Sólo 5% de los estudiantes que aplicaron para la idoneidad de derecho pasó el examen del ISJUP. Entre las razones del fracaso señalan preguntas confusas y falta de herramientas. Dicen sentirse como ‘conejillos de indias’
Desde la implementación de la ley 350 que regula la profesión de la abogacía aprobada en octubre de 2022, para ser abogado cada aspirante deberá aprobar este examen, además de contar con el título de licenciatura de la universidad correspondiente.
¿Qué pasó con el resto? ¿por qué no lograron la calificación de ‘aptos’?
Los estudiantes que conversaron con La Estrella de Panamá alegaron que las preguntas fueron confusas, especialmente las de opción múltiple. Añadieron que estaban mal redactadas, que permitían al estudiante escoger bajo mejor criterio y no en base a algo objetivo, lo que hacía casi imposible de escoger la respuesta correcta, además de que no contaban con la información correcta para ofrecer una respuesta coherente.
Antes de la fecha del examen, los estudiantes debieron tomar un curso de 40 horas, presenciales o virtuales dictadas por diferentes profesores del ISJUP, además de 120 horas asincrónicas como parte de la preparación para aprobar la prueba.
No obstante, los jóvenes egresados de diferentes universidades sienten que se actuó de forma engañosa y con la intención de “dejar un precedente de que la educación de ciertas universidades no es buena” o que no cuentan con las competencias necesarias para ejercer la profesión, tal como lo describió una estudiante que dirigió una nota a la profesora Denia Pérez De León del ISJUP, en la que detalló lo que a su criterio ocasionó que la gran mayoría de los alumnos fracasara.
Una sección, la de pareo, “no permitió utilizar herramientas para contestar adecuadamente porque nadie va a memorizar la información contenida en una ley o código a menos que sea su práctica”, se lee en la nota. Esta parte del ejercicio pretendía que el estudiante empatara un extracto de texto con la ley o código al cual corresponde. A esta sección se le denominó “trabajo escrito” y contemplaba un 25% del total del puntaje.
Los estudiantes que no lograron una calificación óptima podrán intentarlo una vez más el próximo 5 de agosto, o cuantas veces sea necesario ya que la ley no establece un límite.
Otro de los consultados dijo que el contenido que entregó el ISJUP fue muy amplio. “Pasaron material como si fueran tres cuatrimestres o más, muy extenso para un mes de preparación”, indicó solicitando no ser identificado.
La experiencia causó indignación. “Estamos bastante consternados porque ahora se ha vendido en los medios de comunicación y redes sociales que somos incompetentes, cuando sabemos perfectamente que cada uno de los puntos expuestos fueron la realidad que tuvimos que asumir y eso sin detallar más”, se lee en la carta de observaciones escrita por la estudiante.
“La implementación de la nueva ley de abogacía es un desastre. El acuerdo está mal y la implementación del instituto estuvo peor”. indicó el estudiante que no aprobó el examen. Añadió que durante el curso se les indicó que la participación, las asignaciones y la participación en clase serían tomadas en cuenta a la hora de la evaluación, “pero después no fue así, solamente consideraron el examen, me engañaron”, sentenció.
Otras preguntas carecían de la puntuación indicada en el uso de comas y puntos, lo que según los alumnos dificultaba una adecuada interpretación de la interrogante. “Hacían dudar de la pregunta y de la respuesta”, escribió la estudiante en la nota.
Los alumnos se sienten los ‘conejillos de indias’ por ser el primer grupo que debe cumplir con este requisito para adquirir la idoneidad luego de la implementación de la ley 350.
La prueba no consiste en una evaluación sobre la profundidad de conocimientos académicos, sino que enmarca una serie de presupuestos mínimos de todas las regulaciones que aplican a los abogados en su ejercicio. Deben responder, por ejemplo, el procedimiento por faltas a la ética, un catálogo de conductas del derecho. De acuerdo al presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, la prueba está enfocada en aspectos éticos que tienen que ver con la ley de la abogacía, el ejercicio y las sanciones, para lo cual se requiere preparación y concentración.
Por ejemplo, una pregunta de opción múltiple consistía en identificar los principios consignados en el Código de Ética Judicial. Las respuestas eran: La templanza, tolerancia y la independencia e imparcialidad. La segunda opción señalaba la prudencia, diligencia y honestidad, mientras que la tercera respuesta aducía a la responsabilidad social, independencia e imparcialidad.
Al ser el primero, por la reciente implementación de la ley 350, el Colegio Nacional de Abogados esperaba que fuera un cambio de cultura y que se imponga la diferencia entre el título universitario y la idoneidad, que requiere dedicación.
No se trata de una evaluación destinada a encontrar insuficiencias académicas, sino a asuntos éticos que debe tener un abogado en el ejercicio. “Como es el primer examen a la luz de la ley 350 vale la pena preguntarse los mecanismos internos de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, si existe otra forma de redactar las preguntas como para dar algún tipo de mérito a los que no aprobaron”, indicó el presidente de los abogados Juan Carlos Araúz.
Este medio consultó a la CSJ al respecto pero quedó en espera de una respuesta.
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