Orla Mining explorará medidas legales, ante cancelación del Mici

La empresa encargada del proyecto de Cerro Quema emitió un comunicado en el que lamentó la decisión del Mici de cancelar su concesión a raíz de la ley de moratoria minera aprobada por la Asamblea Nacional

La compañía lamentó la decisión del Mici, y manifestó que seguirá de cerca los acontecimientos que surjan en el país, los cuales calificó de “inciertos y de rápida evolución”.

Orla Mining Ltd, empresa encargada del desarrollo denominado Cerro Quema, emitió un comunicado este lunes a propósito de la materialización de la cancelación de la concesión efectuada por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), que también declaró  como “zona reservada” el área destinada para la exploración de cobre. Lo anterior, a consecuencia de la ley de moratoria minera aprobada en la Asamblea Nacional en noviembre pasado.

La compañía lamentó la decisión del Mici, y manifestó que seguirá de cerca los acontecimientos que surjan en el país, los cuales calificó de “inciertos y de rápida evolución”. En este sentido, hasta contar con una mayor certeza sobre el futuro de las concesiones mineras, así como la estabilidad fiscal y legal en Panamá, no considerará gastos adicionales para el desarrollo del proyecto de Cerro Quema.

Luego de haber invertido “$120 millones en la exploración”, la empresa indicó que explorará “todos los recursos legales disponibles para proteger las inversiones históricas y potencialmente desbloquear el valor adicional para sus partes interesadas, incluida la adopción de medidas para proteger sus derechos según el derecho internacional”. Es decir, que podría acudir a un posible arbitraje internacional para demandar al Estado, que en dado caso se sumaría a las cinco notificaciones que ya enfrenta el Estado por la cancelación de la explotación de cobre, oro, plata y molibdeno a Minera Panamá. De ellas dos son fueron interpuestas por Minera Panamá (una en arbitraje comercial), una tercera impulsó First Quantum Minerals, otra más por Franco Nevada Corporation, una empresa de inversiones en oro,  y una quinta proviene de una empresa coreana que también alega haberse visto afectada luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley 409, que contiene el contrato entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum.  

El proyecto Cerro Quema está ubicado en la Península de Azuero, provincia de Los Santos, y según la nota de la empresa incluye un proyecto de lixiviación en pilas de oro a cielo abierto, en etapa de prefactibilidad, un recurso de sulfuros de cobre y oro y varios objetivos de exploración. En el comunicado publicado por la compañía se lee que el proyecto “podría ser un importante contribuyente social y económico para las comunidades anfitrionas”. Una aspiración que parece quedar truncada indefinidamente luego de las manifestaciones masivas en contra de la actividad minera en noviembre pasado.

Cerro Quema mantenía tres contratos de extracción con el Estado, publicados del 19, 20 y 21 de febrero de 1997 en Gaceta Oficial.  En 2016 la empresa solicitó una prórroga del contrato ante el vencimiento del mismo que sería en 2017. Sin embargo, el Mici nunca se la concedió porque debía presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para dar inicio a la fase de operación. Cuando la empresa presentó dicho estudio, el Mici estaba ocupado en las negociaciones con Minera Panamá. El EIA fue aprobado en junio pasado, sin embargo la prórroga del contrato no corrió con la misma suerte y ahora, con la entrada en vigencia de la ley de moratoria minera, quedó prácticamente cancelado el trámite. 

La empresa pretendía la explotación de oro y plata en un área de 15 mil hectáreas, a pesar del rechazo de más de una docena de organizaciones que se oponen a la actividad. El yacimiento de oro en la concesión en cuestión se estima en 500 mil onzas y 399 mil de plata, que hubieran dado una vida útil a la mina de cinco a seis años.

En el listado de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Mici hay 103 empresas que mantienen solicitudes de exploración, de ellas solo 16 fueron catalogadas como “elegibles”, pero nunca se concretó la operación “porque no llenaron los requisitos”, dijo a La Estrella de Panamá una fuente del Mici vinculada al tema. Del resto, las compañías que interpusieron una solicitud de exploración, más de 90,  “no tienen peso jurídico para presentar demandas en contra del Estado ahora o en el futuro, solamente lo tendrían aquellas empresas a las que se ha dado la concesión de extracción o explotación”, añadió la fuente.