Los estamentos de seguridad y la Dirección de Migración incrementarán los controles en aeropuertos y doblarán el número de vuelos con expulsiones o ante la crisis migratoria
La primera acción de este menú de disposiciones consiste en incrementar de $500 a $1000 la exigencia de solvencia económica para quienes deseen ingresar al país.
Panamá adopta nuevas medidas migratorias y de seguridad para contener el flujo irregular por el territorio. Este viernes varios estamentos de seguridad liderados por el ministro de la cartera, Juan Pino, y la directora de Migración, Samira Gozaine, dieron a conocer el primer paquete de medidas para contener los flujos “desbordados” de migrantes irregulares, que han superado las 350 mil personas en 2023.
Se trata de incrementar los operativos marítimos y aéreos en el Caribe y el Pacífico para evitar el cruce de las organizaciones que se dedican al tráfico de personas por el Darién, así como agudizar los perfilamientos en los puestos de control regulares, como aeropuertos, para detectar a los migrantes que ingresan como supuestos turistas o participantes de congresos o entrenamientos.
La primera acción de este menú de disposiciones consiste en incrementar de $500 a $1000 la exigencia de solvencia económica para quienes deseen ingresar al país. También reducirán el periodo de turismo de 90 a 15 días, y quienes lo sobrepasen deberán pagar multa. Gozaine aseguró que estas medidas no van en contra de inversionistas o turistas y que no se aplicará a todas las nacionalidades, sino a aquellos perfilamientos que sean detectados por el personal de migración.
La directora explicó que a raíz de la campaña que desincentiva la ruta por el Darién, se han encontrado en el aeropuertos con personas que no son capaces de justificar su estancia en el país. Estas supuestos turistas, según la jefa de Migración, por lo general son de otros continentes y pagan hasta $100 mil a los traficantes que ofrecen una ruta más rápida para llegar a Estados Unidos. En este sentido, pretenden endurecer los perfilamientos con personal entrenado. “En las últimas semanas hemos detectado un aumento en los documentos falsos por el aeropuerto, el número de personas que vienen a supuestos congresos, marinos que no son tales. Eso nos lleva a endurecer las medidas para asegurar nuestros puestos de control formales”, indicó la directora.
Migración tiene proyectado continuar con las deportaciones y expulsiones de los ciudadanos irregulares y con antecedentes penales utilizando las aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y también mediante la contratación de vuelos charter, medida que ha sido aprobada por el mandatario Laurentino Cortizo. “Trataremos de incrementar las capacidades para duplicar o triplicar los vuelos semanales de ser posible”, manifestó Gozaine. Para ello se han dado a la tarea de reparar aviones del Senan para agilizar los vuelos a los países de origen de aquellas personas consideradas como un peligro para Panamá o la región, según sus antecedentes y los exámenes biométricos que se practican en Darién.
En los primeros pueblos de acogida que arriban los migrantes irregulares por la selva del Darién, Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, removerán los puestos de control y asistencia migratoria para reubicarlos en un área designada por la comunidad. Esta decisión tiene como propósito mitigar el impacto sanitario y de seguridad que ejerce la migración sobre estas comunidades compuestas por poblaciones de 200 o 300 personas, pero que reciben a diario más de 10 veces el número de habitantes.
Senafront también intensificará la búsqueda de información directa contra el tráfico internacional de migrantes para identificar a las redes y atacarlas de manera conjunta con el Ministerio Público.
Durante el presente año la fiscalía contra el Crimen Organizado ha realizado distintas diligencias encaminadas a combatir el tráfico de migrantes. Han efectuado 31 investigaciones en las que han imputado a 44 personas por el delito de tráfico de migrantes. Un crimen penado en la jurisdicción panameña con un rango de 15 a 20 años de prisión en forma simple y hasta 30 años si es agravado. En este contexto 17 personas han sido condenadas en lo que va de 2023.
El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) también reforzará las medidas de control ribereño en las comunidades de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo para evitar el establecimiento de campamentos clandestinos en las cabeceras de los ríos y así controlar de alguna forma la contaminación al medio ambiente. El parque natural de Darién está contaminado con toneladas de basura que tomará años limpiar y mucho dinero. La idea de Senafront es evitar que esta situación se incremente o se expanda a otras zonas hasta ahora limpias.
Senafront también intensificará la búsqueda de información directa contra el tráfico internacional de migrantes para identificar a las redes y atacarlas de manera conjunta con el Ministerio Público. “Es evidente que en los últimos meses ha habido un incremento de operativos en interdicciones y rescates y está teniendo sus efectos”, señaló Jorge Luis Gobea, director de Senafront.
“Esta inmigración ya no es humana, se trata de un caso de seguridad nacional”, aseveró Pino. Añadió que los países “que no le han prestado la debida atención al problema, que mantienen una política de cielos abiertos, están pagando consecuencias drásticas en temas de seguridad nacional porque las organizaciones criminales aprovechan esta circunstancia para entrar al país”.
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