La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó este miércoles reestructurar el diálogo de manera tripartita, acogiendo la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que recientemente realizó una serie de explicaciones sobre las proyecciones actuariales planteadas para reflotar el programa de pensiones definidas conocido como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y el subsistema mixto.
En este nuevo escenario de conversaciones, cada parte, empresarios, trabajadores y gobierno tendrá siete representantes por grupo. Estas 21 personas serán las encargadas de tomar las decisiones más trascendentales de la entidad que conllevan reorganizar administrativa y financieramente la seguridad social del país.
De esta forma, la directiva de la CSS puso fin al Diálogo convocado por el gobierno, y que desde 2021 ha estado paralizado, en el que participaban más de una veintena de sectores moderados por Joaquín Villar, presidente del Concejo de Rectores. Trascendió que Villar, al enterarse de la decisión adoptada por la directiva, envió una nota de renuncia al Ejecutivo en la que justificó razones personales. El moderador será reemplazado por otra figura nombrada, esta vez, por el diálogo tripartita.
De acuerdo a fuentes vinculadas a la entidad, las recomendaciones de la OIT en materia de pensiones incluyen reformas demográficas, de edad y de contribución a ambos sistemas de pensiones, el de beneficios definidos conocido como el solidario o IVM, y el subsistema mixto creado en 2005.
Entre las conclusiones que observó el organismo internacional, observó que los aportes a este último programa, el mixto, no serán suficientes para cubrir las prestaciones contributivas del componente de beneficio definido. La idea de fusionar ambos programas, el solidario y el mixto, se originó por parte del sector de los trabajadores como una medida para solventar el déficit del programa solidario que el próximo año agota sus reservas. La idea, de acuerdo a la OIT, es que la migración total del subsistema mixto al definido, extendería el equilibrio financiero de todo el sistema por pocos años y después requeriría ajustes adicionales para balancear el sistema.
Una de las razones por las que la fusión de ambos programas no contribuye a resolver la crisis, radica en el diseño del programa mixto, que debe enfrentar el tope de cotización fijado nominalmente en $500.
Las recomendaciones de la OIT abarcan todo tipo de escenarios, incluso subir la edad de jubilación como uno de las herramientas que nutrirían al programa solidario y evitarían las millonarias contribuciones del Estado en los años pico de retiro, de no practicar reformas.
En este mismo contexto, el gobierno y los trabajadores se han mostrado opuestos a subir la edad de jubilación. El primero por temor a la crisis social que puede levantar la noticia entre los sectores opuestos, especialmente en un año electoral que arrastraría un mayor desgaste al candidato oficialista en las urnas. Los segundos, los trabajadores, han manifestado que antes de tomar medidas paramétricas, se deben realizar otras acciones, como sanear la mora del pago de cuotas obrero-patronales y analizar otro tipo de inversiones que puedan contribuir a los programas de pensiones.
Los empresarios, por su parte, han presentado una alternativa basada en la integración, mejoramiento y fortalecimiento de tres pilares que ya existen en Panamá. Los tres pilares son: el primero es el solidario no contributivo; el segundo, contributivo, obligatorio y 100% de contribución definida (ahorro individual); y el tercero, complementario y voluntario con enrolamiento automático. La medida, a criterio del sector privado, atacaría el problema de raíz.
La gran pregunta es si el diálogo tripartito acordado en la directiva de la CSS arrojará frutos antes de que culmine la actual administración gubernamental y cómo se pondrán de acuerdo en un tema que implica una reestructuración completa de la entidad.
El primer paso será nombrar a un nuevo facilitador, una figura neutral, que inspire confianza a todas las partes para que se analicen las propuestas sin que un sector abandone las conversaciones como ocurrió en agosto de 2021, cuando los sindicatos alegaron que el ejercicio carecía de las garantías mínimas de una discusión democrática al calificar como una imposición a actores que nada tenían que ver con el tema en el diálogo.
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