Capac pide a candidatos mantener subsidios y asegurar pagos

El gremio de la construcción presenta a los candidatos presidenciales el informe Capac visión 2024-2029 en el que resalta las preocupaciones de la industria, entre ellas, que se prolongue la ley de interés preferencial para las viviendas, que se aseguren los pagos de las proyectos y se brinde mayor participación a las empresas locales en obras de gran envergadura

Al gremio le interesa establecer un plan de ordenamiento territorial mediante el cual se proyecte el crecimiento de la industria a corto, mediano y largo plazo. 

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) desarrolló un informe que presentará a todos los candidatos a la presidencia de la República para intentar sintonizar prioridades o temas que les preocupan. Sin duda, uno de los que resaltan es el aseguramiento de pagos para los proyectos contratados por el Estado, además del ordenamiento territorial, la agilización de trámites por la vía digital y la igualdad de participación con empresas extranjeras en proyectos de gran envergadura.

Si hay algo que le preocupa a los constructores es que los pagos del gobierno no se hagan a tiempo. Ese es un dolor de cabeza que expresan constantemente en las licitaciones que hacen los gobiernos de turno. La Capac explica que con mucha frecuencia deben suspender las obras en ejecución por falta de partidas presupuestarias asignadas, a pesar de que cada proyecto debe tener garantizada la disponibilidad de fondos. En este sentido, piden al nuevo gobierno no quitar el dedo del renglón y cumplir con los pagos establecidos para evitar la acumulación de cuentas a los contratistas, como actualmente ocurre. Una alternativa que proponen es incluir dentro de los valores del contrato un renglón de pago que sirva para compensar cualquier incremento de costo de materiales, intereses moratorios y endoso de fianzas y pólizas de seguro.

Para la planificación y realización de obras de infraestructura, el gremio propone que se establezcan fórmulas para promover la participación de inversionistas en la figura de Asociación Público Privada (APP), aunque en este momento el Estado cuenta con limitados recursos para el emprendimiento de las obras viales, hospitales, escuelas e instalaciones deportivas. Por eso recomiendan una revisión a la ley de las APP, para establecer como requisito obligado que las obras se desarrollen mediante esta fórmula, reconocer un puntaje adicional a las empresas locales con un porcentaje no menor de una cifra preestablecida o algún incentivo fiscal.

Según la Capac los proyectos llave en mano son los que mejores resultados están dando porque se delega en el contratista la obtención de financiamiento que van obteniendo contra el avance de la obra, un mecanismo más eficiente y menos burocrático.

Al gremio le interesa establecer un plan de ordenamiento territorial mediante el cual se proyecte el crecimiento de la industria a corto, mediano y largo plazo. Este plan daría una idea más clara de la infraestructura que hace falta para la planificación de la ciudad y alrededores y cómo potenciarla. La industria de la construcción representa un semillero de empleos directos e indirectos, que aunque temporales, mueven la economía. Es así como en 2021 y 2022 el aporte al Producto Interno Bruto del país fue de 12.3% y de 13.2%.

En cuanto a las contrataciones públicas insisten en el tema de la exclusión de las empresas nacionales en licitaciones de grandes infraestructuras porque entre los requisitos se exige ciertos años de experiencia y la ejecución de proyectos superiores a los desarrollados en el país. Estos parámetros, para la Capac, actúan como mecanismos de exclusión que limitan la participación de empresas nacionales. Las condiciones planteadas, según el gremio, favorecen a un grupo reducido de empresas y generan un ambiente de desconfianza entre los contratistas interesados.

En materia de contrataciones públicas, por tanto, consideran prudente se establezcan políticas de transparencia e igualdad de participación, además que a la hora de elegir el contratista se actúe en base a la ética y moral para evitar interpretaciones sesgadas.

La cámara espera que el próximo gobierno mantenga los subsidios para la compra de primeras viviendas, así como el interés preferencial que el gobierno debe pagar a la banca para aliviar las hipotecas a los compradores. Además, proponen revisar la norma y extender la vigencia de la ley, examinando la oportunidad que reciben los panameños al adquirir su casa.

Los constructores no se sienten conformes con los trámites burocráticos que tienen que enfrentar cada vez que tienen un proyecto en puerta. Han encontrado requisitos incorporados en proyectos de ley que solicitan instituciones que prácticamente desconocen la función y se ven incapaces de cumplir. Además, las normas regulatorias se traspasan a los costos de construcción, señala el informe visión de Capac 2024-2029 al cual tuvo acceso La Estrella de Panamá. En este sentido proponen formar una comisión de alto nivel para evaluar las estrategias y mejorar la competitividad del país.

Todo esto pasa por un fortalecimiento de la institucionalidad, modernización y digitalización de los trámites que permita más transparencia y menos discreción a la hora de aprobar o rechazar proyectos en la ventanilla. Al respecto proponen una oficina de Planificación que reduciría el tiempo que toman los trámites, actualmente calculado en un año desde que se licita una obra.

En materia ambiental, el gremio sugiere revisar las regulaciones que enmarcan los Estudios de Impacto Ambiental, garantizar el cumplimiento de normas ambientales en los proyectos, así como la realización de consultas públicas.

El programa de conversaciones inició este miércoles y el candidato que escuchó a puerta cerrada los planteamientos fue Martín Torrijos. Antes de empezar la sesión se refirió a la “enorme” deuda que heredará el próximo gobierno, especialmente a proveedores. Dijo que mantendría los subsidios que funcionan, pero enfatizó en la necesidad de pagarlos. Además habló sobre una nueva Asociación Público Privada que no se recueste en las finanzas públicas, como ocurre ahora.