Precandidatos se muestran a favor de la quinta papeleta

La intención es consultar al pueblo si quiere una reforma a la Constitución. Cinco precandidatos dieron su opinión ante la intención de un grupo de ciudadanos que solicitó al Tribunal Electoral incluir la pregunta en las elecciones de mayo 2024

Algunos candidatos acarician la idea de la quinta papeleta como una vía para reformar la constitución.

La inclusión de una quinta papeleta en las próximas elecciones, como parte de la consulta al pueblo de si desea o no una nueva constitución, la apoyan al menos cinco precandidatos a la presidencia de la República: José Isabel Blandón del Partido Panameñista; Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino, Eduardo Quirós, Katleen Levy y Francisco Carreira, precandidatos por la libre postulación. Aunque a criterio de éste último el hecho de incluir la papeleta “no resolvería nada porque la mayoría sabe que necesitamos una nueva constitución, el tema es que exista un compromiso de hacerlo”. A su entender, la papeleta no vincularía a nadie. Lo califica como un “termómetro cuyo resultado no es obligatorio para nadie”.

Blandón acaricia la idea de la quinta papeleta como una vía para reformar la constitución. Lo ha mencionado en varias ocasiones en el pasado. Quirós, por su parte, dijo estar de acuerdo con la idea porque “brinda  el derecho al pueblo de expresarse”. “La cura para los males de la democracia es más democracia”, aseveró.

Un principio muy parecido es el que motiva al precandidato Lombana. "Sí estamos de acuerdo con la inclusión de una quinta papeleta para que sea el soberano, el pueblo panameño, el que decida si quiere o no una nueva constitución", señaló a La Estrella de Panamá.

Levy, a pesar de coincidir con la idea, tiene sus reservas. “Parece que la Asamblea no quiere que esto se convierta en una realidad”. Además, “hay preocupaciones de que esto pueda generar inestabilidad en la economía ya golpeada. A pesar de todo, creo que es necesario aprobar esa ley, ya que parte de la corrupción radica en tener demasiado poder en un órgano que no está conectado con los ciudadanos”, expresó con cierto recelo a que se convierta en una realidad.

El tema aún no es analizado por el resto de los aspirantes que quedaron en enviar su respuesta a este medio.  

La necesidad de modificar la Carta Magna se ha expresado sin cesar desde 1984. Como recuerda Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral, desde esa fecha se han efectuado reformas puntuales a la constitución, más no un examen total del contenido.

Tan pronto se aprobó aquél paquete de reformas constitucionales, ya surgían voces que pedían revisar, una vez más, de forma íntegra la constitución.  

En esta ocasión, y bajo la coyuntura de las elecciones generales en mayo 2024, el denominado ‘Grupo de los siete’, integrado por ciudadanos interesados en la situación del país, presentó al Tribunal Electoral la petición formal de incluir una quinta papeleta en la votación de mayo de 2024.

Este medio conoció que la iniciativa se encuentra bajo revisión del equipo legal del Tribunal Electoral del cual se espera que presente un informe para ser sometido a discusión en el Pleno durante los próximos días.

Ahora bien, de ser un acto jurídicamente viable, el Tribunal Electoral tendría que analizar si cuenta con el presupuesto y analizar la conveniencia o no de incluirla.

Es decir, que al haber iniciado el proceso electoral se debe considerar si es posible alterar las reglas para incluir la papeleta y el tema. De ser positiva la decisión, requeriría de una modificación al Decreto General de Elecciones. En el orden práctico, señala Guillermo Márquez, no debe tener ningún problema mandar a imprimir una nueva papeleta y someterla a consulta.

Las reformas a la Constitución siempre han sido un tema que enciende el debate en Panamá. Pero por lo general la opinión pública se divide en cuanto al posible método a seguir. En una medición efectuada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en 2019, el 82% de la población manifestó la necesidad de reformar toda o algunas partes de la carta magna, según la encuesta sobre las reformas constitucionales.  No obstante, esa misma encuesta reflejó una enorme desconfianza en cuanto a los actores que protagonizarían el proceso de reformas.

Carlos Lee, integrante del grupo que impulsa la quinta papeleta, no tiene dudas sobre en quién debe recaer la responsabilidad de la redacción. Lo primero, dice, es cómo se formula la pregunta en caso de que la población acepte una constituyente. Luego, entender que de estar de acuerdo, sería un mandato para el gobierno entrante convocar a este proceso. “En un periodo de seis meses debe hacer los trámites para que el Tribunal Electoral llame a una elección de constituyentes. Una vez definidos, surge un plazo de otros seis meses para que presenten sus propuestas”, dice.

Para Lee no hay apellidos para este proceso, es una constituyente, o lo que en otras palabras se conoce como originaria.

“Claro está que es un riesgo que algunos dicen que puede salir un monstruo. Pero somos optimistas en que debe ser mejor de lo que está ahora”, manifestó el abogado  Jorge Gamboa, también parte de la iniciativa de la quinta papeleta.

El movimiento pretende  presentar un trabajo elaborado y consensuado con diferentes grupos de la población, sobre lo que debería contemplar la constitución.

UNA MIRADA DA A LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES 

Desde 1983 no se hace una reforma integral a la Constitución, aunque se han efectuado cambios puntuales.

El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, conversó con La Estrella de Panamá sobre los cambios a la Constitución y algunos de sus contenidos en las décadas recientes.

Recordó que el 11 de octubre de 1972 se aprobó una constitución muy “cuestionable”. La acción estuvo a cargo de la Asamblea de Representantes de Corregimiento, que no existía hasta antes de esa fecha. Pero según Márquez se efectuó una elección como si existiera para escoger a los miembros, y una vez electos, aprobaron la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento.

En 1977, después de que se firmaron los Tratados Torrijos-Carter del Canal de Panamá, el presidente estadounidense, Jimmy Cárter insinuó al general Omar Torrijos que veía con buenos ojos que la organización política panameña fuera más democrática.  

Para la fecha no existía una Asamblea Nacional que aprobara leyes, y tampoco los miembros del Órgano Judicial eran aprobados por representantes del pueblo, entre otros puntos. Así que se dispuso abrir el compás para migrar un poco a un sistema más democrático. Se levantaron las restricciones para que los panameños radicados en el extranjero pudieran regresar a casa bajo la garantía de que no serían encarcelados. Al mismo tiempo se hicieron reformas a la Constitución para eliminar la elección indirecta del presidente, porque hasta ese momento lo elegía la Asamblea de Representantes y no el voto popular. También se estableció una Asamblea Nacional que al principio fue integrada por representantes de corregimiento y a partir de 1980 se eligieron dos legisladores por provincia.

En 1983 el general Rubén Darío Paredes, comandante en jefe de la Guardia Nacional, convocó a un grupo de partidos políticos de todos los sectores y constituyó un grupo versado en temas constitucionales que elaboró un proyecto que pudiera modificar la constitución. Se propuso, por ejemplo, cómo se integraría la Asamblea Nacional y la fiscalización de la actuación de las autoridades nacionales. En el proyecto elaborado por esa comisión se habló de la elección de los diputados por provincias. Esto, según el entrevistado, “no fue del agrado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que impulsó el cambio para escoger legisladores por circuitos, y no por provincias.  

Después de ese año se modificó se modificó la constitución en 1994, luego de que en 1992 se rechazaran los cambios en un referéndum durante el gobierno de Guillermo Endara (1989-1994). La objeción popular fue por un margen amplio, motivada en que en lugar de revisar la constitución en su totalidad, se referían a 56 artículos.

En 1994 se aprobaron normas sobre la fuerza pública que mantenía facultades muy amplias en la constitución.  

En 1999, se añadió un título que separaba al Canal de Panamá del resto de la administración pública.

En 2004 se volvieron a hacer reformas por el mecanismo de dos Asambleas. En el gobierno de Mireya Moscoso del entonces Partido Arnulfista,  (1999-2004), el partido oficialista y miembros del PRD redactaron los cambios. En opinión de Márquez fueron malos. Hasta ese momento la inmunidad de los diputados sólo se levantaba por ellos mismos. Pero se estableció que la Corte Suprema de Justicia debía levantar la inmunidad a los diputados, investigar y juzgar, y viceversa.  

Hasta ese momento, nadie podía ser electo si tenía antecedentes de delitos contra la Administración Pública o electoral. Pero la Asamblea decidió sustituirlos por delito doloso con pena privativa a más de cinco años de prisión. 

En 2011 el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) convocó a una junta de notables que se abocó a estudiar la posibilidad de cambios constitucionales. Propuso reformas a más de 500 artículos. No faltaron las voces que criticaron su extensión. No tuvo éxito.

En 2019 el presidente electo Laurentino Cortizo pidió a la mesa de concertación un trabajo de revisión y después lo entregó a la Asamblea. La Asamblea presentó el documento para hacer amplias consultas y se desataron varias protestas. Cortizo decidió retirar el proyecto.