Ambientalistas demandarán contrato entre Minera y gobierno

Presentarán ante la Corte Suprema de Justicia una demanda por inconstitucionalidad en fondo y forma, ya que a su juicio no se cumplió con las normas que regulan las concesiones mineras 

El fallo de la CSJ de 2017, alegan, se apalancaba en un régimen especial establecido para las áreas de concesiones mineras en Petaquilla que exigía que cualquier concesión fuera otorgada por licitación pública, pero en esta ocasión ha sido de forma directa.

Un grupo de organizaciones ambientalistas demandará ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por segunda vez, el contrato alcanzado entre el gobierno y la empresa Minera Panamá.

Aunque el documento aún no es de dominio público, recientemente el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) anunció que tras un año de negociaciones y redacción del acuerdo, las partes firmaron el texto que enmarca nuevas reglas para mina en materia económica, fiscal y ambiental.

No obstante, el abogado Harley Mitchell, la exvicealcaldesa Raisa Bainfield acompañados de organizaciones ambientalistas que adversan la actividad minera, reclaman que el gobierno siguió los mismos pasos que en 2017, cuando la CSJ declaró inconstitucional el contrato entre las partes.

Puntualizaron que el gobierno no se basó en la ley de Contrataciones Públicas o en el Código Minero, por lo que el resultado es inconstitucional.

“En 1997 el gobierno negoció por fuera de esos cuerpos jurídicos. No hay ninguna sola letra de aquel contrato ley que determine que se siguieron los pasos mencionados. Justo como se está negociando el contrato en este momento, por fuera de las dos normas. Por eso reiteramos que el contrato declarado inconstitucional, es en efecto inconstitucional, y la forma con la que se está negociando este contrato tiene los mismos vicios”, señaló Mitchell.

El fallo de la CSJ de 2017, alegan, se apalancaba en un régimen especial establecido para las áreas de concesiones mineras en Petaquilla que exigía que cualquier concesión fuera otorgada por licitación pública, pero en esta ocasión ha sido de forma directa. Por eso, ”procede una solicitud de que la CSJ declare que el estado se encuentra en desacato el proceso anterior“, expresaron.

En conferencia de prensa efectuada este viernes, las organizaciones subestimaron el proceso de consulta pública, paso que sigue a la firma del contrato. Apuntan de que se trata de un simple protocolo puesto que el desahogo de la ciudadanía no será vinculante en la redacción o consideraciones que adoptará el gobierno luego de escuchar a la población. Por lo tanto, dicen, es un simple protocolo para cumplir con un paso antes de que la Asamblea Nacional apruebe o rechace el acuerdo.

Con respecto a los alcances económicos alcanzados por el gobierno, los ambientalistas refutaron que se trata de una “ganancia del pais” el pago de impuestos y cargos obrero - patronales que son obligaciones de cualquier empresa, desvirtúa el concepto de regalías y de pago por el recurso del país.  Añadieron que los $187 millones, que destinará el gobierno al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), producto del pago anual de $375 millones a los que se comprometió la empresa, “es una burla considerando que dicho programa requiere aproximadamente $1,400 millones anuales para pagar las jubilaciones”.

En ese sentido, comparan los $375 millones propuesto por el estado anualmente con los $27,500 millones a los que asciende el presupuesto general del Estado y lo califican de “limosna”.

De acuerdo a un comunicado de First Quantum emitido el pasado 8 de marzo, el Contrato de Concesión Propuesto incluirá los siguientes términos económicos principales una vez que entre en vigor: Pago por parte de Minera Panamá de $375 millones más $20 millones adicionales para cubrir impuestos y regalías hasta el cierre del año 2022.

En el 2023 una contribución mínima anual de $375 millones en ingresos para Gobierno, compuesta por impuestos corporativos, retenciones fiscales y una regalía minera basada en las ganancias del 12 al 16 por ciento, con protecciones a la baja.

Por otro lado, protecciones a la baja a la contribución mínima anual bajo las siguientes condiciones: Hasta fines de 2025, cuando el precio del cobre esté por debajo de $3,25 por libra.

Desde 2026 y más allá, una contribución fiscal total para ese año de menos de $300 millones.

Finalizaron enfatizando que el tema ambiental quedó en segundo plano, a pesar de que el negocio depende de la naturaleza, pues la mina consume “más agua que el Canal”, según expresó Eugenio Stoute, quien añadió que “el ministro de comercio de Canadá declaró que el gobierno de China es inversor del 40% de First Quantum y no le pedirá que retire su inversión, porque sería crear inestabilidad en las empresas canadienses. La constitución de Panamá es clara en que no se pueden entregar concesiones ni dominios a estados extranjeros”.

Exigieron que se entregue el contenido del acuerdo; que se acojan para el análisis las propuestas de moratoria de la mina metálica a cielo abierto y que se inicie un plan de reemplazo de la actividad minera.