Publio De Gracia: “Hay una erosión de la base fiscal mayor que la evasión porque lo hemos legalizado”

Discutir la continuidad de los beneficios de las zonas económicas especiales amparadas en ley de la república es una tarea necesaria para mejorar la recaudación fiscal antes de pensar en un alza de impuestos

Publio De Gracia. 

El país necesita debatir la necesidad de mantener las tasas de exoneración de impuestos para zonas especiales. Si bien, algunos tratados internacionales exigen un pago mínimo, muchos sectores están exentos amparados en leyes especiales cuyo propósito era atraer inversiones. No obstante, estos beneficios han permanecido intactos por años, mientras que otras actividades económicas cargan con un impuesto sobre la renta. “El sistema fiscal está erosionado”, asevera el director de la Dirección General de Impuestos (DGI), Publio De Gracia. Esto, a su juicio, motiva a una revisión de las actividades que deben permanecer como zonas especiales, por cuánto tiempo más, y de concluir lo contrario, qué tasa impositiva se instalará sin perder competitividad en relación con otros países. Antes de hablar de un alza de impuestos, como se ha especulado sobre el 7% correspondiente al Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), es necesario mejorar la recaudación, modernizar los trámites e identificar la evasión fiscal que según los cálculos del director de la Dirección General de Ingresos (DGI) es superior a $3, mil millones al año.

La recolección de impuestos se complica también por el sistema que prima en la DGI.  Hay que pasar de lo manual a lo digital, al cruce de datos y la agilización del pago para los contribuyentes sin la necesidad de acudir personalmente a la entidad. El director de la institución, Publio De Gracia, un abogado joven de experiencia en el tema encamina las acciones a que en poco tiempo los usuarios puedan realizar la mayor parte de los trámites en línea.

Hay que pasar de lo manual a lo digital, al cruce de datos y la agilización del pago para los contribuyentes sin la necesidad de acudir personalmente a la entidad. 

¿En cuánto calcula el porcentaje de evasión fiscal?

Es del 2% a 3% del Producto Interno Bruto. Hay un nivel de cumplimiento entre un 25% y 30%, es un cálculo un poco en bruto, pero hay muchos beneficios. Hay una erosión de la base fiscal mayor que la evasión porque lo hemos legalizado. No digo que eso sea malo, depende de la política del estado para atraer inversiones, pero también hay zonas especiales que antes no pagaban impuestos y que a través de acuerdos internacionales hay que cumplir una tasa mínima de impuestos.

Siempre hemos sido criticados por las exoneraciones especiales y la tasa de impuestos, nos ha afectado para salir de las listas grises.

¿Qué propone la DGI al respecto?

El ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander ha dicho que Panamá tiene que revisar su competitividad porque en los últimos años hemos venido en una caída. El mundo ya no es el de los años 80s, menos de los 30s, donde tener una sociedad anónima era para proteger de una persecución política o de acciones que se puedan ver en otros países. Panamá ha dado pasos importantes y significativos en el concierto de las naciones que indican que no solamente quiere salir de las listas, sino más nunca volver a entrar en una lista gris. Las zonas especiales, por ejemplo, ya han cumplido con lo mínimo requerido. Pero hay otros retos en materia tributaria o fiscal, por ejemplo, el intercambio de información. Está el debate de si tenemos que cobrar impuestos a “x” país. No se trata de eso. Panamá se comprometió con los demás países a colaborar en la información que debe entregar en caso de ser solicitada, inversiones, sociedades. Esto no responde a una expedición de pesca, sino de una investigación que realizan en otros países.

¿Cómo evalúan las peticiones que recibe?

Nosotros a través del departamento de intercambio de información con su homólogo de otro país, atiende las solicitudes tributarias o fiscales sobre ciudadanos en particular o personas jurídicas de las que sospechan que tienen en Panamá patrimonios. En ese sentido solicitan el nombre del beneficiario final de diferentes sociedades. En ese sentido nos dirigimos a los agentes residentes o a las firmas de abogados de las sociedades y les solicitamos la información sobre el cliente. Anteriormente el sistema no ha tenido la información en el tiempo en que se solicita. Nosotros nos comprometimos como país a tenerla. Por eso es por lo que Panamá ha avanzado en el registro de beneficiario final a través de la Superintendencia de Sujetos No Financieros a tener la información cargada cuando se solicite, vía tributaria o judicial, la información a compartir.

Es verdad que hay que hacer una reforma tributaria para evaluar lo último, reformar no significa elevar impuestos sino ordenar muchos temas relacionados a las decisiones que tomamos con el tema de los beneficios fiscales.

¿Es inminente una reforma tributaria? Se que en esta administración es un tema tabú, pero es insostenible un país con las necesidades que existen y los niveles de la deuda que enfrentamos... 

Comienzo con esto a escribir mis aportes al futuro. Una reforma tributaria no significa únicamente aumentar impuestos. Pero Panamá tiene que entrar en un proceso de revisión. Cuando le pregunté a mis homólogos de Colombia cómo habían hecho con el proceso de la reforma y que les haya salido lo menos complejo posible, me encontré con que la academia y los sectores tributarios ya venían discutiendo qué decisiones iban a tomar. Estaban de acuerdo en un 60%, el resto era un debate político e ideológico. La academia se había preparado, es decir, las personas que forman parte de ese sector. Panamá tiene que entrar en ese proceso. Uno, es difícil pagar, es complejo, tenemos muchos parches, muchos beneficios que hay que revisar, determinar si los que ganan más tienen que pagar más, si la clase media está teniendo ese peso del pago de impuestos. Todo eso tenemos que debatir, pero como que nos asusta. Tenemos que ponernos de acuerdo en que hay que hacer las cosas. Hay que ceder cuando haya que ceder.

¿Recomendaría subir el ITBMS?

No, yo pienso que esa discusión no se debe dar. Hay otros temas como los que hemos conversado sobre el beneficio o exoneraciones. Primero hay que revisar eso, segundo la forma de recaudar impuestos. Es verdad que hay que hacer una reforma tributaria para evaluar lo último, reformar no significa elevar impuestos sino ordenar muchos temas relacionados a las decisiones que tomamos con el tema de los beneficios fiscales.

Panamá es el país que menos recaudación fiscal presenta con 13.7%, según las estadísticas del 2020, comparado a Europa donde se recoge el 48%, en Latinoamérica aproximadamente un 22%. ¿Por qué tenemos esas cifras?

El tema es cómo está configurado nuestro sistema tributario. Panamá depende mucho de otros ingresos no tributarios porque el país apuesta a los ingresos del Canal de Panamá, a los de la minería, apostamos con otros valores sin sumar otros impuestos o aumentarlos.  Recordemos que Panamá tiene la tasa de ITBMS más baja de la región, o del mundo, con un 7%. Pero sí, hay un mea culpa y hablo del sistema mismo porque puede ser mayor la recaudación. Hay que recordar que hay una alta tasa de evasión e incapacidad administrativa que viene de arrastre y que estamos tratando de modernizar para dejar a los futuros gobiernos. Esto con el propósito de que los ingresos tributarios que tengan que recaudar se hagan de manera fácil, segura, rápida, voluntaria y en caso de que no haya ese comportamiento del contribuyente, ejercer el control.

Ese 13% de recaudación, casi la mitad proviene de la seguridad social, un 21% proviene de las personas jurídicas y naturales. ¿Qué le dicen estos números?

Es importante segregar los ingresos. Hay ingresos no tributarios que no recauda la DGI. La entidad tiene la responsabilidad sobre los ingresos de los impuestos directos y no tan directos, aunque también llevamos la estadística de los ingresos no tributarios. Por ejemplo, este año ya tenemos números muy similares a 2019, pero es ahí donde está el proceso en que debemos avanzar como sociedad tributaria y como sociedad en sí. Hay que entender que se necesitan más ingresos, es decir un mayor aporte.

Recordemos que Panamá tiene la tasa de ITBMS más baja de la región, o del mundo, con un 7%. 

De igual forma los funcionarios deben entender que los ciudadanos necesitamos más transparencia en el uso de nuestros impuestos... 

Coincido. Ese es otro debate, ahí entramos en cómo va esto, debe haber un balance porque el ciudadano, de alguna manera ve reflejado lo que paga en su bienestar. Tampoco, es decir: si yo no tengo esto no pago impuestos. Hay una obligación. Como dice la palabra es un impuesto, el debate está en la parte política y la ejecución.

¿Cómo va a hacer la DGI para elevar el porcentaje de recaudación? Desde que usted ingresó se mantienen los mismos porcentajes... 

No quiero tomar como excusa la pandemia, pero fue una variable. 2020 fue una caída impresionante, una de las más graves, por decir así, pero a la vez fue el país que más creció del mundo. Yo te puedo adelantar que por lo menos un 4% estamos por encima del 2019 según los últimos resultados de la última semana de diciembre que debe cerrar el 13 de enero. Aprovecho el espacio para recordar a los contribuyentes que se ha diferido el pago de impuestos de 2022 para el viernes 13 de enero 2023, con lo cual hay tiempo para la regularización tributaria y para las obligaciones que había para 2022.

¿A qué porcentaje de recaudación aspira llegar?

La pandemia también nos ayudó con el proceso de agilizar el pago de impuestos. El Código Fiscal es complicado, el cumplir con el sistema. Lo dicen los estudios internacionales, que el proceso de cumplir tributariamente en Panamá es complejo. Lo que tenemos que hacer es modernizar. Antes de hablar de aumentar impuestos, tenemos que recaudar bien lo que se tiene que recaudar. Este año los datos de recaudación deben ser históricos y deben demostrar que, por ejemplo, en el caso del ITBMS se mejore, reducir la evasión y encaminarnos en ese proceso para que los futuros gobiernos puedan facilitar y recaudar impuestos.

Pero deme una cifra aproximada... 

Aspiramos a llevarlo a un 15% y eso se hace reduciendo la evasión fiscal.

¿A cuánto asciende la evasión fiscal del país? 

La evasión fiscal es de aproximadamente $3 mil millones al año según una estadística que después segregamos y tal vez no son $3 mil millones. Hay actividades que por contratos leyes tienen beneficios de no pagar impuestos sobre la renta o están exonerados de ciertas actividades. En esto queremos dejar plasmado el próximo año un estudio para que se tomen decisiones de actividades, que, para nuestra opinión, ya no merecen el beneficio de tener exoneración, ahí está el reto.

En otros países una persona como usted sería una de las más temidas, ¿qué tanto respeto le tienen a la DGI en Panamá?

Pienso que lo primero que estamos tratando de establecer es que el respeto no sea a una persona como tal sino a la institución y recuperar la confianza. En hechos pasados, ciertos o no, investigados o no, han hecho que el nombre de la DGI suene a algo que no debe ser. La DGI es un nombre complejo. Cobrar impuestos es algo impuesto por el estado y debería tener un beneficio. Queremos dejar una institucionalidad fuerte, capaz, con funcionarios que atiendan, pero también con una capacidad de certeza del castigo.

¿Como lidia con todas las llamadas que recibe para solicitarle rebajas fuera de la ley?

Gracias al presidente Laurentino Cortizo se han buscado alivios tributarios. Esa es una oportunidad, no solo para después de la pandemia, sino que lo fue durante la pandemia. Hemos buscado menús para que las personas naturales y jurídicas puedan tener la capacidad de elegir lo que más se ajuste a su realidad. Claro, a veces hay llamadas, te voy a ser sincero, a mí nadie me ha pedido hacer algo ilegal, ni políticos ni empresarios, o que los exonere de un impuesto. Somos de puertas abiertas para escuchar a todo el mundo, mi misión es recaudar impuestos.

¿Qué tipo de favores le piden entonces?

Obviamente creo que hay un tema que hemos heredado, no me gusta ver por el retrovisor, pero hemos heredado muchos retrasos producto del sistema. No quiero hablar de personas, pero me ha tocado lidiar con exoneraciones que tienen más de tres o cuatro años, devoluciones que detectamos desde 1998 sin tramitar, por ejemplo. Eso es una responsabilidad, además de recaudar tenemos que devolver. La gente llama preguntando sobre sus trámites y hay que ver lo que está pasando. A veces son asuntos tecnológicos los que causan los atrasos, hay que lidiar. Servir al país es tener la capacidad de empatía y escuchar.

¿Qué métodos de recaudación está implementando para hacerle la vida más fácil al contribuyente?

Sonará no correcto, pero nosotros queremos que las personas no se acerquen a la DGI sino que hagan sus trámites en línea. Tenemos más de 160 trámites en línea y queremos dejar 300 trámites al final de nuestro gobierno. La factura electrónica nos va ayudar a la trazabilidad de información para hacer más justa la fiscalización a través de matices de riesgo. La factura electrónica es un aliado importante para la recaudación y para reducir la evasión fiscal a través de los datos.

¿Cuántas denuncias ha puesto por evasión fiscal?

Tenemos alrededor de 150 denuncias de evasión fiscal por todo. Unas de menos de $300 mil y otras por encima de esa cifra. Pero la sección de evasión revisa administrativamente como a través del sector penal. La DGI es una autoridad administrativa, cuando encuentra evasión por más de $300 mil tiene que ir al Ministerio Público.

¿En materia judicial cuántas ha presentado? 

Tres.

¿Cómo encuentra ese tipo de evasiones?

A través de los datos. Antes se hacía manualmente donde se observaba que existía la posibilidad de una evasión fiscal por algunos incumplimientos, como el de ITBMS, o se determinaba que había una intención por parte de la persona natural o jurídica de evadir pagar impuestos, tanto inmuebles, o impuesto sobre la renta o ITBMS.

¿Qué tipo de datos cruza para determinar eso?

Con la factura electrónica, por ejemplo, podemos conocer qué tipo de servicio que presta la persona, la empresa declara que pagó por los servicios, pero a la hora de declarar impuestos esta persona no refleja esos ingresos. Ahí hay un cruce de información que genera una alerta roja y ahí inicia una investigación. Esa es la nueva DGI, con datos.

¿Se cruza por ejemplo con los gastos en tarjeta de crédito?

Sí, nosotros tenemos los informes de tarjetas de crédito que nos entregan los bancos. Igual estamos buscando otro tipo de alianzas con los bancos para que nos den información, pero no queremos entrar en un proceso de pesca, por llamarlo así.

¿Es decir que conoce todo lo que los ciudadanos pagan en tarjeta de crédito?

No todo. Tenemos un informe que podemos utilizar a través de los bancos y podemos cruzar los datos. Pero otras autoridades en otros países tienen la información bancaria, ese es un debate al que encaminarse si se puede o no entendiendo nuestra complejidad y nuestros asuntos culturales.

¿Los emprendedores y los informales deben contar con factura electrónica?

La factura electrónica es gratuita a través de nuestra web, en los próximos meses va haber una aplicación más sencilla para que los micro empresarios puedan acceder a ella. Todos deberíamos utilizarla. Quizás el próximo gobierno va a hacer obligatorio el uso de la factura electrónica porque es el método más moderno actualmente para fiscalizar o tener la información.