El expresidente Juan Carlos Varela es 'inelegible' para entrar a Estados Unidos, así como sus familiares inmediatos, tras haber sido calificado por el Departamento de Estado en actos de corrupción significativa
El Departamento de Estado, a través del secretario Antony Blinken designó al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) como “inelegible para entrar a Estados Unidos por su participación en actos de corrupción significativa”, se lee en un comunicado emitido por la entidad.
Durante su mandato como vicepresidente y (2009-2011), luego, como presidente de Panamá, Varela aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales”, describe el aviso de prensa.
En el tiempo que ubica la nota de prensa a Varela, como vicepresidente durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) -quien también fue declarado en enero pasado como una persona “corrupta” por el gobierno estadounidense- la constructora brasileña se llenó de contratos para la construcción de obras que podían alcanzar un costo aproximado de $1.2 mil millones. Entre ellas se cuentan la Cinta Costera 2 y 3, el Saneamiento de la Bahía de Panamá, el Metro de Panamá, el proyecto Curundú y el proyecto de patrimonio histórico de Panamá.
Mientras que durante la administración Varela la constructora Odebrecht se hizo de la segunda línea del Metro que inició con un presupuesto de 1,857 millones, pero al final superó los $2 mil millones. También adjudicó a esta empresa el proyecto renovación urbana de Colón (2015) con un presupuesto que superó los $500 millones. Estas obras estaban acompañadas de 11 proyectos viales de diferentes desarrolladores que en su conjunto totalizaron $7 mil millones, entre los que se incluye el cuarto puente sobre el Canal a cargo del consorcio chino integrado por China Communications Construction Company y China Harbour Engineering Company.
El entonces ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, anunciaba la construcción de cinco mil soluciones habitacionales en Colón justo en la misma semana en que el directivo Marcelo Odebrecht había sido detenido por las autoridades brasileñas acusado de ser el autor del esquema de coimas más sofisticado nunca antes visto en Brasil y después en los países de Latinoamérica donde ejecutaron obras.
Como se dijo, Varela es el segundo exmandatario que el Departamento de Estado califica como “corrupto”, lo que significa que no puede entrar a ese país, así como tampoco sus familiares inmediatos.
Este medio intentó contactar a Varela pero su teléfono estaba apagado. También llamó a su hermano José Luis ‘Poppy’ Varela, su brazo derecho y expresidente de la Asamblea Nacional, pero tampoco contestó la llamada.
El Departamento de Estado espera que la designación inste a los gobernantes electos y a las autoridades panameñas a combatir la corrupción arraigada en el país y a empoderar a todos aquellos que defienden el estado de derecho. “La corrupción, en cualquier lugar, deteriora la seguridad nacional y la salud económica de los Estados Unidos y sus aliados. Seguiremos promoviendo la rendición de cuentas de aquellos involucrados en actos de corrupción significativa alrededor del mundo”, se lee.
Varela fue imputado en el expediente de Odebrecht cuando dejó de ser presidente (2019) y hoy enfrenta cargos por supuesto blanqueo de capitales por haber recibido coimas de la constructora a pesar de que siempre lo negó. No obstante, admitió que recibió fondos para su campaña presidencial de 2014 de forma triangulada en condición de donación. En 2009 el aporte fue de $700 mil, dinero que supuestamente fue reportado para su candidatura como vicepresidente.
El señalamiento del Departamento de Estado coincide con que los fondos recibidos fueron anteriores a su presidencia.
La administración Varela también se destaca por haber entablado relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Popular de China en junio de 2017, anuncio que hizo de forma simultánea junto a su homólogo Xi Jinping y sorprendió al socio histórico de Panamá.
La designación de Varela en esta categoría “confirma que la transformación de la justicia nunca ha sido un interés genuino de lo político”, manifestó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.
“Desde la época de Varela se conocía de defectos del sistema inquisitivo mixto que necesitaban ser subsanados para garantizar mayor certeza en los procesos”, añadió Araúz. De haber contado con una justicia fortalecida, tal vez los señalamientos externos fueran irrelevantes porque los ciudadanos estarían al tanto del desarrollo de los actos de investigación, explicó el jurista.
Sin embargo, agregó, la justicia queda bloqueada entre defectos y carencias que harán imposible llegar al fondo bajo una realidad objetiva para rechazarlos o confirmarlos.
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