El gremio de abogados afila la artillería legal para intentar detener o excluir a la profesión de someterse a la factura electrónica que impulsó la Dirección General de Ingresos (DGI).
En un comunicado suscrito por la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá y el Colegio Nacional de Abogados (CNA), miembro de esta, alegan que la ley 256 del 26 de noviembre pasado es un “grave atentado contra el ejercicio de la libre profesión” y que viola el artículo 40 de la Constitución Política.
En corto, piden al gobierno que detenga las medidas y deroguen, o excluyan de la ley lo concerniente a su profesión.
Hace un par de semanas, cuando recibieron al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en una visita de cortesía en el Colegio, se respiraba cordialidad y cooperación, nada similar a lo planteado en el escrito que tacha la medida violatoria de la confidencialidad con los clientes. Dicen que la factura electrónica invade la confidencialidad con su cliente al tener que reportar en tiempo real las horas contratadas a través de un programa de la DGI.
Además, en las sanciones se advierte que puede llegar al cierre del negocio, lo que contradice la naturaleza de la profesión, pues al ser idoneidades la DGI no puede limitar el ejercicio.
Desde la DGI, el director, Publio De Gracia dijo estar abierto a limar diferencias y conciliar posiciones. Pero también añadió a La Estrella de Panamá que parece existir cierta confusión ya que desde la década de los 70s se establece la obligación de documentar y facturar. El cambio es que en vez de usar libretas, deben hacerlo con la factura electrónica gratuita a través de proveedores.
Precisamente en este último punto los abogados dicen que “hay un negociado abierto” que beneficia a cuatro empresas únicas autorizadas para brindar el servicio, “lo que genera sospechas”.
En el comunicado, los letrados tildan a la norma de inconstitucional, inconsulta, selectiva, inconveniente y a espaldas de las profesiones que se debaten en estos momentos en una crisis agudizada por la pandemia en la que muchos han tenido que cerrar las oficinas y dedicarse a otras cosas para sobrevivir y como colofón, son amenazadas con el cierre de sus oficinas, lo cual tachan de inconstitucional.
Se trata de una política errónea, dicen, “que seguramente obedece a medidas desesperadas en contra los panameños que trabajan para sobrevivir”, acusan. Como si fuera personal: “quieren someter a una clase profesional hoy empobrecida, imponer tributos en forma injusta”, cuando deben ser más estrictos en el cobro de impuestos.
Panamá es uno de los países con menor recaudación fiscal en el mundo, solo recoge el 9%. Lo que evidencia una gran evasión fiscal y la limitada capacidad de la dirección encargada de la cobranza. Esta situación lo ha puesto bajo la lupa a nivel internacional, pues recién en 2019 se penaliza la defraudación fiscal por una suma superior o igual a los $300 mil. De Gracia ya presentó dos querellas y anunció una tercera. Esto, tal vez en respuesta a las acciones que esperan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o el Grupo de Acción Financiera para demostrar que en Panamá sí pasa algo cuando alguien engaña al fisco, lo que puede ayudar a salir de las listas grises.
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