El cierre de la mina visto desde la perspectiva chilena

Un grupo de especialistas recomienda seguir el proceso de cierre con la mayor transparencia y divulgación posible, incluyendo la ciencia y tecnología, ya que al tratarse de un caso inédito, no hay fórmula que se pueda copiar 

Los conocedores chilenos a favor de la actividad advierten que el arbitraje será largo y el estado debe ser muy cuidadoso de las decisiones internas.

Si hay algo claro para varios especialistas chilenos que han analizado las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y  Minera Panamá, es que se trata de algo único en el mundo. Como tal, es imposible aplicar una fórmula que haya resultado en otro país como en Chile, donde el 55% de sus exportaciones provienen de la minería. En este entorno, lo importante es construir ciertas entidades públicas que acompañen el proceso y coloquen la mano de obra cesada en el mercado. 

Otro elemento evidente es que el cierre debe tratarse de forma desapasionada,  con la mayor transparencia posible para evitar sospechas o secretismos de los ejecutores, en este caso el gobierno, cuya credibilidad se ha puesto en entredicho, sumando la complejidad de un año electoral en el que los partidos políticos pueden adoptar el tema como bandera política. En este sentido, explican chilenos consultados, las protestas masivas antiminería  registradas en noviembre pasado, protagonizadas por movimientos ciudadanos y sindicatos, prácticamente reducían las opiniones a blanco o negro y hacían difícil oponerse a la corriente mayoritaria que pedía el cierre. 

El cierre debe tratarse de forma desapasionada, con la mayor transparencia posible para evitar sospechas o secretismos de los ejecutores.

Recientemente la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá efectuó un conversatorio con varios versados del país sureño en el que participaron dos exembajadores de Chile en Panamá, Francisco Cruz y Germán Becker, y dos especialistas en temas mineros, Alfonso Domeyko, exdirector del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile y Marco Riveros, exvicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena de Cobre. 

Todos coinciden en que la exposición reputacional de Panamá ahora es relevante y hay que hacerse cargo del tema. Durante el desarrollo de su exposición, el exembajador Cruz se preguntó cómo una industria tan importante de la nación responde a un ministerio sin que exista una mayor densidad institucional permanente en el tiempo que se haga cargo de la fase regulatoria.  Eso, para Cruz, resulta incomprensible porque se hubieran podido evitar a tiempo muchos conflictos y solventar inquietudes, de contar con una institución sólida y reforzada mientras se desarrollaba la actividad. Recordó los recientes estallidos sociales de Chile entre 2019-2020 previos a las elecciones presidenciales, como una especie de paralelismo con las protestas registradas en Panamá. Pero coincidió con otros analistas en que el rechazo al contrato funcionó como una vía para canalizar el malestar ciudadano en un contexto complejo acentuado en un año electoral.

El fallo, dice, deja ciertas interrogantes. “Tiene dos dimensiones, una de procedimiento y la otra del fondo del conflicto, que de alguna manera es lo que está en juego”, asegura. La gran pregunta es cómo se enfrenta el fallo el día después. La respuesta es que se trata de un problema largo, que puede tomar tal vez dos ciclos políticos. El secreto es cómo se enfrentan los pasos a seguir tomando en cuenta que también existe un riesgo arbitral. En este último punto, para Cruz, que también actúa como árbitro en este tipo de conflictos, se debe establecer cómo se van a coordinar las funciones para salir de la crisis. “Hay que mandar las señales adecuadas al extranjero porque van a tener que defender una causa, y el Estado debe responder posteriormente”, aconseja. Una de las tareas más inmediatas para Cruz es “recomponer la confianza ciudadana para que esto no ocurra nuevamente, además de la confianza del país a nivel internacional para evitar que salga muy lastimada”. 

Cruz se interesaría también en conocer la posición de la empresa como un esfuerzo de disociar la discusión arbitral porque en el propósito de hacer un buen cierre se puede encontrar un punto pacífico tomando en cuenta que hay valores de preservación de la naturaleza. 

Los conocedores chilenos a favor de la actividad advierten que el arbitraje será largo y el estado debe ser muy cuidadoso de las decisiones internas que adopte el gobierno después del cierre de la mina para que eso no se convierta en una prueba en contra de los intereses panameños. “Eso hay que cuidarlo mucho porque cuando te arrastran a un arbitraje te están viendo todos los días”, exclama Cruz.  El procedimiento requiere de una coordinación nacional muy fina, ya que la fase probatoria, que será extensa, será tensa, extensa y exhaustiva. 

La clave para lograr un cierre efectivo de Minera Panamá, por tanto, puede  resumirse en varias ideas.  La primera es que la creación del  grupo técnico multidisciplinario, como lo anunció el Ministerio de Comercio e Industrias hace unos días, funcione como una vía para divulgar la información a todo el mundo, sin reservas. Con esto se logra que especialistas  en diferentes materias, nacionales y extranjeros, puedan aportar ideas y experiencia en el tema de forma virtual. 

La transparencia para Becker es como un antídoto que mata la desconfianza y las sospechas sobre posibles irregularidades, especialmente ahora, cuando nadie cree en nadie, cuando existe una desafección de la gente con los políticos y cuando hay empresas transnacionales  involucradas que chocan con los intereses que puede tener un país. 

Otro elemento básico debe ser la fiscalización en temas ambientales y la ejecución de auditorías para constatar si hubo o no daños ambientales, y en caso tal, la severidad y su reparación. En Chile, por ejemplo, funciona un Consejo de Transparencia que se preocupa de que todos los actos sean así. El instrumento permite rastrear los Estudios de Impacto Ambiental, su estado, opiniones de la comunidad y actualizaciones. Otra función es seguir los movimientos de los diputados, por ejemplo, con quién se reúnen y qué hicieron. “Todo está en la página, y eso hace que la gente confíe un poco más en ellos y pueda verificar la información”. 

Si de algo se ve sorprendido Becker es de la falta de intervención política en tiempo oportuno para evitar llegar al punto extremo.  El ingeniero narró un episodio similar que ocurrió en Chile durante la gestión del presidente Ricardo Lagos, cuando un juez dictaminó que había que derribar el Proyecto Tranque de inmensas proporciones - un proyecto para el aseguramiento de relaves - porque tenía problemas con una comunidad vecina.  La orden era imposible de ejecutar por el tamaño de la obra, pero lo que resalta Becker es la intervención política de Lagos para analizar cómo podía mejorar el monitoreo del proyecto para seguir funcionando. “Al final lo logró, no hubo que demolerlo porque la política se involucró y finalmente fue algo bueno para el país”, dice. A su juicio se impuso el liderazgo y el desarrollo del país, algo que no observó con el mismo ahínco en Panamá. 

“En  Panamá no se intervino mucho”, reflexiona Becker. No se explica por qué un fallo que se emitió en 2017 tardó cuatro años en publicarse, o porque si la ciudadanía alegaba contaminación de la mina no se intervino para solucionar el problema antes y tuvo que llegar a un cierre definitivo y tajante, además resalta la encrucijada de la ley de  moratoria minera que impedirá financiar el cierre. 

El fin de la mina debe hacerse sin soberbia o pretender saberlo todo, opinó Marco Riveros. Lo dijo porque siendo el caso de Panamá único en el mundo, es difícil que alguien tenga las respuestas a lo que va a suceder. El primer paso lo aplaudió: la creación de la instancia interdisciplinaria del Mici para analizar los pasos siguientes. 

Los procesos de cierre no son inmediatos. Toman tiempo y requieren de ingeniería en diferentes etapas, valores y costos. El objetivo, al final, es la estabilidad física y química de la mina, explica Domenyko. Es decir, literalmente que no se venga abajo la infraestructura. En la parte química evitar una contaminación de las aguas y del subsuelo. El principal enemigo de la mina son las aguas que emergen o las precipitaciones. También el resguardo del medio ambiente, añade. El tercer punto que resalta es que la implementación sea progresiva en el tiempo. El plan de cierre se visualiza en una pirámide donde la parte más gruesa la conforma la estabilidad física. El segundo objetivo es la estabilidad química para evitar la oxidación de las aguas y la filtración de lluvias ácidas que entren en conflicto. Luego viene una remediación socio económica, seguida el uso del sitio en beneficio de la comunidad. En Chile han implementado parques de energía solar, por ejemplo.  En otra capa de la pirámide se establece la biodiversidad y en la punta los objetivos de desarrollo.