Corte no admite casación, inhabilitación de Martinelli no es automática

A un día de que arranque la campaña política, la Sala Penal de la Corte no admitió la casación presentada por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli que pretendía revertir una sentencia en su contra. No obstante la pena, la inhabilitación del candidato a la presidencia recorre un trámite con tiempo indefinido 


La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió este viernes no admitir el recurso de casación a favor del expresidente Ricardo Martinelli, que tenía como propósito revertir la sentencia de 128 meses de prisión y una pena accesoria que consiste en una multa de $19 millones por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, fallo que dictó la juez Baloisa Marquínez, del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, en julio de 2023. La sentencia de Marquínez también ordenó el comiso de los bienes de cuatro periódicos del grupo Editorial Panamá América (Epasa) y la disolución de las sociedades Inmobiliaria TPA S.A y TPHC, que mantenían las acciones.  En este sentido surge la interrogante sobre el futuro de los empleados de los diarios,  y cómo se procederá a su liquidación.  “Debieran ser manejados por la empresa privada,  a través de un mecanismo de liquidación de la sociedad, y no por el Estado”, opinó el penalista Giovani Olmos.

La Sala Penal tampoco admitió el recurso de casación interpuesto por Daniel Arrocha Ochy, Valeín Martínez Vásquez, Iván Arturo Arrocha y Janett Ibeth Vásquez, todos sindicados por el delito de blanqueo de capitales por el mismo caso.

De igual forma, la Corte no admitió, por improcedente, la solicitud de suspensión de trámite y rechazó de plano dos incidentes  de nulidad presentados por distintos abogados del exmandatario. 

Ante la decisión de la Corte, el equipo legal Martinelli aseguró a La Estrella de Panamá que interpondrá una aclaración de la casación en los próximos días, ya que el edicto se fijó casi de inmediato -  el dos de febrero - por un término de cinco días hábiles con vigencia hasta el nueve de febrero, tiempo que tiene la defensa para interponer el recurso. Una vez  presentada la aclaración, la Sala Penal tendría que preparar un proyecto que le de trámite o rechace la solicitud de aclaración, para lo cual no existe un tiempo estipulado, lo que podría traducirse en una acción tan veloz como el magistrado ponente lo estime, o tan profunda como las argumentaciones a esclarecer. 

“De esta forma se salieron con este absurdo jurídico de no admitir un recurso constitucional, legal y convencional. Ricardo Martinelli es un hombre bendecido por Dios, vamos a ejercer la defensa todavía”, exclamó el abogado Alejandro Pérez.  

En lo que respecta a la inhabilitación electoral, el proceso no es tan automático como se cree. Una fuente del Tribunal Electoral explicó los pasos que debe seguir este procedimiento. Lo primero que hay que recordar es que la decisión aún se encuentra en notificación. Una vez se desfije el edicto se deberá proceder a notificar a Martínelli y dar el aviso al juzgado Tercero Liquidador. Cuando se cumpla este paso, el juzgado emitirá un oficio de aviso a la Fiscalía Electoral y al Tribunal Electoral para notificarlos.

Sin embargo, la inhabilitación debe solicitarla ‘alguien’, explicó la fuente del Tribunal. “Puede ser el fiscal administrativo electoral o cualquier otro ciudadano”, indicó. Este proceso se pide al juzgado electoral de turno. Al final lo que procedería “es declarar la inhabilitación, porque el candidato ha perdido su estado sine qua non”, añadió, ya que la Constitución prohíbe el ejercicio del cargo a quienes hayan sido condenados a más de cinco años por delito doloso. En este tramo, si el juzgado electoral falla en contra de Martinelli, sus abogados pueden apelar y el pleno del Tribunal Electoral deberá emitir la decisión final. Éste último paso es un proceso sumario, es decir,  que en comparación al resto es más rápido porque tiene términos más cortos que el ordinario, como establece la norma. Aunque, aclara la fuente, no existe un tiempo definido para esto, así como tampoco existe precedente en el caso. 

Cuando este trámite se extinga, del cual nadie puede saber el tiempo que puede tomar, y la inhabilitación de Martinelli quede en firme, el segundo en la fórmula electoral, José Raúl Mulino, podrá ejercer como el principal candidato a la presidencia del partido Realizando Metas, pero sin suplente.

La fuente del Tribunal añadió que Martinelli “en este momento no tiene fuero de ningún tipo, pues se le levantó en el caso New Business y la norma explica que al haberse levantado un fuero no se vuelve adquirir”.  Sus abogados no opinan lo mismo. Alejandro Pérez dijo que Martinelli adquiere el fuero el 3 de febrero, cuando inicia la campaña política. 

No obstante las complicaciones legales, el escenario no ha detenido a la campaña de Martinelli: “Nosotros vamos con todo, y si creen que con esto van a impedir que el partido Realizando Metas va a perder las elecciones, están equivocados. Se van todos los delincuentes que hoy ocupan altos cargos gubernamentales y en el Ejecutivo”, manifestó a este diario Alejandro Pérez.  En horas de la tarde, el equipo político del expresidente reiteró la invitación a la concentración que tendrá este sábado en el parque Santa Ana, como inicio de la campaña. 

Mientras que la Sala Penal se pronuncie sobre la revisión de la casación, los efectos de la sentencia se interrumpen, según abogados consultados. Lo que daría tiempo a Martinelli de participar en la campaña política, al menos en los inicios, y a sus abogados de pelear en la esfera electoral.

“La regla es que una vez levantado el fuero penal, no hay que volver a presentarlo. Lo que no se puede perder de vista es que, en medio del proceso, ningún candidato se debe ver perturbado en su participación política, porque todo el ordenamiento jurídico da preferencia al ciudadano al elegir, por eso se cuidaba que lo que estaban en la papeleta y no se les quitara el derecho a participar en la elección”, explicó Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados.

Si toca interpretar las reglas del juego electoral, “habría quienes en una visión restringida crean que la condición lo excluya, olvidando que hoy día todo el ordenamiento jurídico está construido sobre la convención americana de derechos humanos que articula concretamente el derecho a elegir del ciudadano, que estaría por encima de los matices que crean obstáculos porque ya quedaron en firme las candidaturas”, consideró el jurista Araúz. Ahora, entrar a los otros debates es asumir posiciones de acuerdo a los intereses en cuestión. “Desde el punto de vista del derecho y su amplitud, soy del criterio de que la participación no debe ser eliminada o este conflicto puede llegar a instancias internacionales que puedan ver con objetividad lo que con la efervescencia del torneo electoral no se está mirando”, añadió.

La decisión judicial sienta un precedente en Panamá, hasta ahora inédito, por ser el primer expresidente que recibe una condena y sentencia de más de cinco años postinvasión, en este caso por blanqueo de capitales. Anteriormente Martinelli enfrentó dos juicios por el caso de escuchas telefónicas, conocido como pinchazos, pero fue declarado no culpable en ambos. En julio se tiene programado el juicio por sobornos en el caso Odebrecht, en el que también está llamado a juicio Martinelli y el expresidente Juan Carlos Varela. 

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