Apelan condena contra funcionarios judiciales

La apelación es del abogado de una de las funcionarias del Órgano Judicial sentenciada a 72 meses por el supuesto pago a cambio de conceder favores a personas dentro de procesos penales y compra de jurados de conciencia 

El despacho legal Herrera Morán y Asociados apeló la condena mixta emitida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en contra de su defendida Ana Angélica Barsallo y otros sindicados, por la presunta comisión de delito contra la administración pública proferida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.

El conocido caso nació por una denuncia que presentó  el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, quien acusó sobre el cobro de dinero por parte de funcionarios del Segundo Tribunal a cambio de conceder supuestos favores a personas dentro de procesos penales que se ventilaban en esa sede, incluyendo medidas cautelares, detención preventiva, libertades provisionales y caudernillos de incidentes. Estos últimos estaban a cargo de uno de los conductores que a su vez se encargaban de las notificaciones de dicho Tribunal en 2014.

Además, se descubrieron pagos a jurados de conciencia a cambio de absolver a imputados en casos de homicidio.

La sentencia mixta condenó a siete funcionarios del órgano judicial a 72 meses de prisión, entre ellos a Barsallo, además de otras 12 personas  condenadas a 45 meses de prisión que actuaron como jurados de conciencia.

Para recabar la información los investigadores escucharon por dos meses las conversaciones telefónicas, y leyeron los chats de los implicados, especialmente de los funcionarios judiciales. Los siguieron y vigilaron por espacio de tres meses para conocer sus movimientos, reuniones, los carros en los que se movían y las organizaciones a las que hacían supuestos favores. De igual manera recabaron testimonios de los jurados de conciencia.

Los cargos contra los funcionarios, que van desde escribientes como Barsallo, así como notificadores, estenógrafa, conductores, entre otros, son por corrupción de servidores públicos en perjuicio del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

La investigación de la fiscalía detalla que la red de corrupción en la que presuntamente participaban los funcionarios del Órgano Judicial tenía una función específica en cuanto a la logística de la búsqueda de transporte y compra de jurados de conciencia que favorecieron a sindicados a cambio de dinero. Los pagos, según el fallo, oscilaban entre $150 a $300.

En el caso particular de Barsallo, cuya sentencia fue apelada por el abogado Carlos Herrera Morán, la fiscalía halló en su móvil fotos que supuestamente demuestran que mantenía una estrecha relación con funcionarios del Órgano Judicial de quienes conseguía información, como Blas Macre, condenado tras declararse culpable del delito de corrupción de servidores públicos. Los detalles de la conversación entre ambos detalla cómo Macre pasaba información a Barsallo, quien su vez, solicitaba aguantar la divulgación del auto por un tiempo determinado pagando supuestamente $500 a la persona responsable.

La investigación define que Barsallo participó de manera voluntaria y personal en la venta de fallos.  

En la apelación, Morán argumenta que la sanción contra su cliente corresponde a un delito distinto al solicitado por el Ministerio Público.

En su defensa, el abogado explica que Barsallo era la escribiente del juzgado, no la persona que fijaba las fechas de audiencia, o tomaba decisiones dentro de los procesos y que jamás recibió dinero por ejecutar sus funciones.  

Por lo anterior, además de otros argumentos, el jurista solicitó que se dicte absolución a favor de su cliente o que si encuentran un hecho punible, se modifique la sentencia por el delito que solicitó la fiscalía (el 345 y no el 346 del Código Procesal Penal).

En el caso de los jurados de conciencia, Roberto Camarena, cuya versión es muy similar al resto de los entrevistados por la fiscalía, contó que una persona se presentó en su trabajo como funcionario judicial y le explicó que el caso para el cual iba a ejercer como jurado era de un homicidio en el que uno de los involucrados era familiar de una amiga de él.

La persona le  entregó un dinero y le dijo: “ahí tienes para la soda”, por lo que procedió a meterlo en su bolsa y revisó la cantidad. Luego abordó un busito que lo llevó a la audiencia, firmó la boleta que decía jurado de conciencia y entró. Al momento de deliberar nunca supo quiénes eran las personas, ni quién quedó libre.

En las transcripciones de las conversaciones telefónicas, la fiscalía intentó probar la vinculación entre los jurados de conciencia y los funcionarios del Órgano Judicial. La forma en que escogían y buscaban a los jurados para distintas audiencias, los sobornaban y los transportaban a las audiencias.

Con respecto a las fianzas o medidas cautelares, uno de los imputados reconoció que pagó por resoluciones que concedían fianzas y medidas cautelares en diferentes despachos de los ocho magistrados del Segundo Tribunal.

Añadió que “muchas veces salían fianzas o medidas cautelares en las cuales había funcionarios dentro del departamento de Descongestión que se adelantaban y cobraban el pago entre estos”.

La sentencia mixta de Fernando Basurto, juez segundo liquidador adjunto de causas penales fue emitida el 11 de mayo pasado.