Caraballo, un constante del Ministerio Público al filo de un plumazo

Con 23 años de carrera en la institución fue nombrado procurador interino. Su gestión se ha visto marcada por lo que ha hecho toda su vida: la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, aunque quedan en el tintero las investigaciones contra la corrupción en las que hay que torear presiones políticas que tienden a diluir los casos 

Javier Caraballo.

El 1 de marzo pasado (2021) el segundo al mando de la Procuraduría General de la Nación, Javier Caraballo, tomó las riendas como procurador interino de una institución debilitada en todo sentido: estructura, marco normativo, funcionamiento y presupuesto. Lo hizo consciente, porque lo experimentó como fiscal, de que las limitaciones en recurso humano y dinero tal vez no le darían el ancho para responder a las necesidades que reclama el trabajo y la ciudadanía. No obstante, su pragmatismo le ha servido para mantener los pies en la tierra y torear las críticas de litigantes y ciudadanos desconfiados del sistema. Procura desvincularse -al menos públicamente- de las presiones políticas.

Caraballo es un hombre resiliente. Se ha hecho un hueco en la institución a la que ha servido por más de 23 años, fundamentalmente enfocado en lucha contra las drogas, blanqueo de capitales, terrorismo y delincuencia organizada, temas que han impregnado sudesempeño como titular. Su conocimiento en esa área le ha dado ejecutorias acertadas, aunque el Ministerio Público se ha quedado atrasado en otros tópicos.

El 2021 fue uno trascendental e inédito en el decomiso de drogas y desarticulación al crimen organizado. Más de 126 toneladas fueron decomisadas superando todos los años anteriores, como en 2020 cuando totalizaron 84 toneladas. La Fiscalía de Drogas metió el pie en el acelerador en materia de combate al crimen organizado. Gracias a una labor de inteligencia y apoyo de agencias internacionales de Colombia y Estados Unidos, asestó golpes certeros contra organizaciones criminales dedicadas al acopio y transporte de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Se decomisaron $10 millones en efectivo - sentando un nuevo récord durante la operación Fisher - a una organización de la costa atlántica integrada por 57 personas con supuestos nexos al Clan del Golfo de Colombia.

Pero aún nada de eso le ha servido para que el Ejecutivo le nombre en propiedad, lo que lo mantiene en el cargo prácticamente al filo de un plumazo. Los entendidos en la materia lo interpretan como una falta de compromiso con la independencia judicial. “Ningún actor de esta naturaleza puede actuar como un interino, es una forma en que la institucionalidad respalda las decisiones de impacto. No por él, sino por el estado de derecho, una tarea pendiente que depende directamente del Ejecutivo”, enfatizó Juan Carlos Araúz, presidente de los abogados en Panamá.

Al Ministerio Público le es casi imposible poner a funcionar a todo vapor todas las fiscalías porque no cuenta con los recursos. Lo que ha sido la tónica es fortalecer las áreas de acuerdo con las tormentas que atraviesan y al propio entendimiento del Procurador sobre lo que representa combatir el delito.

Caraballo muestra capacidad en tomar decisiones prontas o lidiar con temas complejos gracias a su experiencia. Esto se hizo evidente cuando, a raíz de una denuncia por supuesto abuso de poder y presiones a testigos protegidos, a finales de noviembre pasado envió de vacaciones a cuatro fiscales anticorrupción y se puso al mando de la investigación de la que aún no ha rendido mayores informes.  Como tampoco se sabe nada del robo de dinero en efectivo descartable ocurrido a principios de octubre en la zona de carga del aeropuerto Tocumen. No hay detenidos, menos aún se ha recuperado el millonario botín. La investigación parece olvidada, opacada ante el despliegue de las narco casas decomisadas durante la operación Fisher.

En materia de lucha contra la corrupción todo parece recargarse en un tema de voluntad política e independencia. La pequeñez del país ocasiona que de forma directa o indirecta los actores del poder tengan vínculos con los procesados que obstaculizan el avance de los casos. Siempre hay alguien que hace alguna llamada o solicita algo que minimiza el proceso y deja un sabor a impunidad, una sensación de que existen dos tipos de justicia: para pobres y ricos.  

Al Ministerio Público le es casi imposible poner a funcionar a todo vapor todas las fiscalías porque no cuenta con los recursos. Lo que ha sido la tónica es fortalecer las áreas de acuerdo con las tormentas que atraviesan y al propio entendimiento del Procurador sobre lo que representa combatir el delito.

Da la impresión de que la formación de los fiscales en casos complejos o de alto perfil no logra cumplir las expectativas de una investigación ágil. Se tiende a pensar que la fortaleza de un caso está, entre otras, en la cantidad de tomos que lo respaldan. Mediáticamente impresiona, pero a la hora de exponer los delitos ante los tribunales el cúmulo de información aportada parece transformarse en un laberinto al intentar explicar complicados esquemas a los jueces, especialmente los de blanqueo de capitales. Por su densidad, este tipo de procesos toman años de investigación y otros más en los tribunales diluyendo la certeza del castigo.

La cantidad de tomos y procedimientos, a su vez, son motivo para la defensa que  busca el mínimo error procesal para solicitar anulaciones parciales o completas, y en ocasiones lo encuentran.

En otros países este tipo de pesquisas están blindadas  con un respaldo económico institucional, especialistas que disponen de data digitalizada que permite el cruce de información inmediata, tecnología y personal que garantiza un buen desenvolvimiento. Una realidad muy distinta a la nuestra, donde escasean las bases de datos y ni siquiera logramos suplir a totalidad el presupuesto para un adecuado funcionamiento del Ministerio Público o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que entorpece el desempeño de los fiscales en casos complicados.

En 2017, la entonces procuradora Kenia Porcell trasladó a Caraballo a la investigación judicial en Colón y Kuna Yala como fiscal Superior Regional. Una de las plazas más complicadas de la estructura.  Una de las puertas de entrada de la droga procedente de Colombia que se suma a la conveniencia de las rutas marítimas contenerizadas para el transporte de droga a Europa. Actividad que genera jugosos réditos a pandillas y organizaciones criminales. Caraballo salió ileso.

En 2019 acompañó como suplente a Eduardo Ulloa, nombrado por el Ejecutivo en reemplazo de Kenia Porcell quien renunció al cargo luego de los cuestionados manejos en el acuerdo de colaboración suscrito entre la Procuraduría y directivos de la empresa Odebrecht.

Ulloa, heredó una serie de investigaciones de alto perfil en materia de corrupción y blanqueo de capitales, con cientos, y en casos puntuales miles de tomos, de investigación, que aún esperan audiencia preliminar y juicios. La lucha contra la corrupción, sin distinción, es una deuda pendiente.

En materia de violencia doméstica y abusos sexuales, casos que ocupan el 30% de las denuncias en las fiscalías de Atención Primaria, parece rebasar la capacidad de los despachos. El vertiginoso aumento de casos no camina al mismo ritmo de las fiscalías carentes de personal para atender miles de denuncias que arriban a los despachos, lo que deja una percepción de inacción en un tema sensitivo.

Las respuestas al exterior sobre las asistencias judiciales siguen siendo extemporáneas. Hay quejas de los homólogos en otros países que la información solicitada termina siendo inútil. La cadena, entre la solicitud al Ministerio Público - Cancillería se atora en un trámite burocrático que podría superarse con la apertura de una base de datos de consulta recíproca.

La dirección de la institución se ha caracterizado en los últimos 15 años por la inestabilidad. En este lapso (2004-2021) siete personas se han sentado en el despacho superior incluyéndolo a él. La constante rotación de procuradores ha socavado la credibilidad de la entidad haciéndola ver, en ocasiones, como un músculo del Ejecutivo empleado para perseguir a contrarios políticos o salvar de investigaciones comprometedoras a personas cercanas al poder.

Ulloa tuvo un paso efímero por la Procuraduría (julio 2019 - febrero 2021) y renunció en medio de un escándalo relacionado a violencia y abusos sexuales en albergues. Ocho casos relacionados a niños institucionalizados que, a pesar de que se encontraban bajo investigación en las fiscalías correspondientes, el jefe de los fiscales no logró apaciguar el clamor general de la ciudadanía que cuestionaba una aparente falta de acción de la entidad.

Da la impresión de que su ánimo se vio rebasado por la crítica popular que exigía una respuesta más enérgica ante las exigencias ciudadanas.

Ulloa no lo soportó y salió sin expresar una razón clara, lo que generó todo tipo de especulaciones. Publicó en sus redes sociales una carta de renuncia en la que alegaba razones personales y se quejaba de “una sociedad en permanente confrontación en la que la crítica interesada y el juzgamiento mediático deja atrás el análisis sereno y objetivo, lo que hace del servicio público una labor ingrata e incomprendida”. Da la impresión de que su carácter y las herramientas con las que contaba para hacer frente a la ácida opinión entraron en crisis y optó por la medida más radical, se acercó al presidente Laurentino Cortizo para agradecer su nombramiento para el cual había superado todo tipo de pruebas paramétricas y psicológicas.

Caraballo imprimió acción a las investigaciones albergues: ordenó diligencias de inspección ocular a casi todos los centros del país, y logró aprehensiones con medidas cautelares en 18 pesquisas en perjuicio de 20 víctimas por diversos delitos. Puso el tema en el debate judicial, no obstante, las pesquisas no han culminado.