López, reelecta y con un ambicioso plan de infraestructura

La magistrada María Eugenia López enunció una serie de proyectos de infraestructura que pretenden cambiar la cara de la justicia a nivel nacional. En su segundo periodo como presidenta, reelecta con cinco votos a favor, el desafío se centra en transformar la percepción de impunidad en certeza del castigo y un acceso a la justicia universal 

María Eugenia López.

La magistrada María Eugenia López presidirá por dos años más la Corte Suprema de Justicia (2024-2025) luego de lograr cinco votos a favor, mientras que su contrincante, el magistrado Olmedo Arrocha, tuvo el apoyo de cuatro colegas.  López repite en el cargo que hace dos años obtuvo con siete votos, restando el de su oponente Arrocha y el del magistrado José Ayú Prado quien se ausentó de la votación por Covid. Mientras que en esta oportunidad fue respaldada por los magistrados Miriam Cheng, Carlos Alberto Vásquez, María Cristina Chen y Ariadne García, en tanto, Arrocha recibió los votos de sus colegas Ángela Russo, Maribel Cornejo y Cecilio Cedalisse. En la vicepresidencia de la Corte fue electo el magistrado Vásquez y como presidente de la Sala Civil repite el magistrado Arrocha. 

López reiteró su compromiso en lograr una justicia equitativa, objetiva y de puertas abiertas. Para conseguirlo contará con el presupuesto más alto de la historia dirigido a este órgano del Estado,  que asciende a $385 millones aprobados para la presente vigencia fiscal, lo que representa un 17% más en comparación al anterior. Esto debe traducirse  en una mejora tangible sobre el acceso a la justicia para la población, personal eficiente y equipo moderno y como consecuencia, un impacto en la percepción del panameño de a pie que mira a la justicia como lenta y subjetiva según quién se siente en el banquillo.  

Del monto total asignado este año, $303 millones corresponden a funcionamiento y $51.8 millones a inversiones. En el primer punto López mencionó la creación de 373 nuevas posiciones para reforzar las dependencias judiciales, incrementos salariales a los integrantes del Instituto de la Defensa Pública y funcionarios, además de recursos financieros para cubrir primas y bonificaciones de antigüedad.  Por otra parte, el incremento de $34 millones en inversiones permitirá continuar con la construcción y licitación de 34 dependencias judiciales y ocho nuevos centros de atención al usuario que se activarán este año.

Los proyectos de inversión se enfocarán en la construcción de infraestructuras capaces de alojar y concentrar las dependencias judiciales, lo que a largo plazo permitirá un ahorro a la institución en alquileres y facilitarán el acceso a la justicia en una sola sede en cada provincia. Entre estos proyectos, que abarcan casi todas las provincias, uno de los más ambiciosos es el estudio de factibilidad y licitación pública-privada de la unidad judicial regional de Panamá cuya construcción tomará aproximadamente cuatro años y su costo se calcula en $500 millones.  En ella se concentrarán todas las dependencias judiciales y administrativas del Órgano Judicial y se prevé que una sociedad gestora provea el capital para financiar el pago al operador y constructor del proyecto.  Se trata de una megaobra que busca mejorar las capacidades de atención al usuario de acuerdo a las demandas del servicio. 

De igual forma, López dijo que continuará con el programa de digitalización judicial financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) valorado en $30 millones. Este sistema permitirá a los usuarios un rápido acceso a los procesos y darles seguimiento de forma virtual similar a la tecnología que manejan países como Argentina, Brasil o República Dominicana. Esto terminará con el hacinamiento de expedientes en los despachos y en los depósitos. 

Entre otros planes también se perfila la terminación de la Unidad Judicial de Panamá Oeste que concentrará todas  las dependencias con una proyección de crecimiento a 10 años, equipada con tecnología de punta y estimada en $33.5 millones. En la provincia de Herrera se culminará la construcción del Centro de Capacitación y Entrenamiento del Órgano Judicial, ubicado en el distrito de Santa María por $7,5 millones, que permitirá ahorros económicos a la institución y  la ampliación de pasantías para magistrados, jueces y administrativos. 

En la provincia de Veraguas se procederá a la licitación de una nueva Unidad Judicial para la cual López solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partida por $2,2 millones en 2022  para la adquisición del terreno y la renovación de la flota vehicular. Este proyecto tiene un costo de $42.5 millones y se ejecutará en dos años. Con respecto a la provincia de Los Santos, también se planea una licitación similar, pero con un estimado de $10 millones. En la provincia de Chiriquí, López indicó que culminará la construcción del juzgado municipal de Renacimiento a un costo de $272 mil. 

Otras proyecciones planteadas por la magistrada refirieron a la renovación de la flota vehicular, la reposición de equipo tecnológico, la plena automatización de la carrera judicial, el reforzamiento de las oficinas del Sistema Penal Acusatorio a nivel nacional, la evaluación del desempeño de magistrados, jueces de apoyo judiciales, de los servidores de la defensa pública y la adecuación de los cargos de la estructura institucional.  

Por último, López recordó que la misión debe enfocarse en rescatar la imagen de la institución en toda la población que espera una justicia oportuna, equitativa  y transparente, de puertas abiertas, accesible y que disminuya la mora judicial.