Dictará sentencia a las 4 de la tarde, hora local, en una audiencia presencial en la que Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares tendrán la oportunidad de dirigirse al juez. La fiscalía recomendó de 108 a 135 meses de prisión, mientras que la defensa adujo que sus clientes han cumplido su pena
A las 4:00 de la tarde (hora de Nueva York, 3:00 de la tarde hora de Panamá) se tiene programada la lectura de la sentencia con la presencia de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, sus abogados y la fiscalía.
El juez Raymond Dearie, del Distrito Este de Nueva York, decidirá hoy el futuro de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Dictaminará la sentencia que recibirán por haber blanqueado en el sistema financiero estadounidense $28 millones producto de las coimas recibidas de la constructora Odebrecht (2009 y 2015) para favorecer a un familiar cercano, un alto oficial del Gobierno panameño.
A las 4:00 de la tarde (hora de Nueva York, 3:00 de la tarde hora de Panamá) se tiene programada la lectura de la sentencia con la presencia de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, sus abogados y la fiscalía. Ambos podrán dirigirse al juez, solicitar que se les imponga el mínimo tiempo en prisión. Pero seguramente Dearie ya ha decidido sobre el tema luego de estudiar las peticiones de la defensa y la fiscalía. Dos posturas distantes.
La fiscalía recomienda imponer una sentencia de prisión dentro del rango de las pautas establecidas en la declaración de culpabilidad que oscila entre 108 a 135 meses de prisión. Por su parte, la defensa sugiere que sus clientes ya han pagado por el delito cometido. En otras palabras, piden al juez que declare tiempo servido considerando los 23 meses que han pasado presos, primero desde su captura en Guatemala, en julio de 2020, y después en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde ambos están recluidos desde noviembre Luis Enrique, y diciembre, Ricardo Alberto.
Antes de emitir criterio el juez estudia varios elementos: las guías de sentencia, la gravedad del delito, el reporte elaborado por el Departamento de Libertad Condicional y la historia criminal de ambos como delincuentes primarios y la colaboración que han otorgado a la fiscalía.
Aunque ambos se hayan declarado culpables del delito principal de la acusación, conspirar para blanquear las coimas de Odebrecht, no significa necesariamente que recibirán la misma sentencia.
LOS PARÁMETROS
Durante la audiencia en que Ricardo Martinelli Linares se declaró culpable (diciembre 2021) el juez le explicó los elementos a valorar antes de decidir el tiempo que pagarán en prisión.
Como primer punto indicó que el delito en cuestión puede enfrentar una pena máxima de 20 años -sin posibilidad de libertad condicional-, pero no tiene un mínimo de sentencia. En este tipo de delitos el sistema estadounidense permite libertad vigilada, es decir, que se mantengan en un determinado perímetro, aunque su violación puede regresarlos a la cárcel.
Ahora bien, ambas partes, la defensa y la Fiscalía, han alcanzado un acuerdo en el que se estableció un tope de sentencia y un mínimo con los que el juez no necesariamente tiene que estar de acuerdo.
Antes de emitir criterio el juez estudia varios elementos: las guías de sentencia, la gravedad del delito, el reporte elaborado por el Departamento de Libertad Condicional y la historia criminal de ambos como delincuentes primarios y la colaboración que han otorgado a la fiscalía.
“Una vez esos hechos quedan establecidos, puedo aplicar las prácticas de las guías como las entiendo y calcular el rango de la sentencia”, indicó en su momento el juez a Ricardo A. Martinelli Linares.
El juez está obligado a imponer una “sentencia razonable”, un fallo en el que considere la advertencia de la guía en el rango que implica, los factores ofensivos considerados en los estatutos, cualquier característica ofensiva o información sobre el acusado y su pasado. “Cualquier cosa que atraiga mi atención de su abogado o del gobierno que pueda responder a una sentencia apropiada” se considera en la decisión, manifestó entonces Dearie.
Una vez el juez emita su fallo, si el tiempo de prisión es mayor a 152 meses, los hermanos tienen derecho a apelar la decisión, no así si la misma es menor a 151 meses.
El hecho de haberse declarado culpables y evitar la trayectoria de un juicio, ayudó a que muchas pruebas que la fiscalía debió haber probado quedaran establecidas automáticamente.
El tiempo que reste a ambos en la cárcel dependerá también si el juez considera la detención previa. Por lo general restan los meses que han estado presos en Estados Unidos. Lo que se conocerá hoy en la tarde es si Dearie tomará en cuenta el tiempo que permanecieron en la cárcel militar Mariscal Zavala desde julio de 2020 cuando fueron capturados.
En este último punto la fiscalía ha sido muy puntual en señalar que los hermanos Martinelli Linares interpusieron múltiples recursos para evitar la extradición a Estados Unidos, lo que ocasionó que se prolongara el tiempo que pasaron en prisión. Ha plasmado en escritos al juez que de haber existido buena voluntad en apresurar el acuerdo de colaboración, su tiempo de encarcelamiento en Guatemala se habría reducido.
Pero la defensa también ha plasmado al juez la buena voluntad de sus clientes en colaborar con las autoridades. Como muestra indicó que mientras estaban Guatemala ordenaron la repatriación del dinero de las coimas y retomaron las conversaciones con el FBI para finiquitar un acuerdo.
La defensa también ha insistido que sus clientes fueron actores periféricos en el esquema de sobornos, y que su sentencia debe ser igual o menor a la de José Grubisich, expresidente de Braskem, subsidiaria de Odebrecht involucrada en $250 millones en sobornos, a quien Dearie condenó a 24 meses de prisión a pesar de que la fiscalía había solicitado cinco años.
Los hermanos Martinelli Linares fueron capturados por las autoridades guatemaltecas en julio de 2020 en cumplimiento de una orden de arresto emitida por las autoridades estadounidenses luego de que ambos interrumpieran las conversaciones que mantenían con la fiscalía cuando estaban a punto de alcanzar un acuerdo de colaboración.
Antes de la firma de dicho acuerdo, y hasta ese momento sin cargos en su contra, los hermanos Martinelli Linares salieron del país sin avisar a las autoridades. Planeaban juramentarse como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano y después viajar a Panamá, de donde posteriormente no podrían ser extraditados debido a que Panamá no extradita a sus nacionales.
Esto fue interpretado por la fiscalía como un acto desleal, de huida, que ha restregado en todos los escritos que dirige al juzgado, y ha pesado en contra de los confesos. En previas ocasiones los jueces han negado la libertad bajo fianza debido al riesgo de fuga que alegó la fiscalía.
Desde Nueva York, Estados Unidos
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