Comisión de Credenciales archiva cuatro querellas

Dos querellas eran contra el presidente Laurentino Cortizo y otras dos alcanzaban a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por infracción a los deberes públicos y abuso de autoridad. Tres de ellas fueron archivadas por votación unánime, mientras que la diputada Mayín Correa se abstuvo de votar en la demanda presentada por su colega Zulay Rodríguez




En los debates futuros se incluyen expedientes recientes de demandas presentadas en enero por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, quien querelló a la presidenta de la CSJ, María Eugenia López por los supuestos delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.


La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional archivó este lunes cuatro carpetillas (304, 305, 306 y 307) que se mantenían acumuladas en el despacho. Las demandas eran en contra del presidente de la República y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tres se cerraron totalmente por votación unánime, mientras que una resultó con una abstención de la diputada Mayín Correa.

La primera querella se interpuso el 10 de junio de 2022 y fue contra del presidente Laurentino Cortizo por el supuesto delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos, violación de la Constitución y convenios internacionales. El denunciante, Abdiel González, solicitó que se investigue al mandatario por la sanción al proyecto de ley 545, que reconfiguró los circuitos electorales estableciendo un número fijo de 71 diputados.

El mismo González denunció en agosto de 2022 (carpetilla 305) a Cortizo por el supuesto delito contra la administración pública, abuso de autoridad e infracción de deberes públicos porque en una de sus declaraciones el presidente dijo que “que los medicamentos estaban controlados por una mafia”.

El resto de las carpetillas, la 306 y 307 alcanzaban a todos los magistrados de la CSJ. La primera se enfocó en los magistrados Maribel Cornejo y Olmedo Arrocha por el supuesto delito de abuso de autoridad. La demanda llegó a la Comisión en diciembre de 2022 en representación de Nicel Lisbeth Solano, exfuncionaria del Órgano Judicial quien trabajó como asistente de Cornejo hasta el 2021, momento en que fue destituida y procesada por el delito de delincuencia organizada y corrupción de servidores públicos, aparentemente por filtrar información privilegiada a personas que enfrentaban la justicia. En este sentido, la afectada reclamó que el proceso en su contra, en el cual se recopiló información, se realizó sin solicitud y presencia de la Fiscalía, o la autorización de un juez de Garantías y se vulneró su derecho. La denunciante fue detenida en el marco de la operación Damasco como parte de la investigación realizada por el Ministerio Público relacionada a una pandilla. La mujer trabajaba como coordinadora de la Unidad de Trámite y asistente de Cornejo, no obstante, aparentemente fue destituida tras recibir una información de inteligencia.

La última carpetilla que analizaron ayer los diputados fue la 307 que interpuso la diputada Zulay Rodríguez el 3 de enero de 2023 en contra de los magistrados Olmedo Arrocha, Ángela Russo, Miriam Cheng, María Eugenia López, Maribel Cornejo, Carlos Vásquez, Cecilio Cedalise y María Chen. Rodríguez denunció a los mencionados por el supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos. La diputada alegó, según un escueto resumen de la querella extraído de la Comisión, que se impidió la lectura de inadmisibilidad en su contra que circulaba en el pleno de la Corte. Según el texto, el procurador Javier Caraballo recibió una demanda que vinculaba a la diputada y la envió a la Corte porque salía de su competencia. En esta demanda la diputada Mayín Correa se abstuvo al voto, mientras que el resto de los diputados votaron a favor de su archivo. 

La próxima semana los diputados analizarán otras cuatro querellas de data más reciente. En los debates futuros se incluyen expedientes recientes de demandas presentadas en enero por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, quien querelló a la presidenta de la CSJ, María Eugenia López por los supuestos delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad y extralimitación de funciones. La idea del presidente de la Comisión, Raúl Pineda, es debatir todas las denuncias antes de que culmine el periodo legislativo, a mediados de año. 

Para que las querellas procedan deben venir acompañadas de la prueba sumaria, es decir, alguna evidencia que acredita aunque sea parcialmente los hechos que se denuncian. En ocasiones la ausencia de esta prueba ocasiona que la querella no sea tomada en cuenta por los diputaDdos. 

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