Asegura un ejecutivo de las principales empresas supllidores de bunker, que se había ganado la exclusividad para el suministro de combustible para la línea de cruceros Carnival
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Uno de los reiterados señalamientos de la industria refiere al “monopolio de suministro de combustible”.
Las empresas que solían vender bunker a los cruceros han manifestado su descontento por la forma en que el administrador de la Autoridad Marítima (AMP), Noriel Araúz, se ha distanciado de lo que denominan “un monopolio” en el puerto del Atlántico.
Uno de los reiterados señalamientos de la industria refiere al “monopolio de suministro de combustible” que actualmente beneficia a la compañía Monjasa. El trato, alegan, sacó del mercado a otras nueve compañías que anteriormente suplían el mercado.
El grupo de capital danés con oficinas satélite en Panamá establecidas hace 10 años, está compuesto por varias sociedades anónimas. En una de ellas, Monjasa Chartering, aparecen como directivos Svend Stenberg y Pablo Enrique Torres. Éste último, a su vez, es dueño de las barcazas que alquila la empresa danesa para transportar el combustible. La competencia asocia a Torres como una persona cercana al administrador de la AMP, y por ende, al negocio en mención.
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Pablo Torres, empresario, dueño de la empresa Stward Agency Inc.
El ejecutivo de la empresa suplidora que atendió a este medio, manifestò que su empresa es una de las principales afectados por la exclusividad otorgada.
Al otro lado del teléfono se le escucha un tono de frustración y amargura al narrar la situación: “Nosotros nos habíamos ganado una licitación que hizo Carnival Cruises para abastecer de combustible, y quince días antes de arrancar se nos informó sobre la exclusividad y perdimos el contrato”.
Anteriormente, explica el empresario, cualquier suplidor que tenía licencia podía entregar combustible, pagaban $500 al puerto y vendían.
El acuerdo del que habla el ejecutivo refiere a la concesión de un puerto del Atlántico con la empresa Monjasa que distribuye el bunker, y que la AMP defiende como un compromiso autónomo. La entidad se distancia del entendimiento, a pesar de que el resto de los proveedores alega que “viola la ley de puertos”.
Monjasa Chartering se inscribió en el Registro Público el 22 de noviembre de 2022. En ese mismo mes entraría en vigencia el contrato de su empresa para abastecer a la línea de cruceros para la temporada de noviembre 2022 a mayo 2023.
“Viola la ley de puertos que dice claramente que no se permite la exclusividad o monopolios en este servicio”, se queja el gerente de operaciones, representante de la empresa que en el pasado suplió por seis años a la naviera.
Las consecuencias de este monopolio, según le comentó su cliente Carnival Cruises, es que la línea “pagó $2 millones más por el bunker - de $8 millones a $10 millones - por el precio que impuso Monjasa”.
Esto motivó a la línea de cruceros a hacer un cambio parcial de planes a la ruta estipulada: “decidieron no levantar todo el combustible en Panamá, sólo lo necesario y se suplieron en puertos de otros países para no elevar los costos”, detalló el empresario.
Cuando busca respuestas de la AMP “se desaparece”, “no responde”, se queja. Le tiran la pelota al puerto.
El suplidor de combustible interpuso una queja ante la Autoridad de Competencia y Asuntos del Consumidor (Acodeco) para que inicie una investigación por posible monopolio. Pero aún no ha obtenido resultados.
Este medio intentó conocer los avances de la pesquisa, pero en Acodeco se negaron a brindar detalles: “se trata de una investigación confidencial”, dijeron esquivando cualquier detalle, sin proporcionar el estado del caso.
En su momento la AMP emitió un comunicado en el que se desvinculó del tema: “el puerto elige los proveedores basados en el riesgo y responsabilidad directa que asumen con el Estado”.
Torres defiende que no tiene que ver con el negocio: “Solamente me beneficio metiendo un alquiler (por las barcazas)”, señala tajante. “Ellos son los dueños del combustible, no tengo que ver con las ventas de combustible a los cruceros”, alega Torres.
La ley General de Puertos especifica (artículo 7) que debe primar un marco libre y leal de competencia entre los operadores portuarios y los proveedores de servicios a fin de fomentar el incremento de la actividad marítima, para lo cual puede “adoptar las medidas de regulación, ordenación y control que para tal fin sean necesarias conforme a lo dispuesto en esta Ley.
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