mejorar.
¿Cómo se realizan las auditorías tanto a jueces o magistrados de segunda instancia o de la CSJ?
Te diré que hay varios sistemas. Si están insertos en el procedimiento de gestión de calidad, nosotros tenemos al menos tres procedimientos de auditoría. El primero es una revisión interna en el que vemos cuáles han sido los objetivos que nos planteamos periódicamente dentro de la sala a cumplir, por lo general debemos cumplir con el plan estratégico, pero también a eliminar el rezago. Somos conscientes que todos los sistemas tenemos rezago y dar una respuesta en períodos más breves. En eso hay que pensar que vamos a ser usuarios del sistema algún día. Eso, por un lado, vemos qué hacer para que las cosas que no hemos alcanzado los podamos hacer. Luego hay una fase de revisión externa que nos la realiza otro despacho que también está inserto en el sistema de gestión de calidad. Esas personas evalúan nuestro trabajo, cómo hemos cumplido los objetivos, qué hemos hecho, qué dicen los indicadores con respecto a ello porque todo tiene que estar documentado. Entonces ellos nos dan un porcentaje de cumplimiento.
Por lo general siempre tenemos que mejorar en algo y empezamos a trabajar en los detonantes. Y luego, nosotros tenemos una alianza con el poder judicial de Costa Rica y ellos son nuestros finales auditores externos. Ellos nos indican al final del día el aval de acreditación o reacreditación del despacho.
¿Cuál es el aporte más importante para la justicia de nuestros países después del encuentro al que asistió en Panamá?
La cumbre se realiza cada dos años en la que renovamos a los miembros de las comisiones permanentes y todos los poderes judiciales estamos con la mejor disposición de aportar con nuestras buenas prácticas las experiencias que tenemos en nuestros países e intercambiar experiencias para mejorar.
En cuanto a la transparencia, ¿cuál es el mejor?
Creo que desde ya lo hemos incluido desde hace muchos años, uno de los grandes aportes ha sido el tener una estructura en materia de calidad para la justicia. Hemos trabajado mucho en ello. Una de las conclusiones a las que llegamos era sugerir a la Cumbre Judicial que haga un observatorio de calidad para la justicia porque en ella se concentran las buenas prácticas y podemos acudir cuando hay algo que no encontramos la manera de sacarlo adelante.
JUSTICIA Y CREDIBILIDAD
Fue nombrada en el cargo en 2016 con mayoría calificada, siendo la primera magistrada electa de la Corte en Honduras
- Nombre completo: María Fernanda Castro Mendoza
- Nacimiento: Tiene 47 años, nacida en Tegucigalpa, Honduras
- Ocupación: abogada, magistrada de la CSJ
- Resumen de su carrera: Doctora en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos. Maestría en Derecho Procesal Penal. Diplomada en Derechos Humanos y Estado de Derecho. Cuenta con 23 años de carrera judicial sin haber sido objeto de sanción disciplinaria alguna. Ha sido jueza del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa. Defensora Pública. Secretaria, escribiente y archivadora en varios juzgados de su país.
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