Crisis migratoria, cuando la diplomacia discrepa

En la reciente reunión trilateral surgieron ciertas diferencias concernientes a la información que deben intercambiar Colombia y Panamá en relación a la cantidad de migrantes que cruzan la selva darienita y los grupos delincuenciales que controlan territorios colombianos

En la reunión trilateral en la que participaron la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, y el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro N. Mayorkas, además de la intención de enfilar esfuerzos para controlar el tema migratorio, también se escucharon reclamos.

Una fuente del gobierno colombiano que habló con La Estrella de Panamá explicó que en el  encuentro del 4 de abril que se realizó en la Cancillería panameña, la delegación local expuso una serie de inquietudes a su contraparte colombiana que se había comprometido a cumplir según lo pactado un mes atrás, cuando los tres países se comprometieron a unir esfuerzos en materia de seguridad en las fronteras, y en el trayecto.  

Según conoció La Decana, en la cita se proyectó un video en el que se evidenciaban los abusos por parte del crimen organizado en el lado colombiano y al ingresar a territorio panameño, donde no se exime la presencia de estos grupos delincuenciales de origen colombiano.

La intención del video, según contó a este medio la fuente vinculada a la Cancillería panameña, era evidenciar las vulnerabilidades a las que se exponen los migrantes y la forma en cómo los delincuentes ‘venden’ una imagen del trayecto por el Darién totalmente distorsionada a la realidad. Engañan a los migrantes irregulares haciendo ver como si se tratara de un ‘paquete turístico’ indispensable en la ruta para llegar al Norte, cuando se trata de una de las rutas más peligrosas y arriesgadas por las que transitan los migrantes para llegar a Estados Unidos.

El desarrollo pudo generar algunas tensiones entre las misiones. A estos reclamos se sumó el de Panamá, que hizo un llamado a sus pares de Colombia “por no entregar a tiempo la información sobre la cantidad de migrantes que salen de ese país, pues por lo general, al llegar a Panamá se trata de una cifra superior a la que se reporta desde Colombia”, indicó una fuente colombiana relacionada al departamento de migración.

“El  representante (colombiano) quedó con un mal sabor porque hubo una cantidad de quejas que consideró que no corresponden a la realidad”, indicó la fuente colombiana que solicitó omitir su nombre.  La delegación colombiana también hizo énfasis en la falta de respuesta de sus homólogos a los reportes enviados, según la fuente se trata de cientos.

No obstante lo anterior, los tres países suscribieron el acuerdo y accedieron a todos los puntos planteados, además acordaron hacer público el comunicado conjunto.

Una de las explicaciones que podría justificar la diferencia en la cifra de migrantes que reportan los colombianos a Panamá puede tener origen en la porosidad de la frontera y el dominio que ejerce el crimen organizado en ciertas zonas fronterizas del lado colombiano.

Se trata de grupos criminales dedicados, entre otras actividades ilícitas, al tráfico de personas, un número gris no contabilizado por las autoridades. Esto altera la cantidad de personas que arriban al Darién y los números no cuadran.

Los reportes colombianos, aseguró la fuente de ese país,“se obtienen en los puntos de control migratorio y son los que registra Colombia y reporta a Panamá. Pero no son los únicos pasos, hay trochas y caminos irregulares donde no existe autoridad y se desconocen”.

El tema migratorio no ha dejado de ser noticia, especialmente este año cuando la cantidad de migrantes se acerca a 100 mil en tan sólo cuatro meses.

Una de las respuestas más inmediatas para desalentar la el paso por Darién es la divulgación de una campaña de los servicios de seguridad panameños con un mensaje  claro: Darién no es una ruta. Con ello pretenden no solamente disuadir a los interesados en llegar a Estados Unidos, sino proteger el 65% de la reserva natural panameña que conforma el Parque Nacional del Darién.  

Ante la situación de riesgo a la que se enfrentan los migrantes, y que aún no logran controlar los países de tránsito, los presentes exploraron la posibilidad de ofrecer rutas seguras. En el debate se habló, sin oficializar la idea como una postura de Colombia, que de existir un paso formal en la Panamericana entre Panamá y Colombia, podría cambiar la situación. Esto en otras palabras implicaría abrir el tapón del Darién, un tema altamente sensible para los istmeños y los gobiernos de turno, que por décadas, han optado por mantener la selva como una frontera natural entre ambos países.  

Del lado colombiano, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tienen el control de los territorios que comprenden la alerta temprana, es decir, los municipios de Acandí, Juradó y Unguía (Chocó), Necoclí y Turbo (Antioquia), que también son zonas de tránsito.El grupo en mención controla y regula las actividades de dichas comunidades. Además, estos territorios les sirven para la siembra y procesamiento de cocaína, restringiendo el libre movimiento de la población.

Los migrantes que buscan pasar a la frontera colombo-panameña se enfrentan a esta situación, así como afecta de igual forma a la población local. Así lo publicó un reporte de las Defensorías panameña y colombiana recientemente en el informe Alerta Temprana Binacional en relación con la vulneración de derechos de migrantes y población.  

En Panamá, los puntos de mayor impacto se concentran en los distritos de Pinogana y Chepigana, en Darién, por los que transita la población migrante que se ve expuesta a la delincuencia local. El trabajo ha identificado efectos de expansión transfronteriza del conflicto armado no internacional de Colombia y han observado entornos propicios para la delincuencia local que a futuro puede organizarse en Panamá para ser catalogado como crimen organizado. Las Defensorías también prevén que los grupos armados organizados, como el Gaitanista, podrían accionar en Panamá mediante la formación y abastecimiento de armas con el fin de generar un entorno favorable para desplegarse sin mayor tropiezo y articularse con mercados internacionales ilícitos asociados al narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas, entre otros.

A pesar de las diferencias que pueden surgir en el intercambio de información, la gran preocupación de Panamá y Colombia, se centra en cómo regular el flujo de personas, pues son conscientes de que el fenómeno no se detendrá.  Siempre habrá una nacionalidad con necesidad de emigrar a otro país. Por lo que lo único que se puede hacer y convenir entre los países es regular la cantidad.

No obstante, la fuente colombiana que habló con La Estrella, enfatizó que la iniciativa sobre la cantidad o cuotas, debe provenir de un acuerdo de la región latinoamericana.

Recordó que se ha convocado a una reunión en México, aún sin fecha definida, para consensuar cómo se va a regular el flujo y la corresponsabilidad de los estados para obtener un apoyo de los países de destino, que son Estados Unidos o Canadá.

Al final de la reunión las tres delegaciones convinieron en próximos encuentros para afinar las cifras.

Fuentes panameñas vinculadas a migración  explicaron a este medio que las vía segura consiste en incentivar las rutas aéreas, que permitan la expedición de  visas por los canales regulares. De lograr establecer cuotas en los destinos y cumplirlas, automáticamente impactaría tanto en los países de tránsito, aunque durante la reunión en mención no se detalló qué países tendrían cuotas.