El equipo de fiscales envió una carta al juez Raymond Dearie a pocas horas de que éste se pronuncie sobre la sentencia que recibirán los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares
Corte del Distrito Este de Brooklyn.
A pocas horas de que se realice la audiencia de sentencia a los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, el equipo de la fiscalía envió una nota al juez Raymond Dearie en la que aclara información proporcionada por la defensa de los acusados quienes este 20 de mayo recibirán sentencia por haber conspirado para blanquear las coimas de la constructora Odebrecht.
La nota consta de cuatro puntos principales, de los cuales el tercero se encuentra reservado completamente al ojo público.
El primer punto se refiere a la colaboración brindada por los hermanos para lograr la repatriación del dinero producto de las coimas.
Los demandados sostienen que el gobierno subestima injustamente el valor de su intento de cooperación en este caso y argumentan que la Corte debe acreditar su conducta por haber proporcionado “prácticamente todas las pruebas sustanciales que los incriminan”, además de haber repatriado los fondos de otro modo estarían fuera del alcance del gobierno. También expresan que el juez debería considerar el hecho de haber entregado una “oferta fáctica inusualmente detallada en relación con su declaración de culpabilidad”. Por el contrario, alega la fiscalía, el gobierno ha declarado que los acusados proporcionaron información útil para la investigación. No obstante, el centro del argumento del gobierno es que, a pesar de proporcionar dicha información, los hermanos Martinelli no se involucraron en el proceso de cooperación en buena fe, fallaron en revelar información clave, y en última instancia trataron de usar su privilegio de poder y riqueza para frustrar la investigación y asumir su responsabilidad.
Centro de Detención Metropolitano.
Además, la investigación de la fiscalía arrojó evidencia independiente sustancial sobre la culpabilidad de ambos. La fiscalía añade que los esfuerzos de los acusados para ayudar al gobierno en reembolsar sus ganancias delictivas, localizarlas y obtener activos, los trasladaron a cuentas extraterritoriales para promover el esquema, y no comenzaron la repatriación hasta después de que fueron extraditados a Estados Unidos y no resultó hasta hace poco tiempo.
Segundo, los acusados dijeron que la inversión de $9.5 millones en una compañía de telefonía fue efectuada con fondos mal habidos del oficial gubernamental, bajo su dirección y para su beneficio. Para ser claros, expresa la fiscalía, las cuentas que se usaron para recibir y lavar aproximadamente $28 millones en coimas estaban bajo control de los acusados quienes las usaron para favorecerse, y una cifra significativa de esos fondos quedó retenida, que es precisamente el dinero que la fiscalía logró repatriar.
La fiscalía no está al tanto de ninguna evidencia creíble de que los acusados no se beneficiaron de otros gastos de esas cuentas o que solo se usaron a favor del alto funcionario de gobierno.
En cuarto lugar, la fiscalía argumenta que no ha visto ninguna evidencia de que la elección para el Parlamento Centroamericano haya sido legítima, y la prueba de que los acusados en efecto no tenían credenciales válidas del parlamento se respalda con el hecho de que perdieron las apelaciones en Guatemala basados en su estatus diplomático.
Los intentos de adquirir sus credenciales son importantes en el caso, porque la elección ocurrió en 2019 y al mismo tiempo los acusados estaban colaborando con la fiscalía y no lo habían reportado. Más bien parece parte de los esfuerzos de los que se valieron para evadir el proceso en Estados Unidos y en Panamá usando ese privilegio para resistirse a la extradición.
Finalmente, los acusados alegan que la sentencia recomendada en este caso es radical y muy distante a la que se ha impuesto en el Segundo Circuito a otros culpables por hechos similares. Al respecto el tribunal está obligado a tomar una decisión de las sentencias apropiadas para los acusados en base a una determinación individual de los hechos y circunstancias específicas en cada caso. Además, los casos citados por la defensa versus haber recibido $28 millones y cometer el delito de lavado de dinero son inadecuados, puesto que cualquier medida es una conducta a escala completamente diferente a la conducta criminal que cometieron los acusados en Nueva York.
Sin embargo, no comentan el caso de fraude electrónico con el esquema de la Fifa en el que se sentenció al responsable a 108 meses de prisión. Conductas más análogas a la de los acusados, responsables de un esquema de soborno de larga duración.
El gobierno estará preparado para responder a otros argumentos de los acusados en la audiencia de sentencia.
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