Suntracs, sin banco donde depositar los fondos, el gremio presenta denuncia

Uno de los abogados del sindicato indicó a La Decana que los tres bancos donde mantienen cuentas no quieren admitir los cheques de gerencia de la Caja de Ahorros, entidad que decidió cerrar 18 cuentas bancarias a la organización 

Para el Suntracs la acción de la Caja de Ahorros constituye un atentado contra la libertad sindical y ciudadana.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) no encuentra un banco que le reciba los cheques de gerencia que le entregó la Caja de Ahorros, luego de que esta institución bancaria le cancelara 18 cuentas.

“Tengo un poco de cheques que nadie me los quiere aceptar porque a pesar de que la ley me obliga a tener el dinero en un banco, no tengo donde ponerlos”, dijo a La Estrella de Panamá el abogado del sindicato Antonio Vargas.

El 13 de noviembre el banco comunicó al sindicato en una breve nota, de un párrafo, la terminación de la relación banco-cliente que tenía una trayectoria de más de 30 años.

Con los cheques en la mano, los sindicalistas intentaron que se los recibiera cualquiera de los otros tres bancos de la localidad donde mantienen cuentas, pero ninguno se los admitió. Vargas explicó que la negativa correspondía al “señalamiento de actividades sospechosas de terrorismo”.

En términos generales, los bancos no están obligados a justificar al cliente la decisión de cerrar o abrir una cuenta. Lo establece el contrato que firma el cliente y la entidad puede adoptar una posición si el departamento de cumplimiento detecta “alguna mala utilización de la cuenta”, explicó un banquero consultado por La Decana. Este tipo de acciones no se comunican al cliente, ni le advierten sobre una posible investigación en su contra.

En este parámetro, la Superintendencia de Bancos detalla en el Acuerdo 0001-2019 un “Catálogo de Señales de Alerta para la detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo”. En este menú de “señales” que se ajustan a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional se especifican las alertas relacionadas a diferentes parámetros. Una de ellas, por ejemplo, corresponde al comportamiento del cliente que encierra nueve puntos. Entre ellos se describen alertas a “clientes que se sospeche sean partidarios, simpatizantes o facilitadores clandestinos del extremismos violento o la radicalización o que mantengan vínculos o relación con grupos terroristas”. Otro punto refiere al “cliente con comportamiento que indica adhesión a nociones radicales o extremistas o que exhiban tendencias violentas (por ej., perfiles de medios sociales que exhiban publicaciones múltiples de noticias relacionadas o simpatizantes con organizaciones terroristas)”, por ejemplo.

Lo que complica la situación del sindicato es que el artículo 377 del Código de Trabajo de Panamá especifica que los fondos de cada organización social deberán mantenerse depositados en una institución bancaria situada en la localidad donde tenga su domicilio. Enseguida señala que los fondos y bienes de las organizaciones sindicales no serán susceptibles de secuestro, embargo u otra medida cautelar.

Para el Suntracs la acción de la Caja de Ahorros constituye un atentado contra la libertad sindical y ciudadana, razón que los motivó a presentar este miércoles por la tarde una querella penal por los supuestos delitos de Apología del Delito, Delito Contra Honor, contra la Seguridad Económica en contra de la Caja de Ahorros.

En la querella explican que el 13 de noviembre pasado la Caja de Ahorros de la sucursal Chanis envió nota a Saúl Méndez, secretario general del sindicato para notificarle del cierre de 18 cuentas bancarias de la organización además de una tarjeta de crédito.

La querella señala que nunca han recibido de la Caja de Ahorros observaciones o quejas respecto al manejo de la cuenta, por lo que consideran la medida como unilateral, injustificada y que viola los derechos de una organización amparada por Convenios Internacionales suscritos por Panamá, como el de la Organización Internacional de Trabajo.

Reclaman el respeto al principio de la legalidad, es decir, que cualquier actuación al margen constituye un abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

“La idea es asfixiar económicamente al sindicato”, aseguró a La Estrella de Panamá un asesor legal del sindicato. 

Desde hace tres semanas el Suntracs protagoniza cierres de calles y una serie de protestas contra el gobierno para derogar la ley 406 mediante la cual se suscribió el contrato entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals. Para hoy el movimiento Panamá Unido, del cual forma parte el Suntracs convocó a un paro total por 24 horas.

La principal carretera que une a Panamá con centro y norteamérica está paralizada en diferentes tramos. Cada uno responde a un grupo autóctono que exige la derogatoria del contrato minero y otras acciones. Las consecuencias son pérdidas millonarias, siendo el agropecuario uno de los sectores más afectados. Los productores han tirado sus productos ante la imposibilidad de libre tránsito a la capital y otras provincias para la venta, lo que ha causado un desabastecimiento y precios ridículos.

El gobierno ha solicitado paciencia y esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que debe declarar constitucional, inconstitucional, o parcialmente inconstitucional, el contrato firmado entre las partes atendiendo a nueve demandas de inconstitucionalidad interpuestas por abogados y diferentes grupos organizados.

Otras acciones de los trabajadores de la construcción consisten en acudir “a la Superintendencia bajo el concepto de que tienen derecho a recibir el servicio de la banca, regulada y reconocida en la Constitución”, según explicó Vargas. 

Al no contar con un banco que les reciba los cheques de gerencia emitidos por la Caja de Ahorros, el sindicato tendrá que ingeniarse para hacer los pagos mensuales de planilla al personal ubicado en las 9 sedes del país, al igual que recibir las cuotas de las empresas que contratan al Suntracs en sus obras.

Ayer Saúl Mendez envió una nota a las empresas en las que notificó que no recibirán pagos por medio de transferencias bancarias, “solo sería por medio de cheques, cheques certificados y de gerencia a nombre de Suntracs”, se lee.

“Es posible - indicó un banquero a La Estrella de Panamá - que el banco “observó transacciones sospechosas y en base a eso tuvo que hacer un reporte de operación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, adscrita a la Presidencia de la República.

El resto de los bancos donde mantiene cuentas el sindicato, “tal vez no quieren expandir la relación y menos cuando otro banco les cerró la cuenta por actividades sospechosas”, añadió el banquero. Agregó: “Mi pensar es que tienen que revaluar su comportamiento si quieren ser considerados aptos para ser clientes de un banco, eso dista mucho de lo que queremos ver en Panamá”, zanjó el ejecutivo que solicitó reserva de su identidad.

Para la banca una “mala utilización de la cuenta” se asocia a movimientos que no se ajustan al perfil identificado por el banco al momento de abrir la cuenta para los fines que han sido declarados por el cliente. 

Para Méndez es una “persecución, una intromisión en los recursos de Suntracs por parte del gerente general de la entidad bancaria y su junta directiva”, manifestó luego de entregar la documentación en el Ministerio Público.

El Suntracs, una organización de 90 mil afiliados, advirtió que habrán “graves consecuencias contra quienes han tomado la decisión fuera de la ley y la Constitución”, expresó Méndez. De igual forma hizo un llamado a los miembros de la organización cerrar filas para defender el sindicato que convocará una Asamblea General para este viernes en el parque Porras.