Cholo Chorrillo contrata nuevo abogado

Se trata de John D. Kirby, profesional con 40 años de experiencia especializado en temas de narcotráfico 

Rubén Camargo, alias Cholo Chorrillo, exintegrante de la banda Bagdad extraditado a principios de marzo desde Costa Rica al estado de California, Estados Unidos, reemplazó a la abogada de oficio Julia Deixler, conocida por haber laborado en el Proyecto Justicia posterior a condena, por un especialista en temas de investigación de droga que promete desarrollar estrategias para que sus clientes, en caso de acuerdo con la fiscalía, eliminen o limiten el tiempo en prisión.

El cambio fue aprobado por el juzgado del Distrito Central de California el pasado 21 de marzo, sin embargo, después de la fecha el sistema judicial estadounidense no ha publicado nuevos movimientos.

El fiscal Benedetto Balding recopiló 13 eventos ocurridos entre octubre de 2017 y mayo de 2018 como parte de las evidencias que presentará en contra del panameño. Entre los cargos que pesan en su contra se menciona la conspiración -junto a otras personas- para distribuir internacionalmente cocaína y otras sustancias ilícitas en Estados Unidos.  

En la hoja de vida de Kirby, destaca su manejo en casos criminales en temas como inteligencia de carteles de drogas, tráfico o delitos por posesión de drogas, sin importar si se trata dé un cargo por primera vez o crimen organizado. Además, su experiencia como exfiscal ofrece áreas de práctica en delitos de cuello blanco, decomisos de activos o malversación de fondos. En el expediente de Camargo, la declaración jurada sobre sus finanzas permanece sellada al público.

Camargo permanece detenido sin derecho a  fianza y a su llegada fue alertado sobre los derechos legales que confiere el sistema con la ayuda de un intérprete en español.

El juez a cargo del juicio  de Camargo, programado para el próximo 25 de abril,  será Andre Birotte Jr., quien en el pasado se desempeñó como fiscal y en 2014 el senado lo ratificó en el cargo por decisión unánime. También formó parte de la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan donde representó a clientes acusados de delitos de blanqueo de capitales.