Martinelli absuelto por caso pinchazos, por segunda vez

Un fallo absolutorio liberó al expresidente Ricardo Martinelli, por segunda vez, de los delitos de persecución y escuchas telefónicas sin una orden judicial. Las juezas Iveth Francois Vega (Presidenta), Jennifer Christine Saavedra Naranjo (Relatora) y Marysol Osorio Leyton (Tercera Juez), consideraron que la Fiscalía no logró probar la autoría o responsabilidad directa del expresidente en los delitos que se le imputaron, que de haber sido declarado culpable podría haber recibido una pena máxima de 8 años de prisión.

La decisión pone punto final al conocido caso de ‘pinchazos telefónicos’ que, en julio de 2019, un primer tribunal arribó a la conclusión de que Martinelli no era culpable de los mismos delitos.  No obstante, la fiscalía solicitó una revisión del fallo y se ordenó un segundo juicio que ha concluido con la absolución del expresidente Martinelli quien ahora tiene la vía libre para participar en las elecciones presidenciales de 2024.

Después de 66 días de juicio, las juezas arribaron a esta decisión luego de analizar que la Fiscalía no logró probar la autoría del exmandatario en los delitos y carecía del caudal probatorio. Analizó también el rol de un exfuncionario del Consejo de Seguridad, testigo protegido y estrella de la Fiscalía, Ismael Pittí, quien según el veredicto omitió información, como que era el operador el equipo de escuchas telefónicas Pegasus adquirido del gobierno israelí, además que era quien editaba las conversaciones y transcribía las comunicaciones en papel, supuestamente para entregarlas a Martinelli entre 2010 y 2012.

Una vez se conoció el fallo, Martinelli se desplazó al canal de televisión de su propiedad donde manifestó que, por segunda vez, por unanimidad ha sido declarado  inocente por dos tribunales distintos, integrados cada uno por tres jueces.

En este juicio se presentaron 137 pruebas, entre testimoniales, periciales, documentales y materiales, aducidas tanto por el Ministerio Público, los Abogados Querellantes, como por la Defensa Técnica Particular.

De acuerdo con el abogado de la defensa, Alfredo Vallarino, las juezas concluyeron que el caso se “armó desde el Consejo de Seguridad” y que lo importante del proceso es demostrar al país como 7 u 8 fiscales que se gastaron $60 mil al mes, “sabían que las evidencias habían sido creadas por el exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López”. “Eso es ir en contra del principio de objetividad de los fiscales". "Dios actúa de extrañas maneras, pero ha permitido que Martinelli haya vivido lo que miles de panameños con un Ministerio Público irresponsable”, añadió.

"(Juan Carlos) Varela (expresidente 2014-2019) me trató de matar tres veces", exclamó el exgobernante en televisión. "Procurador Caraballo, esos fiscales no pueden seguir en el Ministerio Público, son una desgracia a su función", manifestó Martinelli. 

En este juicio se presentaron 137 pruebas, entre testimoniales, periciales, documentales y materiales, aducidas tanto por el Ministerio Público, los Abogados Querellantes, como por la Defensa Técnica Particular.

Con ello la justicia puso fin a uno de los procesos judiciales más emblemáticos del país que inició con la petición de extradición de Martinelli de Estados Unidos a Panamá a través de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2017. Para esa fecha, el expresidente gozaba de la condición de diputado del Parlamento Centroamericano, por lo que el proceso debía efectuarse por la Corte. Posteriormente, en junio de 2018, al ser extraditado a Panamá y después de permanecer un año en la prisión del Distrito de Miami, Florida, Estados Unidos, Martinelli renunció al cargo de diputado en el Parlamento y el caso pasó a la justicia ordinaria donde se desarrolló el juicio a fondo, no sin antes avalar la etapa intermedia que había realizado la Corte. 

La decisión ocurre a pocos días en que el hijo del exgobernante, Luis Enrique Martinelli, sea extraditado a Estados Unidos (15 de noviembre) para responder ante la justicia del distrito de Nueva York por cuatro cargos penales entre ellos conspiración y blanqueo de capitales por haber empleado el sistema financiero de ese país para mover $19 millones producto de coimas de la empresa Odebrecht.