La Fiscalía Regional de Darién indicó a La Estrella de Panamá que investigó 22 casos de oficio por agresiones sexuales a migrantes. El Ministerio Público negó haber recibido informes de algún tipo de delito en perjuicio de migrantes por parte de MSF. La organización señala que no puede obligar a las víctimas a presentar sus denuncias ante la autoridad
La Fiscalía Regional de Darién “no ha recibido ningún tipo de información, reporte o denuncias de algún tipo de delito en perjuicio de migrantes en el paso de la selva darienita por parte de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF)”, respondió el Ministerio Público a una inquietud de La Estrella de Panamá a propósito de la suspensión del convenio entre el gobierno panameño y MSF que venció el pasado 29 de febrero del corriente, hasta culminar la revisión de la evaluación del acuerdo.
Recientemente Panamá decidió no renovar el convenio suscrito con los médicos en 2021, aparentemente dadas las diferencias por la cantidad de víctimas de abuso sexual en la selva reportadas por la organización internacional, que tan solo en una semana quintuplican los investigados de oficio por la fiscalía en la región de Darién.
La Fiscalía regional de Darién “ha investigado 22 casos de oficio entre enero y febrero del corriente, aunque también reciben denuncias que remite el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Fronteras y las que hacen las mismas víctimas”, indicó el Ministerio Público.
Sin embargo, al ser MSF una organización médica, el quehacer se centra en tratar pacientes. “MSF no denuncia, lo hacen las pacientes”, explicó la organización a La Estrella de Panamá. En eso parecen estar enfrascadas ambas partes, que aún conversan para intentar limar las diferencias para renovar el convenio.
“En cada una de las consultas relacionadas con violencia sexual, el personal de MSF les explica a los y las sobrevivientes sobre el derecho que tienen de denuncia y acceso a la justicia, y sobre cómo es el proceso de denuncia”, respondió MSF ante la consulta de este medio. Denunciar o no es una decisión de las sobrevivientes que MSF respeta. “Devolver el derecho a decidir es fundamental para alguien a quien la violencia le arrebató ese derecho”, puntualizó MSF.
El gobierno alega que la organización no ha cumplido el convenio que establece la obligación de presentar los informes legales y sanitarios a las entidades panameñas correspondientes. Recientemente una fuente del Minsa señaló a este diario las diferencias en los informes como una de las principales razones de la suspensión, ya que los médicos han publicado en su portal que “en una semana de febrero 113 personas fueron atendidas por los equipos médicos tras haber sufrido agresiones sexuales por parte de grupos criminales que operan en el Darién; entre ellas, nueve menores de edad”. Esta cifra, añade el reporte de MSF, se acerca a la de los 120 casos que se atendieron en todo el mes de enero, que también destaca, ya que en 2023 se atendieron 676 casos por esta causa.
Por ahora MSF mantiene conversaciones con el Minsa sobre la continuidad de la colaboración para prestar atención médica a la población migrante en el Darién. La organización “confía en que ese diálogo le permitirá retomar sus actividades lo antes posible”, indicaron fuentes de la entidad internacional.
Las víctimas que sufren abusos o violaciones sexuales en el peligroso trayecto, por lo general se inhiben de interponer una denuncia porque su interés es llegar a su destino, Estados Unidos. Un proceso de esta naturaleza conllevaría permanecer en Panamá más tiempo de lo que desearían, al igual que les generaría más gastos. Por ejemplo, suponiendo que la Policía identifica al victimario - que requiere de una labor intensa de búsqueda adentrada en la selva -, logra solicitar una audiencia y el juez imputa cargos al agresor, el plazo de investigación establecido por ley es de seis meses. Para ese tiempo es muy probable que la víctima haya llegado a su destino, razón por la que generalmente optan por desistir de la denuncia ante las autoridades, pero en cambio, prefieren explicar a un médico lo que les ocurrió en el camino.
Desde el 13 de septiembre de 2021, Fiscales Adjuntos de la Fiscalía Primera Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada fueron asignados a la Subregional de Bajo Chiquito, adscrita a la Fiscalía Regional de Darién, para la atención primaria de los procesos que involucren a las víctimas migrantes de algún delito. Posteriormente, en febrero de 2022, la subregional de Bajo Chiquito fue trasladada a la comunidad de Canaán Membrillo y cambió su denominación a Subregional de Canaán Membrillo, igualmente cuenta con personal rotativo, el cual es designado por semana. Desde el 24 de abril de 2023, se establece la Subregional de Bajo Chiquito, adscrita a la Fiscalía Regional de Darién, para la atención primaria de los procesos que involucren a los migrantes, la cual cuenta con personal rotativo designado que atiende 24/7, según el Ministerio Público. Una vez las denuncias son recibidas se remiten a la Sección de Atención Primaria de Darién para el trámite correspondiente.
El Ministerio de Salud (Minsa) ha efectuado acercamientos y conversaciones con otras organizaciones internacionales que puedan reemplazar la labor de MSF en Bajo Chiquito, Darién, el primer pueblo al que llegan los migrantes cuando terminan un trayecto de más de cinco días de camino por la selva del Darién, frontera entre Panamá y Colombia. “Se trata de convenios con permisos para laborar en el país. Vamos a trabajar con otros organismos internacionales pero aún no se dan los permisos ni puedo revelar los nombres. Mientras tanto, en la frontera por donde hasta marzo arribaron más de 70 mil personas, estamos trabajando con Unicef, Cruz Roja y Unfpa”, manifestó en entrevista previa una fuente del Minsa que solicitó anonimato.
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