En mayo próximo el gobierno de Joe Biden dejará sin efecto una herramienta implementada durante la pandemia que le permitía expulsiones masivas en la frontera, situación que podría incentivar nuevos flujos migratorios hacia ese país
Latinoamérica enfrenta uno de los retos más complicados para controlar la migración irregular en forma segura y humanitaria con destino a Estados Unidos. La clave es la sostenibilidad de los puntos alcanzados, unir esfuerzos, intercambiar información, aplicar la tecnología, rutas seguras y humanas para quienes deciden abandonar sus hogares con la ilusión de alcanzar el sueño americano.
La Reunión Ministerial de Migración que culminó este miércoles 20 de abril en ciudad de Panamá, contó con la asistencia de 31 delegados, entre ellos dos secretarios estadounidenses, el de Estado y de Seguridad, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente. La cita tenía como propósito repartir responsabilidades y coordinar esfuerzos para controlar el flujo de personas que arriban al norte. Un fenómeno multifactorial que involucra seguridad y coordinación intergubernamental.
Durante la conferencia de prensa que cerró el evento, Blinken recordó que a partir del 23 de mayo quedará derogado el Título 42, una medida implantada durante la pandemia por el gobierno de Donald Trump que permite expulsiones masivas entre la frontera de Estados Unidos y México. Para algunas autoridades de seguridad consultadas, dejar sin efecto esta medida podría aumentar nuevamente los flujos hacia Estados Unidos.
En la peor crisis de 2021 arribaban a la frontera panameña más de 1,500 migrantes por día, fue cuando la canciller Erika Mouynes llamó a Estados Unidos para pedir ayuda y encender las alarmas. En este momento no llegan a mil quienes esperan a ser trasladados de Bajo Chiquito, el primer pueblo panameño de la frontera, a Costa Rica.
La derogación del Título 42, se traduce en que cada país debe invertir más recursos para atender el problema. Panamá ha destinado $45 millones entre seguridad, alimentación, transporte, personal de seguridad y judicial y construcción de campamentos para los migrantes que el año pasado se contaron 134 mil, cifra récord.
DEL PAPEL A LA ACCIÓN
Todos los países mostraron muy buena voluntad durante el encuentro, el verdadero desafío de los gobiernos será llevar del papel a la práctica lo conversado. Si bien, el cónclave fue una antesala a la Cumbre de las Américas a celebrarse en Estados Unidos el próximo junio, el eco de los participantes resonó en la unión de esfuerzos para enfrentar el problema, “no es un asunto unilateral”, enfatizó Blinken durante su intervención en la mesa de trabajo de Cancilleres.
Para lograr un control más efectivo, como lo mencionó el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, es necesario intercambiar información, hacer registros biométricos para identificar criminales, tener un registro de quién entra y quién sale bajo el método de trazabilidad. Hasta el momento, el único país que realiza reconocimiento facial a quienes cruzan por la frontera, es Panamá, lo que aumenta la probabilidad de que en otros territorios del camino se entremezclen terroristas o personas que ponen en riesgo la seguridad de la región y de Estados Unidos.
Tan solo en 2021, el registro biométrico permitió que Panamá pusiera a órdenes de la Interpol a 56 personas buscadas por la ley o con nexos terroristas.
CRIMEN ORGANIZADO Y RUTAS
En la mesa de seguridad también se discutió sobre la necesidad de crear estrategias para combatir el crimen organizado internacional que se dedica al tráfico ilegal de personas. Un tema recurrente en la frontera colombo-panameña. Una de las líneas más porosas y peligrosas divididas por 200 kilómetros de densa selva que hacen de este trayecto uno infernal. Situación que aprovechan los grupos criminales organizados de Colombia para pasar a los irregulares. Cada cartel marca su propia ruta (Atlántico o Pacífico) para traficar a los migrantes quienes ponen en riesgo su vida, mujeres y niñas han sido violadas, según se escuchan los relatos de quienes arriban a Bajo Chiquito, Darién. De ahí la necesidad de hacer una más segura en todas las fronteras.
ATACAR LAS RAZONES
El otro frente que intenta implementar Estados Unidos, aunque más demorado, consiste en inhibir las causas que motivan a las poblaciones a abandonar sus países. Es un proceso de estabilización multifactorial relacionado a vivienda, pobreza, efectos del Cambio Climático, consecuencias de la pandemia, oportunidades laborales y calidad de vida.
Cada una requiere de soluciones conjuntas, los líderes de cada país concuerdan en la necesidad urgente de atenderlas. A través de financiamientos blandos otorgados por organismos internacionales, Estados Unidos pretende incentivar las inversiones en los países de origen para ofrecer oportunidades a las poblaciones vulnerables. “La vicepresidenta Kamala Harrys pidió a la empresa privada que realice inversiones en Guatemala, El Salvador y Honduras (triángulo del norte), para poder atender las oportunidades para las personas”, dijo Blinken. No obstante, debe ser un trabajo multilateral que requiere de gobernabilidad y transparencia. “Nadie puede hacer este trabajo solo, es donde entra la unión de los países”, insistió Blinken.
Cabe destacar que las nacionalidades más frecuentes que pasan por Panamá con destino a Estados Unidos son las de Haití, Venezuela y Nicaragua, cuyos representantes no estaban presentes en la reunión ministerial.
Mayorkas dijo que los planes tienen varios componentes. Uno crítico es atacar las causas por las que las personas abandonan sus hogares, hay que estabilizarlas.
Además habló de caminos más seguros para evitar que sean presas del crimen organizado y como tercer punto, atender a los migrantes que ya están en Estados Unidos para integrarlos a la sociedad. “Estados Unidos no solo es una tierra de migrantes, sino también de ley. Quienes no califiquen serán repatriados a sus países con la intención de preservar nuestro sistema y la nación”, afirmó el secretario de Seguridad estadounidense.
BLINKEN PIDE A BUKELE ACTIVAR ESTADO DE EMERGENCIA
Estados Unidos incentivó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a que implemente el estado de emergencia para que sea consistente con los derechos humanos. Esto a raíz de la ofensiva de Bukele contra las maras tras el aumento de homicidios. “Podemos atacar el crimen organizado y también proteger los derechos y la libertad de la población, no son contradictorios. Desde Estados Unidos hemos financiado programas por millones de dólares para combatir a las pandillas, incluyendo a sus líderes, para ayudar a disuadir los problemas ocasionados por las maras”, zanjó Blinken.
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