Se espera el pronunciamiento del mandatario en el que explicará la situación y las posibles alternonativas para continuar con la operación de la mina
Las relaciones entre el gobierno panameño y Minera Panamá operada por la australiana First Quantum Minerals desde el 2013, pasan por uno de sus peores momentos.
Las partes no lograron plasmar en blanco y negro el acuerdo alcanzado en enero pasado en el que, según lo anunciado por el gobierno, la mina se comprometía a pagar al estado un piso de $375 millones, mejoraría las condiciones laborales de los trabajadores, protecciones más sólidas para el medio ambiente y promovería bienestar de las comunidades con otras señales.
Cumplido el ultimátum (14 de diciembre) dado por el gobierno hace un mes, en el que emplazó a la mina a firmar lo pactado, las señales de la administración de Laurentino Cortizo apuntan a una expropiación de la mina. Lo que sería una de las medidas más drásticas, aunque no es la única que está en análisis, según comentó una fuente que participa de las negociaciones, sin detallar el resto de las alternativas.
Este jueves en horas de la mañana el gobierno envió un comunicado en el que reiteraba la voluntad y compromiso de firma del contrato final por parte del Ministerio de Comercio. De acuerdo con la nota de prensa, durante las últimas cuatro semanas Panamá puso un equipo de negociación a disposición de Minera Panamá 24/7, pero “durante este periodo la empresa Minera Panamá manejó la situación con discusiones prolongadas, presentando exigencias irrazonables” en vez de acercar los puntos originales del acuerdo alcanzado en enero, alejaron a las partes.
Por su parte, la minera respondió con otra nota en la que alegaron que el paquete económico propuesto en enero convertiría a la compañía en uno de los mayores pagadores de regalías e impuestos entre las grandes minas productoras de cobre en las Américas. Reiteró que el paquete económico fue pactado en casi todas las cláusulas e incorporó los acuerdos realizados a principios de año, incluyendo el aporte de $375 millones. Lo que parece estar atorando la salida es la falta de acuerdos en las protecciones legales necesarias sobre terminación, estabilidad y arreglos de transición, según lo planteó la mina en su comunicado.
El presidente Laurentino Cortizo citó a gabinete extraordinario para analizar las diferentes opciones sobre la mesa y luego se dirigirá al país para anunciar los resultados.
La pregunta que se hacen miembros de la Cámara Minera es bajo qué excusa invocará el gobierno la expropiación de la mina. Los detalles de las negociaciones y los números se mantienen en reserva.
De llegar a este punto extremo, la empresa podría apelar la decisión y ambas partes tendrían que someterse a un costoso y largo arbitraje internacional en el Banco Mundial que puede durar más de 10 años.
En caso de que el arbitraje favorezca a la empresa podría demandar al estado panameño por miles de millones de dólares que se calculan en base al valor presente de la inversión ($10 mil millones) y las futuras, los costos de intereses y las ganancias que se pudo generar la operación de la mina en 40 años, tiempo de la concesión que vence en 2037 con la opción de renovación. En caso contrario el estado haría lo mismo en contra de la empresa.
El problema que ven en la Cámara es el mensaje que transmitiría el país a nivel internacional, “pondría en entredicho la seguridad jurídica”, afirmó Zorel Morales director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá.
Como una vía para salir del enredo sugirió regirse al Código Minero actual que plantea una regalía del 5% y no del 2% de las ventas brutas. “En base a este código redactar los acuerdos que hayan alcanzado”, propuso Morales.
En la fórmula internacional, las regalías se calculan sobre la base de beneficio operativo y la relación sugiere que, si se aprecia el precio del cobre el estado debe recibir más dinero. En la medida en que baje la cotización del cobre, algo que los analistas no ven en un futuro inmediato, la minera debe garantizar la cantidad estipulada que equivale mínimo a $375 millones. De este monto, el gobierno anunció que destinaría $190 millones para el rescate del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.
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