Luego de una semana de audiencias, la juez de Garantías otorgó las medidas más severas para 51 miembros de una supuesta organización delictiva, dos reportes periódicos y tres retenciones domiciliarias, los defensores apelaron
La Juez de Garantías, Teodolinda Cardoce, luego de una semana intensa de audiencias con solicitudes múltiples solicitadas por la fiscalía Especializada de Drogas, decretó medida de detención provisional a 51 miembros de la presunta organización criminal relacionada al tráfico de droga, armas y blanqueo de capitales en Panamá con nexos al Clan del Golfo de Colombia. En dos casos otorgó medidas cautelares de reporte periódico ante el Ministerio Público y tres medidas cautelares de retención domiciliaria.
Previamente uno de los integrantes efectuó un acuerdo de pena mediante el cual recibió 68 meses de prisión.
También solicitó la suspensión del cargo de los cinco miembros de la Policía Nacional por colaborar de alguna forma con la organización, hecho que riñe totalmente con el cargo que juraron cumplir. En unos casos, a los funcionarios se les señaló de haber sostenido reuniones con miembros fuertemente vinculados a la organización, a otros por haber planificado un supuesto tumbe de dinero y conseguir a dos supuestas unidades que realizarían un falso allanamiento.
La juez también pidió la suspensión del cargo para un funcionario que labora en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) quien presuntamente aparece relacionado a un evento en el que se decomisaron tres paquetes de droga y quien supuestamente mantiene relación directa con otros miembros del grupo criminal.
En el caso de las medidas de retención domiciliaria otorgó esta condición a supuestos testaferros de la organización, principalmente damas, entre las que figura la madre de un bebé de cinco meses, y que sus defensores lograron llenar los requisitos de arraigo domiciliario y localización sin que represente un riesgo de fuga.
En lo referente a los reportes periódicos de firma en el Ministerio Público, benefició a una supuesta testaferro con firma dos veces al mes, quien aparece como directiva de dos sociedades anónimas, que a través de una las cuales se adquirió un departamento en el edificio Astorias de goce del supuesto jefe del grupo, Jorge Luis General. No obstante, en este caso en particular, Cardoce consideró que las medidas adoptadas lograron mitigar el riesgo de desatención al proceso.
Otro servidor de la ACP, deberá firmar tres veces por semana. Su caso fue individualizado y su actuación no se encuentra relacionada con su trabajo, en este asunto la juez no sugirió la suspensión del cargo.
Todos los integrantes (57) de la presunta red criminal han sido imputados por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir agravada en calidad de autores y de ellos, a 22 se les sumó blanqueo de capitales por no poder justificar los bienes que poseían, que tenían a su nombre, o que no cuadraba con sus ingresos.
En general, a quienes se les decretó medida de detención provisional en un centro carcelario, como a Jorge Luis General, a quien la fiscalía califica como cabecilla, su pareja sentimental, su padrastro, la mamá y otros parientes, así como a los operativos del grupo, justificó la decisión por los fuertes vínculos a la investigación y el peligro de fuga o la dificultad de control de las medidas de depósito domiciliario al establecer que sus residencias estaban cerca de la costa colonense y/o de la ruta del tráfico de drogas.
La juez sustentó su decisión basada en los hechos de vinculación de cada imputado con la presunta organización criminal en calidad de autores, la gravedad de los mismos y la pena de prisión superior a 4 años.
Para lograr la aprehensión de los indiciados, la Fiscalía efectuó un trabajo de inteligencia riguroso de seguimiento y vigilancia que luego fue plasmado en reportes. Escuchó sus conversaciones de sus integrantes sin levantar sospechas, lo que ayudó a lograr previos decomisos de droga, dinero y armas. Conoció sobre reuniones en las que planificaron la compra de bienes, autos de alta gama al contado, y también las reparaciones que se realizarían al caleto ubicado en La Providencia, al que vinculan al presunto líder de la organización y a su padrastro. En dicho caleto hallaron casi $10 millones en efectivo que la fiscalía tardó más de 12 horas contínuas en contar con la ayuda de máquinas industriales y personal proporcionado por un banco de la localidad.
Toda esta información fue transcrita en informes a los que se sumaron otros financieros que lograron articular los movimientos de droga, armas y dinero en efectivo del supuesto brazo operativo del Clan del Golfo de Colombia. Esto último, considerado un elemento de peligrosidad por la afectación que tiene directamente con la sociedad, fue sujeto de análisis a la hora de evaluar las imputaciones y medidas cautelares que solicitó la fiscalía, al igual que la peligrosidad del implicado y los riesgos procesales en desatención al proceso.
En todos los casos la juez valoró la información aportada por los defensores al momento de refutar la versión de la fiscalía. No obstante, factor determinante fue la información en relación al domicilio de los indiciados, que en algunos casos nunca se proporcionó o fue ambiguo, lo que refirió un inminente peligro de fuga.
Luego de la decisión que presenciaron 34 defensores, la mayoría anunció apelación. También solicitaron que a sus clientes, especialmente en el caso de los miembros de la Policía Nacional, se les trasladara al centro carcelario El Renacer por cuestiones de seguridad. Muchos abogados secundaron la petición, no obstante, no es la juez de Garantías quien decide el centro al cual serán trasladados, sino la Dirección del Sistema Penitenciario, aunque la juzgadora puede sugerir.
Aún queda pendiente una audiencia, programada para el 13 de diciembre, de medidas cautelares de bienes incautados como la residencia playera que la fiscalía valoró en más de un millón de dólares.
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