Martinelli, condenado por lavado de dinero

El expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 128 meses, según la sentencia de la juez Baloisa Marquínez, quien abrazó la teoría de la fiscalía sobre la compra de un medio escrito con dinero proveniente de contratos estatales manejados de forma irregular 

El expresidente Ricardo Martinelli, aspirante a la presidencia de la República para un segundo mandato, fue condenado a 128 meses de prisión (10 años y ocho meses) por el delito de blanqueo de capitales en calidad de autor intelectual por el caso conocido como New Business, sociedad canasta empleada para colectar fondos procedentes de contratos estatales manejados de manera irregular para la compra de un grupo editorial.  

El fallo mixto de la jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales es el primero que condena a un expresidente del país por un delito doloso. Aunque el documento no precisa la inhabilitación de las funciones públicas, la Constitución señala la prohibición al cargo para quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más.

La juzgadora también sancionó a Martinelli con el pago de $19,2 millones como pena accesoria por la compra del grupo Editora Panamá América (Epasa), el conglomerado de tres medios escritos que adquirió en diciembre de 2010, a través de interpuestas personas  con dinero procedente de la comisión de delitos contra la administración pública.

“Un delito continuado por su participación personal, directa y a través de otras personas, tipificado en el artículo 254, que establece la pena de cinco a doce años de prisión”, justifica la sentencia de prisión.

Marquínez señaló que uno de los delitos cometidos por Martinelli, y las otras cuatro personas que recibieron penas de entre 60 a 96 meses de prisión, fue encubrir el dinero ilícito proveniente de fondos del Estado en diferentes tiempos pero con el mismo propósito, que fue asegurar la compra de Epasa mediante dinero “originado de delitos contra la administración pública”.

Los hechos se consumaron cuando Martinelli “podía ejercer control y manipular a personas que debían ser garantes del sistema financiero, así como beneficiar y presionar a aquellas empresas que poseían contratos de obras públicas para que accedieran al pago de comisiones que  serían usadas para la compra del medio de comunicación y la cancelación de facilidades crediticias de terceros”, sustentó la juez.

De igual forma ordenó la disolución de las sociedades Inmobiliaria TPA, S.A., tenedora de los terrenos donde se encuentran las instalaciones de Epasa, y la sociedad TPHC, INC, propietaria del 100% de las acciones, que permite el control operativo y administrativo de la editora.

Adicionalmente solicitó el comiso de las acciones de Epasa a favor del Estado.

En este sentido las sociedades anónimas que se emplearon para la estratificación del dinero no tenían ninguna relación comercial o contractual, lo que para la juzgadora fue un indicio de la planificación que emplearon los acusados para cometer el delito.

De esta forma se planificó el delito que permitiría la colocación del dinero dando una apariencia de una transacción habitual respaldada por créditos  y el uso del factoring, lo que ayudó a ocultar dichas transacciones con mecanismos ilícitos en el sistema financiero, y de forma dolosa se violaron los procedimientos de control que establece la prevención de blanqueo, determinó la juez.

Para la juez quedó debidamente demostrado que Martinelli estuvo detrás de un grupo de personas interesadas en la compra del medio de comunicación, establece en la sentencia mixta N°2 del 17 de julio de 2023.

Se demostró además que mantenía una participación accionaria del 60% a través de la sociedad Corporación Multimedios.  Esto, sumado a que su defensa admitió que realizó aportes personales.

Martinelli – según uno de los testigos protegidos que contó detalles de las transacciones a la fiscalía– mantenía mucha emoción con la posibilidad de adquirir la editora.  El exmandatario, narraba el testigo, decía que sería un “home run”, “un gran slam” la adquisición de los medios. Y  “hacía gestos como si fuera un pelotero con un bate pegándole a la bola, explicando la importancia para él y su gobierno de tener un periódico”, según palabras del testigo.  Para Martinelli tener  medios de comunicación en un gobierno era importante y más aún a la salida.

EN LA CARRERA 

Lo anterior, no obstante, no trunca las aspiraciones políticas de Martinelli.

La apelación de la defensa espera la decisión del Segundo Tribunal de Justicia donde nadie se atreve a pronosticar el lapso que demorará el veredicto. El tiempo favorece al expresidente, pues a más tardar el 31 de diciembre las postulaciones presidenciales deben estar en firme. Si en esa fecha el proceso judicial no ha concluido, el aspirante podrá aparecer en la boleta de votación.

En caso de que el Segundo Tribunal confirme la decisión de la juez Marquínez, la defensa aún tiene un paso más por extinguir, acudir a la casación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia que puede admitir el recurso, analizarlo y fallar, o de plano no admitirlo.

HABLA LA DEFENSA 

El equipo de abogados de Martinelli citó a una conferencia de prensa en la que argumentó  reiteradas violaciones al proceso, entre ellas, que testigos protegidos y ordinarios no comparecieron al juicio y por tanto cercenó el derecho al contra interrogatorio, entre otros.

La juez impuso una multa de $100 a casi una veintena testigos que desobedecieron la orden de comparecer en el juicio que se desarrolló del 23 de mayo al 9 de junio pasado.

“Es lamentable el manejo que se ha dado a la figura de testigos protegidos y homologación de acuerdos que incluso han usado han sido valorados contrario a derecho”, dijo el defensor del expresidente Carlos Carrillo.

Insistió en que el expresidente fue deportado de Estados Unidos para responder ante la justicia panameña por el caso ‘pinchazos’ bajo el principio de especialidad, del cual salió absuelto.

Carrillo insistió en que en la venta de la editorial no se hizo ni se negoció con su representando y lamentó que  se  afecte a una empresa que no formó parte del proceso. “En ningún momento - Epasa - fue citada o compareció al proceso”, dijo.  

El abogado calificó de desproporcionada la multa contra su cliente, ya que a su criterio  ni siquiera guarda relación con los montos que aportó el expresidente para la compra de Epasa.

Martinelli aún tiene otro caso sobre sus espaldas, las coimas de la constructora Odebrecht que debe efectuarse en el mes de agosto como primera fecha, o en septiembre como fecha alterna. En este proceso también está acusado por el delito de blanqueo de capitales. Se trata de una de las investigaciones más extensas que jamás haya efectuado el Ministerio Público que consta de más de un millón de fojas. Las coimas de la constructora también alcanzaron al expresidente Juan Carlos Varela. Ambos, junto a exministros, políticos y abogados, acusados por el mismo delito.

ANALIZA APELACIÓN 

Por su parte, Emeldo Márquez, Fiscal Superior Especializado contra la Delincuencia Organizada se mostró satisfecho por las sentencias emitidas contra cinco imputados.  

No confirmó si apelará el fallo, pues antes  revisará la sentencia que consta  de 306 páginas  para considerar si es necesaria o no la apelación, tomando en cuenta que la juez absolvió a 10 personas, tres de las cuales habían sido solicitadas por la fiscalía en los alegatos finales.

Márquez tiene dos días para anunciar el siguiente paso.

CONTEXTO

Epasa, que edita tres diarios de circulación nacional, fue adquirida a través de una sociedad canasta denominada New Business que condensó el dinero  procedente de contratos estatales. Las transacciones  - según la fiscalía – se ejecutaron mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas naturales y jurídicas que realizaron maniobras de estratificación financiera para colectar en dos semanas de diciembre de 2010 $43.9 millones en la cuenta bancaria de la sociedad New Business.

El fallo estableció que en las transacciones financieras para la compra de la editora, a través de la cuenta New Business, evadieron los mecanismos de control del sistema bancario y financiero, una actuación que proviniendo del funcionario de más alto rango del Estado afecta la sociedad y la imagen internacional del país. En sus argumentos del fallo de caso New Business, Marquínez aseguró que se probó que las acciones del ex mandatario panameño estaban dirigidas a la adquisición del medio de comunicación con fondos provenientes del Estado, que han sido cuantificados en $9.6 millones ocultándose el beneficiario final y mayoritario de las acciones.