Cada compañía cobra $20 por alojar en su plataforma el certificado y paga a la AMP $5. A pesar de que han recibido la oferta de una cuarta interesada, que dobla la tasa, la entidad ha caído en ‘silencio administrativo’
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La digitalización de los certificados de marinos, como base de datos externa, nació en 2017.
El negocio de la digitalización de certificados médicos a unos 400.000 marinos –que forman parte de la flota mercante panameña– lo manejan tres empresas aprobadas por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). No se admiten nuevos actores.
Los beneficiados han sido: Tecsisa Panamá, Syntegra Technology y Alch Enterprises.
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Syntegra Technology, uno de los beneficiados.
A pesar de ser una actividad lícita, lo que llama la atención es que se mantiene cerrado a nuevos actores.
Cada dos años todos los marinos deben pasar por un examen médico acreditado por la AMP que certifica su estado de salud antes de embarcarse. Los marinos filipinos conforman el grueso de la mano de obra en las embarcaciones panameñas, seguidos por los chinos, hindúes, y otras nacionalidades.
En este contexto los médicos autorizados de cada país por la entidad suben a la plataforma digital el certificado médico del marino que ha sido evaluado.
Cada una de las empresas mencionadas tiene un mercado, aparentemente cautivo. Aloja los certificados médicos exclusivos de los marinos de ‘x’ o ‘y’ nacionalidad.
Lo que no está claro es bajo qué criterio la AMP asignó a cada empresa los ‘clientes’. Además, el administrador de la entidad, Noriel Araúz, ha guardado silencio por más de dos años ante la solicitud de una cuarta empresa interesada. Esa compañía llegó a doblar la oferta de la tasa en relación con la competencia, aprovechando una novedosa plataforma desarrollada por Medcert.
La digitalización de los certificados de marinos, como base de datos externa, nació en 2017 como un proyecto piloto con el propósito de evitar falsificaciones de la documentación, un dolor de cabeza en el pasado que derivó en escándalos internacionales.
Los doctores interesados en ser acreditados por la AMP pagan un monto de $300. Por su parte, las empresas cobran $20 por alojar los datos de cada certificado médico que emiten. De ese monto, la institución recibe una cuarta parte, $5. El resto del dinero es para la empresa.
Las empresas Tecsisa Panamá y Syntegra Technology, ambas con oficinas en Obarrio, de acuerdo con los registros de la AMP y visitadas por este diario, solo parecen fachadas para cumplir con los requisitos del contrato. Las puertas permanecen cerradas. Nadie atiende. “Poco vienen, no se les ve por aquí”, comentó el guardia de seguridad en el caso de la primera.
Con la intención de conocer el manejo del negocio contactamos a Eduardo Aizpurúa, que aparece como agente residente de Tecsisa. Sin embargo, declinó una entrevista con los representantes legales de la sociedad, Carlos Chong Herrera, Gaspar Chong o Fredy Yap.
En la visita que hicimos a Syntegra Technology, una dependienta que atendió a esta periodista a través del interfono se negó a abrir la puerta. Dio un correo electrónico para comunicarnos con el ‘dueño’ Joao Fernandes, quien aparece como representante legal. Nadie respondió.
Esas oficinas no aparentan operar desde el lugar reportado a la AMP a pesar de que se trata de un trabajo que obliga a tener personal disponible 24/7 por diferencia de horarios y los procesos de verificación de datos. Es posible que la diferencia de horas con Asia, por ejemplo, requiere trabajar de madrugada, pero durante nuestras visitas no constatamos movimiento administrativo. Por la rendija de la puerta se aprecia mobiliario básico.
De ellas, solo Alch Enterprises, la que menos ingresos ha reportado a la AMP, mantiene las puertas abiertas al público. Ahí nos recibieron dos ejecutivos que pidieron omitir sus nombres en la entrevista.
El directivo que atendió a esta periodista reveló que les costó mucho ser aprobados por la AMP. “A lo mejor nuestra insistencia fue lo que motivó que nos lo dieran”, exclamó ante la curiosidad de cómo se habían enterado del tema a sabiendas de que la AMP no emitió una licitación pública o una invitación abierta reciente.
La solicitud de la cuarta compañía, Datasys –que trató de entrar al ruedo pese a doblar la oferta del resto– cayó en lo que se denomina “silencio administrativo”, es decir, se considera negada, según un abogado consultado.
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El negocio no se abrió. Nada de convocatorias para incentivar la libre competencia. Quedó en manos de unos pocos.
INGRESOS
La AMP autorizó en julio de 2020 a la empresa Tecsisa como proveedor. Desde esa fecha hasta junio de 2023, Tecsisa reportó a la AMP ingresos por $747.560, lo que indica que obtuvo una ganancia bruta superior a los $2,2 millones, producto del uso de la plataforma y almacenamiento de datos de 149.512 certificados médicos, de acuerdo con información que obtuvo La Estrella de Panamá a través de un acto de acceso a la información.
En marzo de 2021, la AMP dio luz verde a las operaciones de Syntegra Technology. Entre marzo de 2021 y junio de 2023, Syntegra Technology emitió 77.513 certificados médicos y reportó a la AMP $387.565, por tanto, obtuvo como ganancia bruta un poco más de un millón de dólares.
Syntegra Technology fue inscrita en el Registro Público solo dos años antes de haber sido autorizada por la entidad para prestar el servicio. Eso no incomodó a la AMP, a pesar de que uno de los requisitos para calificar consistía en tener experiencia brindando el servicio de software a entidades gubernamentales o el sector privado que den fe de su trayectoria.
Por su parte, Alch Enterprise certificó a 27.787 marinos, reportó a la AMP $138.000 y obtuvo ingresos brutos por $416.805.
REPARTIR EL PASTEL
Los especialistas de software consultados sobre el tema se preguntaron qué tipo de discernimiento implementó la AMP para asignar el mercado a cada empresa, como si fueran trozos de pastel.
El primer país autorizado fue Filipinas, el mejor cliente. Posteriormente se incluyó a India, ambos fueron asignados a Tecsisa.
Después, cuando ingresó Syntegra se le adjudicó a India, que dejó de ser parte de los clientes de la primera, que había manejado el mercado hindú por aproximadamente un mes.
Posteriormente, en abril de 2021 la AMP emitió una circular en la que incorporaron a Indonesia, Unión Myanmar, Vietnam y Corea, países que compartirían las empresas.
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Alch Enterprise.
Alch Enterprise, cuyo representante legal es Ángel Mina, se quedó con los certificados de médicos de Corea del sur e Indonesia.
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El empleado de la compañía narra que envió docenas de correos, pero solo tuvo éxito con los doctores de esos dos países.
Después buscó ampliar el horizonte. “Nosotros mandamos un memorial para que nos incluyeran tres lugares más, Panamá, San Petesburgo y Ucrania, pero sin éxito”, añade el empresario.
La última resolución de mayo de 2023 aprueba a China, “que fue asignada a Tecsisa” según indicó una fuente interna de la AMP.
“Esto parece una subrogación de un negocio, más que un control”, dado que las clínicas son certificadas bajo las normas internacionales de la Organización Marítima Internacional, explicó una fuente de la AMP que pidió omitir su identidad.
“Tal vez tenían la finalidad de evitar competencia entre las empresas y garantizar sus ingresos”, comentó a ‘La Decana’ un ejecutivo de Alch Enterprise, que indicó ‘no tener la menor idea’ del mecanismo de distribución.
Este medio observó una lista de la AMP que aparea el nombre del médico con la correspondiente empresa a la que debe subir el certificado, sin aparente explicación. Así por ejemplo, aparecía el nombre del médico y la plataforma de la empresa a la que sube el certificado.
Llama la atención cómo las empresas se enteraron del tema. A juzgar por la documentación emitida por la institución (resoluciones, reglamentos y circulares) debieron escarbar en los archivos hasta encontrar el papel fechado en 2018, cuando la AMP emitió una circular como parte del reglamento que debían seguir los proveedores de software.
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De esa fecha en adelante las publicaciones refieren a las empresas autorizadas y los países de que se encarga cada una.
A los directivos de Alch Enterprise alguien les dio pitazo “por la cercanía que mantienen con la institución”, según conoció este medio.
El representante de esta empresa que nos atendió mostró dudas sobre quiénes “están detrás de las otras dos empresas” competidoras. “Es mejor no saber quiénes son los dueños”, apuntó.
SILENCIO ADMINISTRATIVO
Cuando Datasys intentó meterse en la ‘jugada’ transcurría abril de 2021, un mes después de que Syntegra Technology recibiera el visto bueno de la institución, y el mismo mes que la AMP autorizó a Alch Enterprise, fundada en 2013, para participar en el negocio.
Pero transcurridos 10 meses, Datasys no obtuvo respuesta de Araúz, el administrador de la AMP. La estrategia entonces fue hacer una propuesta más agresiva en febrero de 2022 y ofreció $10 por cada certificado médico que subieran a la plataforma. Araúz jamás respondió.
PROYECTO PILOTO
El tema de los certificados médicos no es nuevo, pero es poco conocido. Ni siquiera era un asunto del que estaban enterados varios miembros de la junta directiva de la AMP. Preguntamos a cuatro de ellos, la respuesta fue: “No sabía de eso”.
La razón es que este trámite en el que se impone una tasa, requirió de la aprobación de la directiva de la administración 2014-2019. En el relevo gubernamental aparentemente también cambiaron los criterios sobre a quienes favorecía.
En la presente administración se extendió el negocio de proveedores de base de datos para las empresas aprobadas como centros de formación de marinos autorizados por la AMP, que son casi una veintena. La AMP no regula el precio que cada centro de formación cobra por emitir los certificados de evaluación documental previa a los solicitantes, eso depende de cada centro. Lo que norma es la tarifa de $5 que debe pagar a la AMP por cada certificado emitido.
“Todo esto es un sobreproceso administrativo y técnico que realizan los evaluadores de la Dirección General de Gente de Mar, que se efectúa hace muchos años en los consulados privativos de Marina Mercante y en las oficinas de documentación de Gente de Mar que hacen la verificación con el Sistema de Aplicación Automatizada”, indicó un exfuncionario de la AMP, que solicitó reserva de su nombre.
FILIPINAS PROTESTA
La cuota impuesta a los marinos provocó el rechazo, primordialmente de Filipinas, así como de la asociación de armadores de Japón. En el caso del último, a través de una misiva a la que tuvo acceso este periódico, que envió la asociación al embajador de Panamá en Manila. En ella se quejan de la falta de consulta previa y consideran la tarifa “excesiva”, se lee.
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En 2018 la AMP comunicó la novedad a Filipinas para sus nacionales, lo que provocó una reacción inmediata, tanto del Ministerio de Salud de ese país como del departamento de Relaciones Exteriores. La preocupación se enfocaba en la cuota de $20 que debían pagar los prácticos filipinos.
La cancillería filipina solicitó que la imposición fuera suspendida, ya que el monto no debía ser transferido a los marinos.
En el mismo mes de junio de 2018, el Ministerio de Salud de Panamá recibió una nota de su homólogo filipino en la que insistían sobre la confusión de quién debía pagar la tarifa, ya que “endosar este costo a nuestros marinos violaría las reglas básicas existentes del costo de paquete de los exámenes médicos preempleo”, reclamó Rolando Enrique Domingo, entonces subsecretario del departamento de regulaciones médicas del Ministerio de Salud de Filipinas.
Al filipino también le preocupaba “la confidencialidad y seguridad del personal que colecta la información que se va a subir a la plataforma”, como lo plasma la documentación recopilada.
El Consulado de Panamá en Filipinas dio respuesta a las inquietudes en una carta “aclaratoria” en la que confirmó que el cargo debía ser asumido por los médicos certificados en Filipinas o por la AMP y no por los marinos. Pero en la práctica es el marino quien asume el costo.
La AMP aseguró a Filipinas que los proveedores mantenían la calidad en los niveles de seguridad requeridos por estándares internacionales.
Al inicio, la empresa encargada de proporcionar la plataforma fue el consorcio 3 Tech-AB, pero en septiembre de 2020 la AMP lo revocó como proveedor.
Un representante de esta empresa dijo a La Estrella de Panamá que no se le brindó una explicación por la cancelación. La versión de un exfuncionario de la AMP es que el antiguo contrato se revocó “porque estaba a nombre de un consorcio y no estaba inscrito en el Registro Público como tal”.
MODERNIZACIÓN
La implementación de la plataforma digital iba de la mano con la modernización y actualización del sistema automatizado para la aplicación de marinos alrededor del mundo.
Lo que preocupa dentro del escenario descrito es la falta de competencia y la exclusividad con la que opera el servicio.
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Exsubadministrador de la AMP, Carlos Raúl Moreno.
“Todo negocio que se monopoliza desmejora la calidad y concentra en unos pocos actores todo el manejo de determinadas actividades”, afirmó el exsubadministrador de la AMP, Carlos Raúl Moreno.
La gran pregunta es por qué la entidad no desarrolló el programa como propio a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental, lo que hubiera permitido recoger los millones que se tercerizaron.
Llama la atención que en el caso de los certificados que deben emitir los médicos para marinos nacionales, lo hacen directamente en el software de la AMP, sin intermediarios.
Se trata de adjudicaciones muy importantes para el registro, indicó el exfuncionario de la AMP consultado, “ya que es el recurso humano a bordo de las naves de diferentes nacionalidades y esto sin la transparencia ahuyenta a los armadores a seguir registrando las naves y la gente de mar a emigrar a otras banderas”.
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La idea de digitalizar la documentación tenía como propósito disminuir las falsificaciones. En el pasado, la AMP fue blanco de cuestionamientos por la facilidad con la que se adquirían las licencias de marinos hasta desprestigiar la nacionalidad a nivel internacional.
La Estrella de Panamá solicitó hablar con el jefe de la Dirección de Gente de Mar de la AMP y/o con el administrador, Juan Maltez y Noriel Araúz, respectivamente, pero en distintas ocasiones la entidad rechazó la entrevista.
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