La Contraloría actualizó el año base que sirve como referencia para calcular las cuentas nacionales. En el 2022 sería de $76,500 millones. La cifra mantiene una relación deuda/PIB que permite un mayor déficit, y por tanto, mayor endeudamiento
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Para enfrentar la crisis sanitaria de la pandemia, la administración de Laurentino Cortizo adquirió más de $16 mil millones en deuda, hasta superar los $45 mil millones.
Recientemente la Contraloría General de la Nación actualizó el año base de referencia para el cálculo de las cuentas nacionales producto de la inclusión de nuevas actividades económicas.
Fijó para ello el año 2018, ya que sostiene un crecimiento de una década y aporta una cifra más real, según palabras del Contralor Gerardo Solís, que difundió a través de un video.
En función a las estadísticas anteriores con el año base de 2007, el último año de referencia, el Producto Interno Bruto (PIB) se calculó en $63,605 millones. Con la actualización la proyección para 2022 sería alrededor de $76,500 millones, lo que para Solís, “muestra el entusiasmo en la economía y permite cifras más reales”.
¿QUÉ SIGNIFICA?
Pero, ¿qué representa esta nueva cifra? Los economistas consultados coinciden en que ayuda a mejorar la relación deuda/PIB del país. Y esto, a su vez, otorga más espacio al estado para adquirir nuevos compromisos de deuda.
Esto muestra que la economía panameña se ha fortalecido, explica Adolfo Quintero, expresidente del Colegio de Economistas y profesor de la materia.
Por lo tanto, agrega, da más holgura al estado en cuanto a los montos de la deuda pública. “Si aumenta el PIB la relación deuda PIB disminuye porque aumenta el denominador”, señala Quintero.
La deuda puede ser la misma, pero al incrementar el denominador, el porcentaje disminuye y abre una rendija para poder adquirir más deuda.
El economista Ernesto Bazán, tiene tres señalamientos puntuales al respecto.
El primero, dice, es que permite que el gobierno pueda cumplir con la Ley Social de Reaponsabilidad Fiscal (compromiso de que el déficit fiscal no exceda el 4% del PIB al 2022). Segundo, posibilita que el ratio deuda/PIB (uno de los más clásicos para medir el riesgo financiero de un país) mejore su perfil y a su vez pueda tomar más deuda en aproximadamente 20% ($8,800 millones) sin alterar el endeudamiento relativo (deuda/PIB).
Para enfrentar la crisis sanitaria de la pandemia, la administración de Laurentino Cortizo adquirió más de $16 mil millones en deuda, hasta superar los $45 mil millones.
El tercer punto al que se refiere Bazan, es que al evitar que el endeudamiento relativo siga empeorando, puede hacer frente a la amenaza de la posible reducción de calificación soberana.
Pero, “no todo es color de rosa”, enfatiza el economista Bazán, porque los analistas internacionales “son conscientes de que no se trata de un aumento orgánico del PIB sino de un recálculo de cifras”. Como consecuencia, “los fundamentos podrían no ser suficientes para que el país mantenga el grado de inversión”, zanja Bazán.
Entre las actividades económicas que tomó en cuenta el Contralor, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), se evaluó la importación de bienes y servicios, así como las exportaciones, el consumo intermedio, construcción, maquinaria y equipo, entre otros. Vale la pena mencionar que Cobre Panamá inició en junio de 2019 su operación de exportación de cobre, cuya actividad aporta al PIB casi un 5%.
Los economistas recuerdan que al cambiar el año base, se debe hacer una regresión y actualizar los PIB de años anteriores en relación al nuevo año base, que es 2018. Por lo tanto hay que ajustar el año 2019, 2020, y así sucesivamente hasta la fecha. “Ese cálculo del PIB será más alto y el cálculo deuda/PIB es más homogéneo”, agrega Quintero.
Hay algo más, para Bazan este ajuste es coincidente que “con el aumento del PIB nominal se cumple el compromiso que Panamá tenía y sin él no se cumplía, llegaba como a 4.5%, o tal vez más, cuando el límite era 4%”.
La revisión del año base para el cálculo del PIB es un ejercicio periódico que realizan los países con el propósito de actualizar las actividades económicas que aportan a la economía o las que ya dejaron de hacerlo.
Los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) se fijan de cerca en estos ajustes porque su trabajo consiste en vigilar las finanzas públicas de los países, especialmente a los que les presta plata. Su criterio, después es replicado en otras entidades que evalúan el riesgo de los préstamos según la capacidad de pago de cada país.
Mientras se conoce la opinión del FMI sobre la medida adoptada por la Contraloría, el gobierno debe ajustarse este año a un déficit de 3% según la hoja de ruta del Ministerio de Economía y Finanzas que durante la pandemia acudió a la Asamblea para modificar el tope de endeudamiento.
Bajo este parámetro, el gobierno podría adquirir este año una deuda de aproximadamente $2,300 millones.
Mientras se pronuncia el FMI, el gobierno intenta suscribir un nuevo acuerdo con Cobre Panamá que desde hace más de un año parece trabado en el renglón de aportes económicos.
Otro tema que vigilan las entidades financieras internacionales es la forma en que manejará el gobierno el déficit del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social para el cual aún no hay una fórmula de consenso en el horizonte.
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