Caraballo sustenta su gestión "eficiente" en el MP

Javier Caraballo encontró un modelo de gestión caduco en el Ministerio Público, sin plata y con expedientes atrasados. A un año de haber tomado las riendas explica los logros alcanzados 

El trabajo de la Procuraduría General de la Nación es un 25% más eficiente en condenas, acuerdos de pena e imputaciones, que antes de la pandemia. Cuando Javier Caraballo, Procurador interino, asumió el mando en marzo de 2021 encontró un panorama muy complejo por resolver. Dos de sus antecesores habían dejado el cargo en una forma cuestionada. La credibilidad de la entidad estaba en tela de duda, en parte, porque las investigaciones de alto perfil que habían iniciado años atrás aún no contaban con vista fiscal y se percibía una inacción en investigaciones sensitivas, como la de los abusos a los niños internados en albergues, investigación que le dio la bienvenida.

Mucho de ello respondía a un modelo de gestión caduco que propiciaba el estancamiento de los expedientes por la falta de organización y subutilización del personal especializado. No había dinero para comprar tinta o pagar el alquiler de las oficinas y la sede del Ministerio Público, que se encontraba en remodelación por filtraciones, estaba en completo abandono.

Este fue el panorama que describió Caraballo, a un año de gestión al frente del despacho, durante un acto de rendición de cuentas celebrado este miércoles ante autoridades del país relacionadas al ámbito judicial e invitados especiales.

Había una presión sobre la falta de acción en casos de corrupción que involucran a expresidentes y altas figuras empresariales que requerían agilización y respuesta a la ciudadanía: el caso New Business iniciado en 2017 sin vista fiscal; el de Odebrecht que databa del 2015, con más de mil tomos no había llegado a los tribunales y no había presupuesto para contratar personal que hiciera las traducciones en diferentes idiomas.

Caraballo analizó el modelo de gestión de los diferentes despachos, y con la intención de agilizar las investigaciones impulsó un nuevo modelo de gestión basado en seis ejes estratégicos. Uno de ellos consistía en agilizar los casos estancados y próximos a prescribir. 

Otro, la especialización. Dijo que observó cómo las fiscalías de droga o criminalidad organizada daban resultados distintos al resto de las fiscalías, lo que le llevó a mudar este modelo a otras fiscalías.

En cuanto a la cuestionada  eficiencia reparó que había fiscales superiores ejerciendo labores de secretarías administrativas y otros que supervisaban entre 8 mil y 9 mil expedientes e inició los ajustes al respecto. Un eje más se refería a la medición de resultados. Había expedientes que pasaban por las manos de 15 fiscales diferentes, ninguno se sentía dueño, por lo tanto a la hora de pedir cuentas no había responsables.

“Pasamos de un modelo de gestión más diverso que inicia en Atención Primaria, a una unidad de actos urgentes que practica la diligencia y pasamos de una unidad de investigación donde llegaban todos los casos desde armas, hurto, a 10 secciones especializadas en la que cada fiscal tramita de manera independiente.

Incrementó de 3 fiscales superiores a 10 con el propósito de lograr una mayor supervisión de su trabajo.

Solicitó una partida extraordinaria de $6 millones al Ministerio de Economía y Finanzas que le permitió solventar los asuntos pendientes.  

“Caraballo demuestra un empoderamiento del cargo y dominio de la institución en las expectativas de cómo asume el despacho. Salió con un balance positivo a pesar de que el Ministerio Público vive rodeado de cuestionamientos y carencias presupuestales que reflejan necesidad en recurso humano y presupuesto”, evaluó Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados.

Lo que queda pendiente para el jurista es el nombramiento en propiedad del procurador, entendiendo que las instituciones necesitan estabilidad y los funcionarios que ocupan el cargo deben tener esa titularidad.

El procurador interino contrastó el primer año al mando con el periodo antes de la pandemia (agosto 2019 y marzo 2020). En esa relación indicó que ingresó un 1% más de carpetas a la institución que se traducen en 90,558 carpetas y la salida de 96,801. En imputaciones se pasó de 16,466 a 21,221, un 29% más. En lo relativo a acusaciones de 3,717 subieron a 4,301, un 16% más. Las sentencias crecieron  un 18% más, los acuerdos de pena un 32% más en comparación y las sentencias condenatorias se elevaron en un 20%.