Las autoridades panameñas han detectado 5 organizaciones criminales que talan clandestinamente la madera de los bosques protegidos y la exportan con fachada legal aprovechándose de la corrupción y el descontrol en la obtención de permisos de exportación en MiAmbiente. La madera tiene una gran demanda en el mercado asiático donde pagan miles de dólares por un contenedor proveniente de Panamá
Nadie perdería de vista el enchapado en fina madera de un yate, o de un auto de lujo. Atraparía la mirada por sus llamativos tonos rojizos en un mueble, que invita a deslizar los dedos y palpar su belleza. ¡Es cocobolo! Una madera única con precios prohibitivos asociada a cierto estatus. También es común verla en piezas de instrumentos musicales como guitarras y violines, porque su dureza produce tonos graves, profundos, como ninguna otra madera.
Redes criminales con estructuras similares a las del narcotráfico están operando en el istmo a la sombra de los bosques y bajo una limitada vigilancia de las autoridades. Su producto no es la cocaína, sino la madera Dalbergia retusa, mejor conocida como cocobolo, con alto valor en el mercado internacional.
La presencia de estos grupos dedicados a la tala ilegal se evidencia a solo metros de la entrada del Parque Soberanía, un bosque primario protegido por ley dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.
Envases de aceite (y gasolina) para motosierras, marcas de neumático de un camión que transporta las tucas, ramas cortadas para visualizar el camino de regreso, restos de un refugio, palos a los que atan cuerdas azules para jalar los troncos, aserrín, y la madera que no lograron sacar ante el peligro de ser descubiertos, son huellas que delatan su presencia en el sitio.
“En Panamá podemos hablar de 4 o 5 organizaciones grandes con conexiones internacionales dedicadas a la tala y comercialización de cocobolo”, advierte Felipe Cruz, asesor del despacho superior en Seguridad Ambiental y fundador en 2019 del Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental (EME) del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
El tráfico de cocobolo es un negocio ilícito sumamente lucrativo. Un contenedor de 20 pies cúbicos en Panamá puede alcanzar un valor de hasta $100 mil; sin embargo, puesto en China –el principal país de exportación– supera los $500 mil. Es el marfil latinoamericano que se cotiza hasta cuatro o seis veces por encima de la mejor madera, como la caoba.
El precio por metro cúbico de cocobolo ilegal proveniente de Panamá se ha cotizado hasta en $10 mil, de acuerdo con el reporte Especies/Países, publicado en 2018 por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites, por sus siglas en inglés).
La Interpol calcula que, a escala mundial, el comercio ilegal de todo tipo de madera mueve al año $152 mil millones, haciéndolo el tercer delito más rentable después del narcotráfico y la trata de personas.
En el caso del cocobolo lo que vale es el corazón de la madera, particular por su intenso tono rojizo, naranja y marrón que ocupa casi todo el tronco. Esto la convierte en una especie única, que eleva la demanda en el país asiático por considerarlo un producto excéntrico.
China se ha convertido en el mayor productor de violines en los últimos 30 años. Elabora un millón de estos instrumentos al año –el 79% de la producción mundial–, con un costo promedio de mil dólares cada uno.
Esta madera única, también se emplea para revestir paneles de yates de lujo y accesorios de autos.
Resalta en muebles finos con grabados especializados que alcanzan “hasta un millón de dólares”, explica César Belteton, de la dirección forestal del Consejo de Áreas Protegidas en Guatemala de la oficina de Cites. Por ello, la alta demanda del producto propicia la delincuencia.
UNA MIRADA AL "SANTUARIO" DEL CRIMEN
En el Parque Soberanía empezamos el recorrido a las 6:00 a.m. del primer lunes de octubre de 2022, guiados por el comisionado jubilado de la Policía Nacional Felipe Cruz, agentes de inteligencia y de la Policía de Ambiente.
La necesidad de crear el EME, que colabora con la Fiscalía de Ambiente del Ministerio Público, la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial de la Policía, nació a raíz del tráfico indiscriminado de esta especie hace más de una década y que amenaza su sostenibilidad.
Como parte de esa estrategia, en 2014 la entidad prohibió, mediante una resolución, la tala de cocobolo. En esa fecha hizo un inventario de la madera que mantenían en sus patios 17 empresas dedicadas al negocio de exportación. El resultado fue de 5 mil metros cúbicos.
Hasta marzo pasado, cada año se incluyeron prórrogas a la resolución que fueron aprovechadas por las organizaciones criminales para burlar a la autoridad que debe velar por la exportación legal de la especie. En la actualidad el comercio está permitido, pero las constantes extensiones del documento –a posteriori– se convirtieron en un obstáculo para identificar la procedencia de esa madera, porque el cocobolo se extrae del bosque ilegalmente, pero se comercializa bajo una fachada legal.
El primer sitio al que nos llevó Cruz fue a un campamento, a media hora a pie de la entrada del Parque Soberanía. En el improvisado espacio de no más de seis metros de diámetro se instalan los jornaleros, cargadores y cuidadores por tres, cuatro días o el tiempo necesario. Lo emplean para descansar, comer, dormir y planificar la logística.
Cruz recibió un “pitazo”, pero cuando llegó los taladores ya se habían ido. Del fogón aún emanaba humo. Solo quedaba la ropa enlodada, unos pantalones cortos, una camiseta, un plástico atado a las ramas que en su momento sirvió para cubrirse de insectos o la lluvia, y una bolsa con latas vacías de jamonilla y atún.
De haber sorprendido a los taladores, que generalmente son grupos de 3 a 5 personas, la fiscal superior de Ambiente, Fátima Sánchez, solo podría imputar cargos por el delito de tala, cuya pena de prisión es 48 meses, conmutable por multa. Esto resulta un problema para desmantelar las redes criminales, porque los jueces acceden a la conmutación de la pena y otorgan una medida distinta a la detención preventiva. Los jornaleros quedan libres.
“Aquí no hay señal (de móvil), pero cuando llegamos a la fiscalía el abogado ya está esperándolos para pagar la multa”, destaca alias Vicky, uno de los agentes de inteligencia que nos acompaña en el recorrido.
LA ESTRUCTURA
El modus operandi de estas organizaciones criminales comienza por aprovecharse de la pobreza de los países en desarrollo, que es donde regularmente se distribuye el cocobolo: Centroamérica, Asia y África. La capa más gruesa de la pirámide la componen los jornaleros o taladores, personas de estrato humilde que ignoran las consecuencias de sus actos, aunque muchos son empleados para la comisión de otros delitos. Reciben un pago diario de entre $50 a $100.
“Eventualmente, lo que ganan por cortar troncos lo usan para comprar un arma”, explica Cruz. Eso sí, en caso de reincidencia van presos, pero callan por temor a represalias en su contra o de sus familiares. Uno de los guías que camina entre la frondosa vegetación detalla que en más de 20 ocasiones han detectado en flagrancia a los taladores. “En una semana nos hemos llevado dos veces presa a la misma persona por tala”, afirma el agente con el alias ‘Vicky’.
La siguiente franja de la organización en forma ascendente la conforman los transportistas que trasladan la madera en camiones de todo tipo: pequeños, para llevar ganado y furgonetas.
Todo sucede en las narices de la fiscalía y del Ministerio de Ambiente, que se ven superados por la logística y el poder económico de los grupos delincuenciales. Al igual que el narco, se valen del soborno para talar, transportar y exportar cocobolo a China, donde un contenedor de 20 pies puede tener un precio de hasta medio millón de dólares, dependiendo del peso de la madera.
En la cúspide están los financistas, las empresas fachada que impulsan los trámites legales para la exportación de madera recién cortada y que, en muchas ocasiones, mezclan con el inventario de sus patios. Estas compañías cuentan con conexiones en China y con los líderes de la organización que pueden estar en cualquier parte del mundo.
Las empresas las tienen personas con recursos. Durante nuestra conversación con la fiscal habló de un exdiputado de la República, del cual se reservó el nombre para no amañar el sumario. “Fue investigado desde 2012, ahora sus empresas no están tan vinculadas a esto, son más los asiáticos”, aclaró Sánchez. De unas 10 empresas que exportan madera, según la fiscal, “la mitad siempre está con problemitas”. Lo que le llama la atención es que “a pesar de la reincidencia no se les cancela el permiso”.
En los últimos dos años, la fiscalía y el EME han logrado decomisar 3 mil 85 tucas de cocobolo en 30 operativos en Panamá, los parques Chagres y Soberanía, Chepo, Panamá este, Colón y el puerto Colón Container Terminal.
Todo sucede en las narices de la fiscalía y del Ministerio de Ambiente, que se ven superados por la logística y el poder económico de los grupos delincuenciales. Al igual que el narco, se valen del soborno para talar, transportar y exportar cocobolo a China, donde un contenedor de 20 pies puede tener un precio de hasta medio millón de dólares, dependiendo del peso de la madera.
Uno de los obstáculos para la fiscal Sánchez es que, en el caso del cocobolo, es casi imposible certificar en qué momento se cortó el tronco a exportar. Ni siquiera especialistas en la materia, colaboradores de Cites, cuentan con recursos tecnológicos para dilucidar este proceso.
Las compañías utilizan documentos que datan de 2009-2014, lo que implicaría que se trata de madera cortada antes de 2014, pero los troncos encontrados tienen los hilos que usan para arrastrarlos en el parque. Es madera nueva.
Esto es así porque el cocobolo tiene la particularidad de conservarse en perfectas condiciones en un ambiente cerrado, con humedad controlada. En caso de mantenerlo a la intemperie, al ser una especie balsámica, posee una savia que al lijar la madera le proporciona un brillo como si fuera recién cortada.
En Panamá no hay laboratorios forenses, peritos o especialistas que puedan contribuir en este discernimiento. La única forma es cuando se detecta in fraganti a los taladores. Ahí no hay discusión. Pero la fiscal se ve impedida de imputar por tráfico, solo por tala. Lo dice con cierto enojo y frustración, porque el tema del tiempo de corte del tronco se ha convertido en un argumento a favor de los abogados de las empresas que rebaten la acusación de la Fiscalía de Ambiente en los juzgados, complicando las condenas. Entre 2021 y 2022, 20 personas han sido sentenciadas por tala.
Enseguida, uno de los agentes policiales que conoce el parque casi de memoria señala una bajada que desemboca en el río y explica que por allí tiran los troncos para moverlos a otro punto. Pueden sacar 16 tucas de un jalón, afirma, que son aproximadamente dos toneladas. Un tronco, dice, puede pesar entre 60 y 80 libras; lo cargan en hombros entre dos personas.
“Ellos vienen todos los días aquí, pero se van moviendo de un lado a otro. Tienen una persona que les dice dónde están los árboles en pie y cuántos hay”, describe alias ‘Toño’ mientras caminamos con botas de hule y ayudados con un improvisado bastón de palo en una lodosa trocha, abierta por los traficantes, que conduce al sitio donde se han hallado árboles talados.
La logística se reduce a comida, agua, ropa, duermen en hamaca o en el suelo. Lo que más les dificulta es encontrar el sitio de donde van a sacar la madera, y para eso usan a indígenas o guardaparques de la institución, a los que corrompen.
Desde que entran hasta que salen lo que más tarda es talar y quitar la corteza que dejan tirada en el parque. Esta labor demora de tres a cuatro días. Cuando tienen varias tucas, 15 o 16, las esconden cerca de la entrada del parque y por la noche el transportista las recoge. “Les toma menos de 15 minutos subirlas al camión”, explica Toño.
CERTIFICADOS DUDOSOS
Luego trasladan la madera a los patios de las empresas y piden a MiAmbiente los documentos para el embarque. La autoridad exige las guías de movilización interna y las de exportación que requieren de un sello Cites con el que se garantiza que el producto cumple con la sostenibilidad de la especie, que Panamá incluyó en 2013 en el apéndice II de Cites por considerarla una especie amenazada.
Una vez la Dirección de Protección Forestal de la institución entrega el sello Cites y verifica la mercancía, la compañía la traslada a los puntos de embarque, que en Panamá son los puertos de Balboa y Manzanillo. Este último es el que más se usa últimamente. Cites también ha detectado que se mueve por puntos ciegos fronterizos que les permiten sacar la madera hacia otros países.
El modus operandi ha incluido esconder la madera en otro tipo de productos, igual que la droga. Se han documentado casos de exportación en los que se declara que el contenedor tiene chatarra o goma, cuando en realidad contiene cocobolo. La forma más eficaz para corroborar el interior del contenedor es a través de los escáneres instalados en los puertos, y en Panamá solo el 2% del parque de contenedores pasa por estas máquinas.
Por eso estas organizaciones extraen la madera de los parques Soberanía, Chagres o Camino de Cruces, porque logísticamente les es más viable transportarla en distancias cortas. Del bosque a la empresa y luego al puerto, aparentando ser madera que consta en el inventario declarado por la compañía en 2014 a MiAmbiente. Es la forma en que legalizan la tala. De acuerdo con cifras proporcionadas por la fiscal Sánchez, entre 2021 y 2022 Panamá exportó a China más de 200 toneladas, aproximadamente 1.500 tucas (226 metros cúbicos).
Al igual que el narcotráfico, la única forma de burlar a las autoridades es haciéndolas cómplices. El titular de MiAmbiente, Milciades Concepción, lo sabe. Ha detectado anomalías en las regionales: “Una guía de transporte de tucas se usaba varias veces por los madereros y en las direcciones regionales las recibían sin problema, lo que es un indicio de posible complicidad”, nos explica. Enseguida añade: “Ya tenemos funcionarios bajo investigación administrativa”.
Cuando Concepción asumió el cargo se tomó en serio acabar con la corrupción interna, aunque persiste. Despidió a dos funcionarios de la Dirección Regional Metropolitana, luego de hallar inconsistencias en 1.058 guías de transporte de madera y un faltante de $229 mil, según la auditoría que comprendió entre el 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019 en la mencionada dependencia.
Pero el caso que dejó en shock a la fiscal Sánchez y al propio ministro, que evidencia la corrupción en la institución y la infiltración de estas organizaciones, ocurrió en junio de 2021 cuando un decomiso que resguardaba una de las regionales apareció en el patio de una empresa exportadora.
El decomiso fue producto de información que recibió el EME sobre un grupo delincuencial que haría una tala en el Chagres. Inmediatamente se puso en marcha el operativo y se retuvo la madera, que fue trasladada a la subestación, de donde luego desapareció. El equipo de inteligencia recuperó la madera en 48 horas. El representante legal de la compañía fue imputado y el funcionario involucrado, de bajo rango, fue sometido a una investigación interna. Después de ese incidente la empresa no solicitó otro permiso de exportación.
De esto, y de otras cosas más, como de la pérdida de una libreta completa de 500 sellos Cites, que trataremos en otra entrega, se han percatado las autoridades. Escuchar a Sánchez ayuda a comprender la cantidad de trabas a las que se enfrenta para recolectar las evidencias y robustecer las investigaciones.
Las compañías utilizan documentos que datan de 2009-2014, lo que implicaría que se trata de madera cortada antes de 2014, pero los troncos encontrados tienen los hilos que usan para arrastrarlos en el parque. Es madera nueva.
“Cuando yo voy a MiAmbiente, el técnico me dice que eso está avalado en la guía, que sí corresponde, a pesar de que la evidencia muestra otra cosa. Cuando se hace una comparación con la madera que están extrayendo en los parques, coincide”, detalla la fiscal Sánchez, con cierta impotencia. Desde 2021 a agosto de 2022, la fiscalía comenzó 20 investigaciones por presunto tráfico y otros delitos, como falsificación de documentos por el reciclaje de guías para transportar la madera.
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