La implementación de la ley que dicta la política criminológica requiere que cada ministerio contrate a un criminólogo para que asesore a los ministros y a su vez sirva de puente con el Secretario Ejecutivo
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Jonathan Riggs.
El documento sobre la política criminal del Estado se había consensuado en el año 2002, pero se convirtió en ley de la república en 2006 con el propósito de dictar los lineamientos de una política criminológica en el país. A partir de esa fecha se han mantenido nuevas adecuaciones para lograr un texto articulado. Entre ellos la promoción de la educación para la paz y la reinserción y resocialización efectiva de los privados de libertad. Esto último ha sido un asunto inconcluso, por decir lo menos, del sistema penitenciario panameño. Una evidencia es la cifra de reincidencia que se calcula en un 60%.
¿Qué cambiará en materia de seguridad esta ley? La ley crea una secretaría Ejecutiva y un Consejo integrado por más de una docena de instituciones que deberían interactuar para aplicar las políticas criminológicas. Para lograr el enlace, nuestro invitado, Jonathan Rigss, secretario General del Ministerio de Seguridad, indicó que cada ministerio tendrá que contratar a un criminólogo para que sirva como enlace.
El reto clave, sin duda, consistirá en el seguimiento de los programas y asignar responsabilidades a cada institución para dar cuentas semestrales a la ciudadanía sobre los avances, tal como lo estipula la ley.
El Polígrafo desmenuzó el documento y lo contrastó con nuestro invitado, Jonathan Riggs, secretario General del Ministerio de Seguridad el análisis. Como por ejemplo el presupuesto necesario para su implementación, la responsabilidad de cada uno de los actores y la efectividad de la ley en materia de prevención. Estos y otros factores determinantes para el éxito de la ley deben ser abordados en la regulación.
En la ley se crea el Consejo Nacional de Política Criminológica, ¿qué función tendrá este organismo?
Está integrado por los ministros de cada cartera o quienes designen en función a la política como tal, la estrategia. El trabajo va a ser desarrollado por los criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos, que están dentro de cada una de las instituciones y deben cumplir lo que la ley les dicta.
El Consejo estará integrado por 13 entidades estatales, pero dejaron por fuera a la empresa privada, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, ¿por qué, si se trata de un asunto multidisciplinario?
Dentro de los ejes rectores está la participación ciudadana. Nosotros aspiramos que dentro de la política en su implementación se incorpore la sociedad civil.
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El tema de la falta de compromiso o improvisación se ha visto en cada administración.
Pero no tendrán voz ni voto, especialmente cuando se busca a la empresa privada como motor de la resocialización a través de la generación de empleo…
No están por fuera, están contemplados en los ejes rectores para que cuando se integren al desarrollo de la política van a poder contribuir.
¿Cómo va a garantizar la efectividad de este Consejo si no hay responsabilidades asignadas?
La tarea está delimitada por ley. En cada uno de los ministerios se entiende cuál es la definición de su tarea y de su funcionamiento.
Pero no a través de la criminología…
Sí están los ejes rectores: participación ciudadana, derechos humanos, desarrollo humano sostenible…
Eso no puede quedar en verbos sin responsabilidades…
Ese seguimiento está supuesto a ejercerlo el secretario o secretaria ejecutiva. Por eso la persona que ocupe el puesto tiene la obligación de generar esa implementación efectiva. Es un trabajo científico, por eso señalé que los distintos ministerios deben reclutar criminólogos, de tal forma que con esa capacidad que tienen de asesorar a los ministros y a quienes forman el Consejo Nacional, se pueda ver la implementación y ejecución de los programas, planes y proyectos.
Me cuesta entender cómo se va a implementar la ley, no se ha contemplado una cifra de presupuesto…
La reglamentación podrá dar luces al respecto. Además, el personal a cargo en cada ministerio va a aportar con los recursos financieros esa plaza. El tema está siendo abordado de manera científica. Debemos tener presente que, con la aprobación de la ley e implementación de la Política Criminológica, veremos resultados. El tema de la falta de compromiso o improvisación se ha visto en cada administración. En la actualidad buscamos unificar y organizar un criterio científico, que no existe hoy en día al momento de diseñar los programas preventivos.
Los criminólogos necesitan un equipo de trabajo, ¿qué se ha planteado?
La reglamentación va a generar esa dinámica de trabajo.
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La ley es una deuda que tenían las administraciones anteriores a la actual.
¿Cómo se pretende implementar esta ley?
La ley es una deuda que tenían las administraciones anteriores a la actual, de elevar un decreto ejecutivo del 2006 a ley de la República para poder atender el fenómeno de la criminalidad de manera integral. Evitar la improvisación y generar sostenibilidad de acuerdo con la dinámica de la criminalidad teniendo en cuenta que el delito no desaparece, sino que se transforma. Aspiramos con esta política, que se haga uso de los recursos del estado para atender la criminalidad a través de la prevención. Privilegiar la prevención como mecanismo científico de intervención social para alejar a los niños y adolescentes de la criminalidad. Se propone para ello la creación de una Secretaría Ejecutiva que debe liderar el trabajo interinstitucional que debe desarrollar cada ministerio. Entre ellos mencionamos al de Trabajo, Cultura, Desarrollo Social, Gobierno y otros, que tienen funciones ya establecidas por ley. La Secretaría Ejecutiva debe generar la articulación efectiva porque cada seis meses deben rendir cuentas ante la ciudadanía y demostrar cómo a corto, mediano y largo plazo se debe minimizar la incidencia criminal.
Esa Secretaría Ejecutiva es una estructura que requiere un equipo de trabajo y un presupuesto, al igual que la implementación de la ley. ¿Cuál es el presupuesto constante que se estima necesitarán?
Inicialmente la estructura se desarrollará dentro del Ministerio de Seguridad con recursos que les va a asignar el Ministerio de Economía y Finanzas para la creación de la Secretaría Ejecutiva.
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Inicialmente la estructura se desarrollará dentro del Ministerio de Seguridad.
¿Pero tiene un estimado?
El estimado propiamente es relativo porque aspiramos a que el equipo esté conformado de 25 a 30 personas en cuanto a su estructura funcional. Con esto se pretende realizar el trabajo a nivel nacional para enlazar el trabajo.
¿Son suficientes 25 personas?
Disponemos que en cada ministerio se cree la figura de un criminólogo que debe ser el enlace con la Secretaría Ejecutivo. Es decir, que por ley, a cada ministerio le corresponde desarrollar los planes y programas de estudio a nivel nacional.
¿Cada Ministerio tendrá un criminólogo?
Si, eso es a lo que aspiramos. Contamos con profesionales formados con maestría que aspiramos a que sean las personas contratadas en cada ministerio para que desarrollen la política criminológica en cada entidad. Son las personas que estudian el delito criminal y darán las luces y asesorías de la política criminológica en cada entidad, que es lo que ha faltado.
La ley no estipula cada cuándo se va a reunir el Consejo…
Ten presente que estamos en la fase de reglamentación de la ley que va a disponer cada uno de los pasos que se deben de cumplir a corto, mediano y largo plazo.
La experiencia en otros temas con estos consejos es que no se reúnen con la debida periodicidad, no dan seguimiento a los planes…
Si debe reunirse. Es importante porque buscando la transparencia en la ley se debe hacer una rendición de cuentas cada seis meses, es mandatario. Eso debe permitir demostrar la ejecución.
¿Cómo ayudará esta ley a los Ninis?, se calcula que hay 250 mil...
Con programas en los que generemos esa capacidad de acogida a la academia, a las escuelas, promoción del deporte y la cultura. Hay que entender que muchos de estos jóvenes están faltos de afecto. Nosotros proponemos que las escuelas para padres sean realmente efectivas. Si bien se dice que a nadie se le enseña a ser padre, hay que generar una orientación y permitir que asuman la responsabilidad en el hogar, compartida en las escuelas para evitar la deserción académica es la que ha generado esa situación. Es un compromiso, un trabajo integral. Aspiramos que a través de la ley, el trabajo que tiene que desarrollar la secretaria o secretario general junto al Consejo Nacional de la Política Criminológica, se disponga de los recursos.
No veo claro cómo será el trabajo de reinserción social post convicto…
La reglamentación va a definir todas esas inquietudes. Ya estamos trabajando en eso. Tenemos planificado dar oportunidad de trabajo, por eso participa el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, para ver qué políticas podemos desarrollar junto a la empresa privada. Vemos que en la actualidad se están desarrollando un sin número de iniciativas, porque hay fundaciones de interés privado, no gubernamentales, y el gobierno desarrolla a su vez diferentes programas. Pero habrá otras iniciativas que con la ley se desarrollarán para lograr esta reinserción.
Hablan de los factores nacionales que afectan la seguridad ciudadana, entre ellos incluyen la migración masiva sin la debida regulación. ¿No le parece que este numeral criminaliza la migración?
No se criminaliza. No podemos ser ajenos a que con la migración irregular hay personas que hacen de esto su modo de vida que afecta la seguridad. Hay personas que no solamente están migrando por la situación económica y social que enfrentan en sus países, pero aprovechan la migración irregular para tratar de burlar los controles porque son requeridos por la ley. La migración irregular ha demostrado en diversos momentos que ha capturado personas que utilizan el flujo irregular. Entonces, sí hay un tema que atender y nosotros buscamos políticas migratorias que generen políticas migratorias. No se ataca la migración, sino que se plantea generar políticas que atiendan la migración irregular. Esa es la estrategia.
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Tenemos planificado dar oportunidad de trabajo, por eso participa el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, para ver qué políticas podemos desarrollar junto a la empresa privada.
En uno de los objetivos de la ley exponen: “Garantizar la calidad de vida de la población panameña sobre la base de valores y convivencia de paz”. ¿Quién define los valores?
La educación.
¿Qué educación?
La que buscamos que se dé. Yo recuerdo cuando era niño que había una materia que se ha eliminado del currículo, cívica. Nosotros aspiramos que se dé nuevamente y generar que los programas educativos promuevan la conciencia cívica. Hay normas o estándares de comportamiento, por ejemplo, el respeto a los símbolos patrios, respetar los límites con el vecino, generar conciencia cívica. Esos son estándares. Una de las ideas es promoverlo con cívica.
Llama la atención el artículo 17: “La Asamblea Nacional deberá solicitar al secretario ejecutivo de la Política Criminológica un concepto no vinculante de los proyectos de ley que se presenten y que impacten en la Política Criminológica”, ¿con qué propósito se redacta este artículo si no son vinculante los proyectos?
Al atender el fenómeno de criminalidad, se entiende que esta persona que tiene estudios, que está actualizándose y que conoce la realidad de la dinámica, le va a permitir dar luces en la toma de decisiones que tiene. La Asamblea es un órgano colegiado autóctono que toma sus propias decisiones, por eso no es una opinión vinculante a la función que por ley tiene la Asamblea.
No entiendo la relación…
La función de la Secretaría es de Asesoría, de dar luces.
¿Quién va a asesorar a quién?
El secretario ejecutivo a la Asamblea.
¿Asesorar en qué?
La política criminológica tiene nueve ejes rectores, esos ejes, entre otros habla del desarrollo humano sostenible. ¿Para garantizar el desarrollo humano sostenible qué tiene que haber en una sociedad? Tiene que existir igualdad de oportunidades, justicia social…
¿Qué tiene que ver la Asamblea con eso?
Tiene que ver porque es una política integral. La Asamblea dicta y genera leyes.
Si se busca aprobar una iniciativa puede llevarla a la Asamblea como cualquier otra entidad, ¿para qué tienen que aprobar un artículo en específico para esto?
Le permite ante la posibilidad de que la Asamblea genere políticas públicas de seguridad, que sean compatibles o cónsonas con el trabajo que se va a desarrollar.
Con este esfuerzo, ¿cuándo veríamos un primer resultado?
Primero hay que esperar que sea sancionada, una vez se genere la reglamentación en consenso porque hay tres instituciones que van a disponer de recursos, se tiene que ver el nombramiento del personal y cada seis meses se debe dar una rendición de cuentas a la ciudadanía. Hay programas que se han desarrollado de manera aislada en el pasado, nosotros buscamos unificar y desarrollar esta política. Todos somos parte de la solución, no es un asunto del gobierno únicamente, somos todos como sociedad.
BIOGRAFÍA
- Nombre completo: Jonathan Riggs Tapia
- Nacimiento: 26 de abril de 1976, David Chiriquí, Panamá
- Ocupación: abogado, criminólogo
- Resumen de su carrera: Oficial egresado de la Policía de Investigaciones de Chile, con la licenciatura en Investigación Policial, con mención en la Investigación del Narcotráfico. Cuenta con estudios de doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Es Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con Maestría en Estudios Criminológicos y Postgrado en Docencia Superior. Laboró como Coordinador Regional y especialista en cumplimiento de la Ley del Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias en Latinoamérica y el Caribe para el Establecimiento de Grupos de Trabajo Conjuntos Interdicción Aeroportuaria. Desempeñó el cargo de Administrador de Aduanas de la Zona Libre de Colón y Director de Prevención y Fiscalización Aduanera en los Aeropuertos Internacionales de Tocumen y Albrook en la Autoridad Nacional de Aduanas. Gerente de Seguridad, Coordinador y Jefe de Seguridad en DHL. Desempeñó el cargo de Coordinador del Grupo de Tareas Conjuntas Antidrogas, Investigador de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP) en la Policía Nacional de Panamá.
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