Carlos Allen: “Es posible que este gobierno no tome una decisión sobre crisis hídrica”

El presidente de los constructores duda que la actual administración gubernamental se anime a tomar una decisión sobre el proyecto del reservorio de agua de Río Indio. A meses de relevar el poder, la propuesta empiezan a ventilarla con los candidatos presidenciales

Carlos Allen.

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ve ‘muy difícil’ que la presente administración gubernamental tome una decisión con respecto al proyecto del reservorio de Río Indio, área que ubica la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como la más indicada para construir un embalse que garantice el agua para las operaciones de la vía y el consumo de la población. Carlos Allen, presidente saliente del gremio, prevé que será la próxima administración la que decida si cambia la ley para permitir que la ACP licite y construya el embalse o sea el Ejecutivo. 

Para ello se necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional, y la mermada fuerza política de esta administración hacen pensar a los desarrolladores que será otra tarea heredada. Además, una de las preocupaciones que han exteriorizado los constructores a los candidatos presidenciales es la necesidad de incluir a las empresas panameñas en la construcción de mega obras, que por lo general las licitaciones quedan en manos de compañías extranjeras que llenan los requisitos del pliego de cargos.

¿Cuál es la preocupación de la Capac sobre el aspecto hídrico que han presentado a los candidatos presidenciales?

Uno de los temas que tiene más relevancia y que viene desde hace muchos años, es la solución hídrica del país. Y la crisis hídrica se compone del consumo humano y el agua que utiliza el Canal de Panamá para cruzar los barcos, que tenga la capacidad para operar y brindar ese servicio al comercio internacional. Este tema se ha abordado con los candidatos como tema principal. Antes nos hemos reunido con el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), así con varios ministros de Estado para mostrarles la preocupación sobre la solución inmediata a este problema. La ACP tiene todos los estudios técnicos y las evaluaciones que deben hacerse, pero se necesita un impulso del gobierno para poder proceder.

La crisis hídrica se compone del consumo humano y el agua que utiliza el Canal de Panamá para cruzar los barcos, que tenga la capacidad para operar y brindar ese servicio al comercio internacional.

El Ejecutivo debe pronunciarse sobre esta situación y no lo ha hecho, si se va a reformular la ley para permitir que los terrenos a inundar sean parte de la Cuenca de la ACP o si el Ejecutivo se va a encargar de esta, para la Capac, ¿cuál debe ser la vía?

El responsable para iniciar el proyecto es el Ejecutivo. Es un proyecto que tiene todos los estudios, el plan de ejecución, pero hay que conseguir los recursos para el proyecto. Se trata de un proyecto representativo, y más aún, en su ejecución. En este momento tenemos las potabilizadoras de Chilibre que se abastecen del lago Alajuela, las potabilizadoras de Panamá Oeste que se abastecen del lago Gatún. Sin embargo, una solución permanente para solucionar el problema del agua apunta al estudio de Río Indio.

En la construcción del reservorio, ¿quién debe ejecutarlo?

Ese es un proyecto de gobierno.

¿Pero lo puede hacer la ACP?

La ACP tiene la capacidad de hacerlo financiera y técnicamente hablando, pero lo tiene que financiar el gobierno.

¿El que paga el proyecto quién es?

La obligación de todos los problemas del Estado es del gobierno de turno, quien debe buscar los fondos para estos proyectos. Río Indio no escapa de esta realidad ya que se trata de un proyecto que involucra el consumo humano de agua, y debe solucionar el tema en toda el área metropolitana. Que la ACP haya hecho los estudios, o que pueda tener los fondos para un proyecto como este, es un tema de ley. Se tendrán que poner de acuerdo para que la ACP lo pueda hacer, pero en este momento el Canal no está en la facultad legal para hacerlo.

Que la ACP haya hecho los estudios, o que pueda tener los fondos para un proyecto como este, es un tema de ley.

Es a lo que me refiero, ¿si el gobierno se va a animar a cambiar la ley para que la ACP ejecute el proyecto?

Hay que ver si este gobierno con los cuatro meses que le faltan lo haga, no lo vemos. Eso toma un tiempo burocrático y más vemos a los candidatos o el gobierno nuevo haciéndolo. Eso es lo que estamos tratando de hacer con los candidatos, explicarles la situación y mostrarles nuestra preocupación sobre el tema y que lo tomen como un proyecto prioritario de inicio de gobierno.

¿Si no lo ven pasando en este gobierno significa que nos vamos cinco meses más sin decisión?

Es lo que probablemente va a pasar, pero lo importante es que venga un nuevo gobierno y que atienda el problema para ejecutarlo de inmediato. Es lo que estamos tratando de participar a los candidatos presidenciales.

Pero es un proyecto que tomará años...

Hay un periodo burocrático de formalización de cambio de ley si se decide que la ACP lo haga, eso tiene su trámite, y el proyecto obviamente demora en periodo de licitación, formalización de contrato e inicio de la obra. El tiempo estimado es de más de cinco años con todo y construcción.

¿La Capac se acercó a las partes con el interés de que las empresas panameñas realicen la obra?

Claro que sí. Ese es uno de los principales reclamos que tiene el gremio y se les ha transmitido a los candidatos presidenciales. Hay empresas panameñas que tienen la capacidad probada. En una estadística las empresas nacionales han entregado proyectos en el tiempo justo y obviamente en este tema del atraso de los pagos son las empresas panameñas las que han tenido que lidiar con eso.

¿Las empresas panameñas tienen la tecnología y eficiencia necesarias para ejecutar el proyecto de Río Indio, en dado caso?

Específicamente este proyecto hídrico, no tenemos ninguna duda de que pueda ser ejecutado por empresas locales.

¿Cómo se haría una licitación libre de corrupción?

Eso va desde la contratación de las obras. Los términos de referencia son fundamentales para que un acto público sea transparente. Las experiencias, que se han dado en Panamá, con empresas panameñas se han cumplido. Entendemos que hay proyectos que vienen de la mano con financiamientos, como la Línea 3 del Metro, el cuarto puente sobre el Canal, definitivamente se debe buscar en esos proyectos complementos con empresas extranjeras. Pero en la ley se podría poner que estos megaproyectos podrían venir acompañados en un porcentaje con empresas locales.

Como para no dejarlos por fuera del negocio...

No dejarnos por fuera, estamos hablando también de fuga de divisas. Esas empresas extranjeras en su totalidad, muchos de los materiales y mano de obra viene de afuera y al final todo el indirecto y la utilidad de los proyectos en muchos casos se va afuera. Cuando se trata de empresas panameñas, todo queda en casa. Estamos hablando de una economía que se queda aquí y circula en un futuro internamente.

Entendemos que hay proyectos que vienen de la mano con financiamientos, como la Línea 3 del Metro, el cuarto puente sobre el Canal, definitivamente se debe buscar en esos proyectos complementos con empresas extranjeras. 

En el plan visión 2024-2029 de la Capac mencionan que las licitaciones están hechas casi que a la medida, ¿cómo evitan que este no sea un proyecto más a la medida?

Con voluntad política, como siempre lo hemos pedido. Que se dé una competencia real. Hay empresas que pueden competir en el mercado y presentar buenas propuestas. Eso también lo hemos hablado con los candidatos presidenciales, que inicien con pliegos de cargo transparente con términos de referencia locales y puedan ser cumplidas por empresas panameñas.

No pretenden que el Ejecutivo cierre esta licitación a la participación internacional, ¿verdad? Pensamos que eso no se puede hacer de ninguna manera. Las empresas internacionales también pueden asociarse con locales, esa es la idea.

¿Cómo mira la Capac el cierre de Minera Panamá y la readaptación del terreno?

Sobre este tema vale la pena hacer una pequeña introducción. En la cámara hemos visto toda esta crisis en el mes de noviembre y diciembre pasados. Ya se tomó una decisión al respecto con la inconstitucionalidad de la ley 406 que cierra el contrato entre la empresa y el Estado. Ese es un luto que tenemos que pasar. El aporte de la mina era de más de $300 millones anuales, pero vemos que el aporte del Canal supera los $2 mil millones. Eso nos dice hacia dónde debe apuntar el futuro de las inversiones en el país y buscar nuevas oportunidades. El cierre de la mina es un tema muy técnico que merece evaluación de expertos internacionales en cierres de minas y va a demorar muchos años. Apostamos a que el gobierno, antes de irse, presente un plan muy práctico y lo pueda someter a la ciudadanía para explicarlo para que de alguna manera la gente entienda cómo se va a realizar el cierre y la ruta. Y tal vez el nuevo gobierno si pudiera revisarlo y mejorarlo a futuro.

¿Qué les preocupa a ustedes de ese cierre, por ejemplo?

Que se haga técnicamente y no políticamente.

¿Cómo logramos eso?

Tenemos una experiencia de mina en Panamá. Hemos escuchado al ministro de Comercio e Industrias que habla de asesoramiento internacional, creo que es algo positivo y correcto, además de la experiencia que exista internamente en Panamá aunado al plan que se haya trazado.

¿Cuál es la cantidad que adeuda el Estado a los contratistas de su gremio?

En este sentido puedo decirte que los contratistas y el Estado mantienen una deuda muy dinámica. La actividad económica se genera mes a mes y esto se va acumulando en el tiempo. La deuda que el año pasado los contratistas tenían era alrededor de $300 millones, pero tengo que decirte que más de un 90% en este momento se ha pagado. Lo que se ha generado obviamente una deuda desde el plazo de corte que le hicimos al gobierno en adelante. Es dinámica, estimamos que entre todas las entidades del Estado, esta deuda pueda estar alrededor de los $200 millones. Pero ya son deudas recientes, de noventa y 120 días.

¿Son proyectos que están en ejecución o terminados?

Los dos. Pero creo que vale la pena hacer la aclaración porque hicimos un esfuerzo intenso con el Ejecutivo a principios de año y se logró cobrar un alto porcentaje. En este sentido, también se mantiene una deuda con el tema de los programas de bonos solidarios en el que el estado adeuda más de $70 millones. En este momento se ha pagado alrededor de un 35% de esta deuda y estamos haciendo las gestiones para que en el presupuesto de este año se considere la diferencia y poder pagar esto a los contratistas.

Se busca que cada proyecto que contrate el estado tenga su partida, pero no ocurre, ¿qué pasa? Eso tiene que ver con las políticas del Ministerio de Economía y Finanzas y ordenarlas. Ser muy prudente a la hora de las inversiones que hace el Ejecutivo. Hemos visto que está en juego en este momento el grado de inversión, eso afectaría mucho al país y creo que este gobierno y el nuevo deben hacer una transición correcta en las vías de mantener el grado de inversión para mantener las tasas de los préstamos bancarios.

¿El gremio espera un quinquenio de mega obras? ¿Cuál es la expectativa? ¿Empezará el Cuarto puente o seguirán construyendo la línea del metro?

Mira, entendemos que las finanzas del estado están muy comprometidas. Debe haber una política económica aceptable del país para que a futuro los proyectos que están en ejecución se puedan terminar y el nuevo gobierno pueda iniciar las nuevas obras. En este momento apostamos a obras que puedan generar mucho más empleo en distintas comunidades. Son obras más pequeñas que de alguna manera impactan a cada provincia o comunidad. Una mega obra es importante y creo que debe estar en un nuevo plan de inversiones del gobierno que entra, pero definitivamente hay que ser muy prudente con las finanzas del estado que en este momento están comprometidas.

¿Veremos una actividad lenta entonces?

Yo pienso que no necesariamente más lenta, pero sí cambiando el esquema de contratación o el tamaño de las obras. Por ejemplo, creemos que la herramienta de las Asociaciones Público-Privadas ha resultado. Este gobierno pudo contratar bajo esta figura. Nos hemos reunido con el ministro de Obras Públicas y le hemos pedido de alguna manera amoldar estos proyectos para que empresas panameñas puedan participar. En la primera APP en ninguno de los consorcios había empresas panameñas.

Las finanzas del estado están muy comprometidas. Debe haber una política económica aceptable del país para que a futuro los proyectos que están en ejecución se puedan terminar y el nuevo gobierno pueda iniciar las nuevas obras.

¿En cuánto impacta el retraso del pago del gobierno en el precio de la obra?

Es un tema muy fácil de calcular y de entender. Si tienes una obra que según el contrato te pagan en 90 días vas generando cuentas mensuales y cada 90 días deberías recibir el pago de esa cuenta mensual y así sucesivamente. Eso impacta proporcionalmente a los intereses presupuestados. Si yo presupuesté de esa manera y me pagan en vez de en 90 días, 120 o 180 días después, obviamente voy a pagar más intereses a la banca por esa obra. De la misma manera es un golpe en el flujo de caja y hace que la obra se enlentezca y que se encarezca.

¿Pero el contratista se cubre de estas cosas a la hora de ofertar un precio, qué porcentaje consideran para esto?

No necesariamente porque hay una competencia.

¿Cuál es el colchón entonces?

En la ley de contrataciones públicas está regulado el reconocimiento de intereses moratorios que hasta ahora ha sido muy difícil cobrarle al estado. Eso ha causado un impacto en las obras que se han hecho reclamos por mayor permanencia. En algunas ocasiones se han aceptado estos reclamos y en otras no, pero lamentablemente esto encarece las obras de manera directa.

¿Tiene un porcentaje?

No, es dependiendo del tiempo de más que dure una obra y de cuánto más te haya costado el dinero y estos temas afectan los indirectos como la administración, todo esto cuesta más dinero, y de alguna forma esto se traspasa al estado y hace que todo se encarezca.

¿Cómo están pagando al Suntracss?

Las empresas retienen al trabajador de su salario mensual un 2% y esto pasa al sindicato cada mes mediante un cheque que se entrega al Suntracs.