Para apagar los incendios registrados en el vertedero durante el primer trimestre fue necesario importar con urgencia un agente encapsulador de gran eficiencia, lo que elevó el costo del producto en más de $20k0 mil
Los siniestros del primer trimestre del año fueron provocados en uno o más focos, en algunos casos en forma simultánea, como lo dicen las señales de carbonización halladas en el terreno (foto: La Estrella).
El gobierno gastó aproximadamente dos millones de dólares para apagar los tres incendios, de enero, febrero y marzo de 2024, ocurridos en el relleno sanitario a cielo abierto del vertedero de Cerro Patacón. De este monto, el cuerpo de bomberos pagó $665,373.18 por la compra directa de F500, un agente encapsulador de alta eficiencia cuyo único distribuidor en Panamá es la empresa Delace, según información obtenida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP). A esto, según los reportes de la entidad, se añade el costo de horas hombre de más de 50 camisas rojas y 25 funcionarios de instituciones relacionadas, cinco vehículos de extinción de mil galones de agua cada uno y seis carros de intervención rápida para moverse a sitios a donde los camiones de bomberos no pueden acceder. Para sofocar el fuego, también se requirió concentrado de espuma, cinco cisternas del Cuerpo de Bomberos, dos ambulancias, otros seis camiones cisterna del Idaan, bombas portátiles, mangueras, machetes, palas, escaleras, lámparas recargables, tinas para succión y cámaras térmicas, entre otros.
A pesar de que se preveía una estación ardiente, dado el fenómeno climático de El Niño que se extendió hasta mayo, y que los pronósticos comprometían las reservas de agua dulce para el consumo humano y la operación del Canal de Panamá, en las bodegas de los bomberos no había suficiente inventario para actuar de forma inmediata, menos si se trataba de un hecho de grandes proporciones. Como el registrado el 18 de enero, el primero del año que arrasó con 18,232 metros cuadrados -según la distancia calculada por los bomberos- y que tomó 10 días extinguir. Esto, a pesar de que en marzo de 2023 el gobierno declaró ‘emergencia sanitaria’ en el vertedero para mitigar el “desastre ambiental ocasionado por el mal manejo de la basura”, reportaba una nota de prensa de la Presidencia. De esta forma, tomó control del sitio y concluyó el contrato con la empresa Asociación Accidental Urbaser-Plotosa (Urbalia), en marzo de 2023, alegando incumplimiento.
Los reportes elaborados por las camisas rojas a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá, indican que los siniestros del primer trimestre del año fueron provocados en uno o más focos, en algunos casos en forma simultánea, como lo dicen las señales de carbonización halladas en el terreno.
Sobre estos hechos no hay nadie responsable o señalado. El Ministerio Público inició una investigación hace dos meses para esclarecer los hechos, pero hasta la fecha no han logrado dar con los culpables, según informó a este diario una fuente oficial de esta entidad. La escasa seguridad del área, en la que convergen pepenadores, moradores cercanos y extraños sin ningún tipo de restricción para acceder o salir, impide recabar pruebas o apuntar quién causó los incendios. En un informe, los bomberos destacan que el relleno carece de un plan de Ordenamiento y Separación de Desechos, lo que imposibilita identificar la peligrosidad de los residuos y accionar en reducir el riesgo de combustión.
‘La Decana’ solicitó a través de una nota de acceso a la información los reportes de las inspecciones técnicas efectuadas por los bomberos que pretendían determinar las causas probables de los incendios. También conversó con Sergio Delgado, proveedor del agente encapsulador F500, quien manifestó que dada la emergencia, dos de los envíos requirieron transporte aéreo, los que sumó $215,881.49 al costo del producto, que superó los $665 mil. De igual forma obtuvimos de MiAmbiente los reportes que evidencian ‘el no adecuado’ manejo del vertedero a cielo abierto, primero bajo la administración de Urbalia, y luego bajo el manejo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).
La basura fue uno de los problemas más abordados por candidatos a alcaldes y presidentes durante la pasada campaña política. Todos prometieron limpiar la ciudad y un programa integral de reciclaje. Sin embargo, no existe un estudio pormenorizado de los materiales que hay ahí, sus efectos sobre la salud y medio ambiente para adoptar medidas de protección y mitigación. Tampoco existe un sistema de alerta temprana de detección de incendios capaz de coordinar con los bomberos locales.
DIEZ DÍAS CON FUEGO
El jueves 18 de enero de 2024, quince minutos después de las cuatro de la tarde, los bomberos recibieron una alerta de incendio en el relleno sanitario de Cerro Patacón. Cuando arribaron notaron una densa capa de humo que impedía la visibilidad. Luego, esa nube tóxica se esparciría por gran parte de la ciudad como un gran manto. Lo que llamó la atención, dijo una fuente de los bomberos que conversó con este diario bajo el anonimato, es que “cuando nos llamaron ya se trataba de un incendio declarado, no estaba en fase incipiente”. Algo que a su parecer, la AAUD debió detectar con las primeras llamas para evitar su propagación.
Los bomberos notaron dos zonas que ardían dentro del vertedero. Una, ubicada en la parte superior, y la segunda en el almacenamiento de llantas. “A pesar de la distancia entre ellas, ambas se prendieron en forma simultánea”, como menciona el reporte de los Bomberos. Ardió de todo: plásticos, aluminio, llantas, cartón, desechos orgánicos, hospitalarios, metales y lo que se pueda imaginar entre las 2,400 toneladas de desechos que recibe a diario el vertedero.
En un principio, los camisas rojas intentaron sofocar los puntos con agua y concentrado de espuma extintora, pero el fuego les ganaba terreno. En la noche de aquel jueves, Sergio Delgado, proveedor F500, recibió una llamada de los bomberos solicitando con urgencia el encapsulador. No era la primera vez que vendía el producto. Justo un año antes lo necesitaron para apagar un incendio que consumió siete bodegas en la Zona Libre. También suministró el producto en octubre y diciembre del 2023, éste último para apagar otro incendio en Cerro Patacón.
“Respondemos cada vez que nos llaman, a cualquier hora, literalmente como apaga fuegos”, describió Delgado en una entrevista con La Estrella de Panamá. Mientras escuchaba a los bomberos narrar el fuego descontrolado al otro lado del teléfono, se le vino a la mente aquella reunión, meses atrás, en la que les advirtió que la temporada 2024 venía ‘muy seria por el fenómeno de El Niño’. Les aconsejó que se abastecieran, ‘por si acaso’.
Delace tenía en bodega 384 bidones comprometidos a otro cliente en el extranjero, pero dada la urgencia se los vendió a los bomberos. Dos días después, el Ministerio de la Presidencia le volvió a llamar, los bomberos no se daban a basto. Pero agotado el inventario tuvo que fletar los bidones vía aérea desde Georgia, Estados Unidos, donde está la fábrica. “El producto más caro es el que no tienes”, resumió Delgado. Y así fue. El gobierno tuvo que importar dos embarques en diferentes fechas, y pagar más de $200 mil. El incendio de enero le costó al gobierno más de $600 mil. En total despachó 1,624 bidones, cada uno de cinco galones.
SOBRE CERRO PATACÓN
El vertedero de Cerro Patacón consta de 132 hectáreas y se encuentra entre dos vías principales, la carretera Panamá-Colón y la avenida que conduce al puente Centenario.
Para una correcta operación, requiere de un área de dos kilómetros de amortiguamiento, necesaria para separar el relleno de áreas vecinas, pero no existe. En los alrededores se observan invasiones informales y proyectos de vivienda otorgados por el gobierno.
La vida útil del vertedero calculada en 1984 era de 50 años. En teoría debería tener 10 años más, “pero es difícil”, estima Gabriel Iglesias, empresario especialista en reciclaje. Carecemos de un centro industrial cerrado con una cerca perimetral y seguridad que controle el ingreso.
Operar un relleno sanitario requiere de piedra y tierra, para cubrir los desechos. Pero la cantera que supuestamente tendría este propósito fue concesionada en la década de los 90s y el material se usó para otros propósitos. “No cubrir los desechos puede generar incendios, contaminación y lixiviados, que a la postre contaminan las aguas subterráneas porque la capacidad de tratamiento de las tinas es insuficiente a la necesidad”, señala Iglesias.
ENTENDER EL RECICLAJE
En el manejo de desechos sólidos hay una palabra ‘mágica’: reciclar. Pero como nos dice Iglesias, el tema es más complejo de lo que parece. Requiere de cuatro erres: reducir, reutilizar, recuperar y reciclar. En Panamá sólo contamos con industrias para reciclar papel y cartón, algunas otras iniciativas pequeñas inician con plástico y aluminio. Si bien, no se trata de un inalcanzable, se requiere un plan de gestión integral de políticas y metodologías aplicables. Empezar desde el origen requiere revisar “lo que entra al país y no se puede reciclar”. Un ejemplo, dice, son las llantas de segunda que se importan legalmente, pero que después los pepenadores queman para obtener el metal. Otro aspecto fundamental que recuerda el empresario, es la responsabilidad extendida del productor, quien debe contar con mecanismos para la recuperación de la mercancía y evitar que termine en los ríos. “La gente no tira lo que vale dinero”, asegura Iglesias.
Iglesias duda que los incendios recientes hayan sido intencionales. “No hay prueba”, asevera. “Si no tienes un vídeo del hecho, no hay pruebas”, insiste, justificando los incendios por las altas temperaturas del verano, que pudieron ocasionar siniestros por combustión espontánea. “Los desechos al descubierto pueden prenderse con cualquier cosa, especialmente con la cantidad de gas metano condensado debajo de los desechos que, al no recibir el tratamiento adecuado puede avivar el fuego”, explica.
Lo ideal para Iglesias sería iniciar una planta de transferencia, una bodega de grandes proporciones receptora de los desechos donde se recuperen los materiales y el resto se envíe al relleno sanitario. En su concepto se debe cobrar por tonelaje para obligar a la industria a revisar qué importan, qué producen y la calidad de los desechos. En este momento no “hay límites en cantidad y calidad de los desechos, así como tampoco una solución a los gases refrigerantes, los tanques sépticos, todo va a parar al mismo sitio”, describe.
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