Docentes reclaman asignación del 5.5% del PIB

La Asoprof considera que el presupuesto otorgado al sector educativo este año no cumple con el 5.5% pactado en la Mesa Única del Diálogo 

El sector docente aglutinado en la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) reclama al gobierno el incumplimiento en la  asignación de fondos al sector educativo, tal como se había convenido en la Mesa Única del  Diálogo, que para este año se calculaba en 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB) basado en el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), y en 2024 sería del 6%.

Las cuentas para el gremio no cuadran. El profesor José Cambra se basa en el cálculo del  PIB de  2022, que ascendía a $66,785 millones  según lo presentado en julio del año pasado en la Mesa Única. Las matemáticas basadas en esta   cifra representarían unos $4,007 millones para el sector educativo, si se calcula en  un 6%, en cumplimiento con la ley 47 que establece dicho  porcentaje para el sector.

“Para julio de 2022, el INEC reportaba un PIB de $67,000 millones, y para octubre cuando la Asamblea de diputados daba aprobación al presupuesto oficial, la entidad reportaba un PIB de $72,000 millones”. Esa diferencia, la asignada al sector educativo en el presupuesto de 2023  que equivale a $3,084.9 millones en comparación  la que estiman los profesores basada en el 5.5% de $72 mil millones del PIB, que es de $3,960 millones, es la que motiva el reclamo.      

Cuando se aprobó el presupuesto en la Asamblea, en noviembre de 2022,  el MEF   indicó  haber asignado a Educación una cifra correspondiente al 5.7% del PIB, supuestamente superior a lo acordado en la Mesa Única para Educación pactada en 5.5% para  2023.

Pero los profesores no coinciden con el planteamiento y reclaman más fondos para cumplir con lo pactado.  No se cumple, según Cambra, desde hace años. Para ilustrar proporcionó un cuadro que especifica el monto del PIB de cada año y lo que supuestamente debe asignarse a educación según la ley 47, que asigna el 6%. 

En el caso del Ministerio de Educación (Meduca), el estimado inicial para la vigencia fiscal 2023 presentado por la ministra  Maruja Gorday alcanzaba $2,381.5 millones, de los cuales $1,810.7 millones se destinaban a funcionamiento y $570.8 para inversión. Sin embargo, los especialistas en planificación económica del MEF sugirieron $1,635 millones para funcionamiento y $208.6 millones para inversión. Una diferencia de $538 millones. Ahora bien, el concepto del PIB que se destina al  renglón educativo no se limita al Meduca, abarca también universidades estatales, el Ifarhu, y otras actividades culturales.

La suma, según Cambra, “es muy distante al estimado conservador usado por el MEF, de apenas $62,000 millones. Mientras más bajo el estimado, menos es el porcentaje asignado a Educación”.

Hay otro factor que incide en los cálculos de los docentes, el cambio de año base que publicó el Inec en febrero pasado. El ajuste del PIB  para este año fue de 75,600 millones tomando un crecimiento económico conservador del 5%.

Sin embargo, esta corrección del PIB no significa necesariamente que el gobierno tenga  más ingresos. Continúan las mismas falencias en la recolección de ingresos que antes. Los organismos internacionales estiman que la evasión fiscal en Panamá es del 7% u 8% del PIB, lo que se traduce en aproximadamente $5 mil millones.  

INGRESOS POR $1,250 MILLONES

Lo que sí se tiene contemplado el MEF este año es el pago de Minera Panamá acumulativo de dos años (2022 y 2023).  Cada uno al menos de $375 millones, de los cuales, por cada año se comprometieron $190 para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS). Esto suma $750 millones. Pero para disponer de este dinero es necesario esperar a que se ratifique el contrato en la Asamblea Nacional previo a un periodo de consulta popular.    

Además, espera el pago de aproximadamente  $550 millones de la Autoridad del Canal de Panamá por la adquisición de unos terrenos del  gobierno, transacción que no se logró concretar  el año pasado. Las tierras serán destinadas para el proyecto de “consolidación de áreas, protección de las fuentes de agua y conservación del medio ambiente en zonas del Canal”.

Los ingresos ‘extras’ del gobierno alcanzarían al menos  $1,250 millones que aún no se sabe cómo se distribuirán, excepto a lo referente al monto para la CSS.

Hay otro factor que sugieren los economistas al gobierno: evaluar el subsidio al combustible ahora que el precio del crudo de Texas ha retomado valores de 2018. El gobierno congeló el precio del galón de combustible en $3.25, un acuerdo que emanó de la Mesa Única del Diálogo momentos en que el barril superó los $120 y la gasolina parecía incomprable. Ayer el  barril  cerró en $67, acercándose a los precios de  cuando no existía subsidio.  

El aporte del gobierno en el renglón del combustible representa aproximadamente $50 millones mensuales del presupuesto, y otros $30 millones mensuales se asignan al Vale Digital, que hasta ahora mantiene el gobierno. Constantemente se escucha a los ministros la reducción de presupuestos ante la necesidad del gobierno en cubrir los subsidios. No obstante,  el Ejecutivo aún no ha adoptado una decisión al respecto.