La fiscal Yasmina Montoya, fiscal Anticorrupción, indicó que en audiencia celebrada el 6 de junio pasado solicitó una pena de 15 años e inhabilitación de funciones por cinco años para cinco imputados por el delito contra la Administración Pública que ocasionaron una lesión de más de $100 mil al Ministerio de Desarrollo Social.
En la misma audiencia, la Fiscalía Anticorrupción efectuó un acuerdo de pena con uno de los imputados por el delito contra la Administración Pública en perjuicio de los niños que albergaba la Fundación Chilibre Panamá (Funchipa) por la malversación de más de $100 mil, producto del subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), querellante en el caso.
Dentro de la investigación, cuyo juicio está programado el próximo 18 de noviembre de 2024, la juez Hiroko Tinoko admitió 20 pruebas testimoniales, 20 testimonios periciales y 54 documentos que enmarcan las evidencias de la malversación de los fondos perpetrados por Funchipa dirigidos a los niños y niñas del albergue. Dicha fundación estuvo a cargo del albergue de marzo de 2019 a agosto de 2020 y fue administrado por la licenciada y representante legal, Xenia Medina. Posterior a estas denuncias y otras por supuesto maltrato al menor, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) tomó control del albergue.
El caso se remonta a una auditoría efectuada por el Mides a las finanzas del albergue en las que ubicaron tres cheques que suman $ 53,040, cuyos gastos aparentemente se efectuaron en violación a los lineamientos establecidos para estos centros en el uso de subsidios del Estado.
Entre las supuestas irregularidades la auditoría cita la falta de controles de la lista de asistencia, contratos laborales por servicios profesionales y el no pago de la cuota obrero patronal establecida en la ejecución del presupuesto de la Fundación.
El Mides efectuó una revisión al manejo del dinero otorgado por la Oficina Nacional de Subsidios Estatales, que reflejó una serie de faltas cometidas por la fundación al régimen que las regula, es decir, el Decreto Ejecutivo 29 de 22 de mayo de 2018 que reglamenta el Decreto Ejecutivo 3, del 8 de marzo de 2016, mediante el cual se dictan las obligaciones para organizaciones que reciben subsidios estatales.
De acuerdo con los hallazgos, de los $ 50 mil mensuales que recibía la fundación, se emplearon fondos del subsidio para gastos no contemplados, además se detectaron facturas con inconsistencias y excedentes en el proyecto por parte de la Fundación por un monto de más de $100 mil.
De los $ 50 mil que le otorgaba el Mides en concepto de subsidio, $ 30 mil eran para salarios y $ 20 mil para lo demás.
Xenia Medina explicó el 13 de septiembre de 2020 ante la subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia las vicisitudes económicas que heredó cuando tomó el control del albergue.
Detalló que de los $ 50 mil que le otorgaba el Mides en concepto de subsidio, $ 30 mil eran para salarios y $ 20 mil para lo demás.
Dijo que se pasó de abril a agosto de 2020 sin plata para la comida. Tuvo que “usar los fondos prestados de la fundación para que los chicos comieran”. Las 34 personas que conformaban la planilla, al ver la situación, le dijeron: “profesora, no nos vamos a ir, aguantaremos”, narró Medina a los diputados.
La exdirectora del albergue describió que tuvo que llamar amigos para conseguir plata para la comida. “Nos fuimos sábado y domingo por todos los supermercados diciéndole a la gente que cuando comprara nos regalara leche o algo”, aseguró. En una ocasión logró, por insistencia en un mensaje de WhatsApp, que la Primera Dama le diera $ 7 mil, “pero mensualmente se van $ 15 mil en comida, dos tres comidas y dos meriendas”, indicó.
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