En un comunicado emitido a sus accionista este viernes 16 de diciembre afirma estar decepcionada de las acciones efectuadas por el gobierno panameño.
La nota responde a la suspensión de operaciones ordenada este jueves en horas de la tarde por el presidente Laurentino Cortizo luego de no haber logrado establecer en blanco y negro el acuerdo alcanzado en enero pasado.
En la nota la empresa señala tres puntos que contempla su propuesta, el piso mínimo pactado con el gobierno, los aportes relacionados a pagos de servicios e impuestos y la legalidad del contrato.
Se lamenta de los resultados alcanzados después de haber efectuado un significativo progreso en las negociaciones con el gobierno panameño en las últimas semanas que estuvo muy cerca de lograr un acuerdo para asegurar el futuro a largo plazo de la Mina antes de que el gobierno detuviera las discusiones y anunciara la suspensión de las operaciones.
“Estamos decepcionados de las acciones del Gobierno. El gobierno busca un contrato de concesión renovado que haga lo correcto por su país, su gente y su economía, y creemos que nuestra propuesta logra precisamente eso”, se lee en la nota.
Según la compañía, la propuesta más reciente haría de Cobre Panamá uno de los mayores pagadores de regalías entre las naciones productores de cobre en las Américas.
La oferta contempla un pago de $375 millones al año en concepto de impuestos y regalías. La Minera, no obstante, exige que el acuerdo con este beneficio económico debe estar sujeto a ciertas protecciones en caso de que los precios de los metales o la rentabilidad caigan significativamente. Según la empresa dichas protecciones fueron acordadas por el gobierno panameño, pero sin entrar en detalles en el comunicado.
Resalta que entre los aportes a la seguridad social de Minera Panamá y sus empleados, pagos en permisos, agua y municipios, Cobre Panamá y sus empleados contribuirán con más de $500 millones cada año en ingresos al gobierno a los precios actuales del cobre.
Con respecto a la legalidad o no del contrato por la inconstitucionalidad de la ley que rige la materia declarada por la Corte Suprema de Justicia, para la empresa el contrato está vigente, lo que les permite operar de forma legal. Se “renovó en 2017 y permanece en pie legal por un periodo hasta 2037. Desde 1997 la mina se desarrolló con un capital invertido de más de $10 mil millones y ha operado desde 2019 sobre una base legal en todo momento”, detallan.
En el último párrafo del breve comunicado, asegura tener planes para el futuro que beneficiarían a todos los panameños y su objetivo es encontrar una solución de ganar-ganar con el gobierno que salvaguarde 40 mil empleos y proteja la inversión. Mientras tanto, señalan que están haciendo todo lo posible por apoyar la fuerza laboral de Cobre Panamá preservar el valor y la integridad de la mina y defender a First Quantum y sus partes interesadas de las acciones innecesarias del gobierno, incluso a través de los todos los medios legales disponibles.
Las tensas negociaciones han impactado en el precio de la acción que este viernes abrió con una baja de dos puntos aproximadamente en la cotización de la bolsa de Toronto (información hasta las 11:00 am).
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