New Business, los tiempos judiciales y electorales

El resultado de la audiencia del caso New Business que inicia mañana será clave para el expresidente Ricardo Martinelli y precandidato a la Presidencia. Imputado por blanqueo de capitales, su equipo de abogados recurrirá a un abanico de recursos legales para dilatar la audiencia y ganar tiempo en el calendario electoral

A partir de mañana, y por espacio de 10 días hábiles, se desarrollará en el Juzgado Primero Liquidador a cargo de la juez Baloisa Marquínez, la audiencia del caso New Business en el que se imputó por el presunto delito de blanqueo de capitales - tipificado por ley entre 5 y 12 años de cárcel - a 20 personas, entre ellas al expresidente Ricardo Martinelli.

Para el exmandatario (2009-2014), que aspira a convertirse una vez más en presidente de la República como candidato de su plataforma política, Realizando Metas, el resultado de este juicio es clave para su agenda política de 2024.  

En caso de que la juez determine su culpabilidad, el fallo seguramente será apelado ante el Segundo Tribunal de Justicia y de confirmarse la decisión y ser apelada nuevamente será la Corte Suprema de Justicia la que resuelva el recurso decasación. Estos tiempos judiciales pueden ser determinantes para que su nombre aparezca en la papeleta el próximo mayo de 2024.    

En este contexto, la defensa de Martinelli, y del resto de los imputados - la mayoría empresarios - ejercerá  todo lo que esté a su alcance para evitar un veredicto de culpabilidad en primera instancia, o en el escenario más inmediato, suspender o aplazar la audiencia.

La primera acción lógica de los juristas del exmandatario  será presentar todos los recursos legales posibles para dilatar el juicio. Hasta ahora el Órgano Judicial aseguró a La Estrella de Panamá que la juez cumplió con la notificación a todas las partes, y que se encuentran preparados para realizar la audiencia de fondo. De igual forma, en noviembre pasado cuando se celebró la audiencia preliminar, designó defensores públicos alternos a fin de garantizar el derecho a la defensa, en el evento que no comparezcan los defensores técnicos particulares.    

En noviembre la defensa del expresidente logró aplazar la fecha de juicio gracias a dos recursos, una recusación contra la juez y una incapacidad médica. No obstante, la plenaria que debe iniciar mañana no contempla más aplazamientos.

Es posible que la estrategia del equipo legal del exmandatario presente una incapacidad médica a raíz de una cirugía de columna a la que fue sometido la semana pasada y que aún lo mantiene en recuperación. Un hecho del que el expresidente se cercioró en comunicar a la opinión pública a través de sus redes sociales en las que publicó imágenes cuando estaba por ingresar a la cirugía y después mostró los fragmentos del disco dañado que le fueron reemplazados.  

En dado caso, la juez deberá decidir si continúa la audiencia de fondo sin la presencia física de Martinelli considerando pero representado por Luis Eduardo Camacho hijo, apoderado principal en el caso.  

En esta misma línea su abogado, quien no pudo responder a este medio inquietudes por encontrarse ‘indispuesto’, echarán mano de una infinidad de recursos legales tan amplios como la creatividad y el conocimiento de su equipo legal.

Pero, además de la estrategia de la defensa de Martinelli, los abogados de los 19 imputados restantes harán lo propio actuando en base  a sus propios intereses legales.

El tiempo que tome a la juez resolver todos los recursos, o en dado caso el lapso que requiera un tribunal superior, puede permitir a Martinellli flexibilizar los tiempos judiciales para afianzar su participación electoral y, en caso de recibir un veredicto desfavorable en primera instancia, que el lapso de las apelaciones eviten que su inhabilitación electoral el 31 de diciembre, fecha en que el Tribunal Electoral debe anunciar en firme todas las postulaciones y proclamaciones.

En medio de las predicciones sobre lo que pueda ocurrir en el juicio, también hay quienes calculan los tiempos políticos frente a la velocidad en que se va a desarrollar el caso en los tribunales de primera y segunda instancia, hasta la casación.

Antes de que finalice el juicio, programado hasta el 5 de junio, se cruza la fecha de las primarias presidenciales de RM estipuladas en el calendario electoral el próximo 4 de junio, en las que Martinelli no tendrá problema en confirmar su candidatura presidencial.

De ahí en adelante lo que resta en el calendario para los colectivos en general, es formar alianzas en septiembre e inscribir la nómina presidencial ante el Tribunal Electoral que deberá confirmar las postulaciones el 31 de diciembre próximo.

Luis Eduardo Camacho, leal amigo y vocero del expresidente, avanzó a La Estrella de Panamá que en la campaña ya analizan el perfil de varios candidatos que puedan ocupar el cargo de vicepresidente. El perfil, sin duda, es que sea  una persona que brinde confianza a los diferentes sectores de la sociedad, según la descripción de Camacho.

“No buscamos a alguien mayor que Ricardo Martinellli, en lo personal no me interesa si es hombre o mujer, sino la capacidad que tenga. Aunque la gente no vota por los vicepresidentes, sino por los presidenciales”, reconoce Camacho.

La gran pregunta es si existirán los tiempos jurídicos para inhabilitar a Martinelli. Para ello Camacho ya advierte que si arbitrariamente se alteran los tiempos judiciales, no van a enfrentar la lucha legalmente, sino con protestas en las calles.  “Si lo quiere interpretar el gobierno o la Corte como una amenaza, pues que lo interpreten así”, exclamó Camacho.

En el caso en que se declare culpable al expresidente en la última instancia judicial antes del 31 de diciembre, el Código Electoral estipula que su suplente asumirá el cargo principal, pero aparecerá sin suplente en la papeleta.

 Camacho asevera que sus seguidores “van a hacer todo lo que esté alcance”, para defender al expresidente. “Cuando digo todo, no excluyo nada”, asegura.  

El leal amigo del expresidente no sólo se refiere al abanico de recursos legales al alcance de la defensa, sino trasladarlo a otro escenario, al político.

El caso New Business se remonta a marzo de 2017, luego de una investigación de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada que identificó la compra de las acciones de Editora Panamá América mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales.

Recientemente el Tribunal Superior de Causas Penales admitió una prueba documental y 11 testimoniales, pero también rechazó una advertencia de inconstitucionalidad.

El Ministerio Público realizó una serie de actos de investigación en los que obtuvieron información bancaria que detalla el uso de una cuenta bancaria offshore para recibir y agrupar dinero cuya procedencia estaba relacionada con actividades vinculadas a delitos Contra la Administración Pública, con el fin de disimular el presunto origen ilícito del dinero, fueron adquiridas un grupo de empresas, entre ellas, medios de comunicación.

En esta operación financiera, de acuerdo a la entidad, se  identificó dinero del Estado que ingresaba de manera inusual al sistema financiero, para luego distribuirlo entre otras personas naturales y jurídicas que finalmente se agruparon para integrar el dinero de la compra de esas empresas. Este proceso, de acuerdo a la Fiscalía, cumplió con las fases que se utiliza para el delito de Blanqueo de Capitales que se resumen en la colocación, estratificación e inversión.

Según la fiscalía, entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, se logró recolectar la suma de $43,912,828 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.

En el desarrollo del proceso, el Estado ha logrado la recuperación, mediante esta investigación, de aproximadamente B/.9,200.000.00 en acciones, las cuales están en manos del Tesoro Nacional.