La nueva ley que señala los programas de educación sexual pretende alertar a los niños(a) y adolescentes sobre los riesgos del embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, detectar cuando son víctimas de delitos sexuales y cómo denunciarlos
La ley de formación en materia de educación en sexualidad y afectividad, publicada recientemente en Gaceta Oficial, promete ser una asignatura estrictamente científica que deberán implementar no solo los centros escolares oficiales y particulares, sino los albergues, juntas comunales, centros de salud, casa hogar y centros de atención, centros de custodia y cumplimiento para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.
La medida ha sido aplaudida por profesionales consultados por este medio, entre el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) que espera sirva como un instrumento “para que los niños y adolescentes reciban información oportuna, veraz y completa para su nivel/edad, y acompañamiento de parte de personas capacitadas para aclararles dudas y preguntas”. Consideran que esta ley promoverá “su mejor comprensión en temas que para esta población son importantes para fortalecer su autoestima, prevenir y/o detectar situaciones como abusos, embarazos precoces, transmisión de enfermedades y salud mental”.
La dirigente magisterial Yadira Pino, representante de la Federación de Trabajadores y Educadores de Panamá, reconoce la necesidad de la ley, pero plantea también la importancia de la coordinación de las tareas para cumplirlas pues existen 14 leyes sobre niñez y poco se aplican.
En tercer punto, Pino añade que si bien es cierto que la escuela es un canal para transmitir conocimientos, no se le puede responsabilizar de la tarea en forma integral porque se convierte en una función más, mientras que el resto de las entidades responsables se deslindan de esta y se desfasan los programas.
Además, dice la profesora que "el estado debe generar políticas públicas para su implementación, de mano de las instituciones con profesionales y preparar a los padres para el manejo de los cuadernillos para complementar el trabajo en la escuela".
La iniciativa surgió inicialmente como parte de las acciones legislativas ante los casos de abuso sexual y maltrato que conoció la Comisión de la Mujer, la Niñez, Juventud y Familia (2021) de la Asamblea Nacional que ponía de manifiesto la situación de los albergues, confirmando casos de abuso físico y sexual en menores. Una razón por la que desde la promulgación de la ley será obligatoria su enseñanza en los 51 albergues a nivel nacional.
Era una deuda pendiente, califica Marina Pérez, Directora Ejecutiva de Fundamorgan, organización que promueve los derechos humanos de la niñez. “Aplaudimos este esfuerzo y, exhortamos a las autoridades que procedan con la reglamentación e implementación con carácter de urgencia”.
Este documento pretende bajar el índice de embarazos en adolescentes que ronda en un 20% anual.
De acuerdo con lo aprobado, el programa debe ofrecer la información necesaria para que un niño(a) o adolescente pueda identificar un caso de abuso sexual, o lo que podrìa constituir delito de violencia contra niños, así como las sanciones penales correspondientes y los pasos para presentar la denuncia.
PRIMER DELITO EN FISCALÍAS DE ADOLESCENCIA
El delito contra la libertad sexual es el que más puntea en la Fiscalía de Adolescentes. Entre enero y abril del corriente se recibieron 494 denuncias. El año pasado (2021) este mismo despacho recibió 1,147 casos.
Los padres conocerán de la información que se dicte a sus hijos acerca del tema en clases, talleres, cursos o charlas por parte del personal capacitado del Ministerio de Salud por un mínimo de 40 horas durante el periodo que comprenda la asignatura.
CONTENIDO
Serán el Ministerio de Salud y de Educación quienes adecuen el contenido de acuerdo al grado de madurez, etapa de desarrollo y edad cronológica de los estudiantes.
El escrito hace énfasis en la enseñanza de valores éticos, inspirados en el respeto a la vida, la dignidad y el amor a la familia. Este programa será parte del currículo general y su evaluación contará como parte de las notas en el boletín.
Además estira su alcance con una adaptación en las lenguas de pueblos originarios, siendo el Meduca la entidad encargada de capacitar a los líderes comarcales para la ejecución de este.
Algunos puntos que deberán desarrollarse en esta materia refieren a conocer el cuerpo humano, la integridad física propia y de los demás, el respeto, conocer sobre las consecuencias de un embarazo precoz, prevención de enfermedades de transmisión sexual, los riesgos de contraer VIH, denunciar la violencia y los delitos sexuales, y conocer los derechos ante estos posibles actos de esta naturaleza.
IMPACTO DEL PROGRAMA
La ley obliga la elaboración de evaluaciones anuales sobre el impacto del programa y su publicación en un informe sustentado con estadísticas y cuadros comparativos entre un año y otro.
El Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Salud y de Educación deberán destinar partidas presupuestarias para garantizar la implementación del programa. No especifica un monto para cada entidad, como tampoco si se trata de partes iguales, o sobre qué entidad caería el peso de financiamiento, situación que deberá pasar por su reglamentación.
La idea se centra en promover canales de comunicación entre los niños y adolescentes con sus padres sobre el tema, y a la vez, proporcionar información sobre las acciones que podrían constituir delitos de violencia y abuso sexual contra niños, así como las sanciones penales correspondientes y los pasos para presentar la denuncia.
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