Funcionarios estadounidenses explicaron detalles del Memorando de Entendimiento suscrito con Panamá, mediante el cual se pretende reducir el flujo de migrantes hacia el norte
El Memorando que se firmó recientemente se aplica sin tener en cuenta la nacionalidad y Estados Unidos se compromete a apoyar a Panamá en la aplicación de sus propias leyes de inmigración dentro de sus fronteras sin involucrar traslados de personas de Estados Unidos o hacia terceros países.
El Departamento de Estado de Estados Unidos transfirió $6 millones del fondo de apoyo económico para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) destinados al plan piloto con el fin de reducir el número de migrantes que cruzan la selva del Darién, que divide la frontera colombo-panameña arriesgando sus vidas y en su mayoría víctimas de tráfico a manos del crimen organizado. Estados Unidos reconoce que la situación en el Darién es “insostenible y en muchos casos trágica”. Por lo tanto, esperan que esta acción disuada a los migrantes de ponerse a sí mismos y a sus familias en el riesgo que implica atravesar el Darién y los peligros que se enfrentan en el resto del camino.
El objeto del Memorando de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos consiste en ayudar al gobierno istmeño en sus esfuerzos para repatriar rápidamente, de manera segura y humanitaria a sus países de origen, a las personas que no tienen justificación legal para permanecer aquí. Lo anterior forma parte del documento bilateral sobre asistencia y cooperación en materia migratoria que consiste en el primer compromiso de repercusión internacional que suscribió el recién juramentado presidente José Raúl Mulino. Lo firmó tan pronto le fue impuesta la banda presidencial durante una reunión bilateral con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien encabezó la delegación de ese país a Panamá para participar en la toma de posesión presidencial.
Este martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos organizó una conferencia virtual sobre el Nuevo Acuerdo Contra la Migración Irregular y el Contrabando Humano en la que participó Marcela Escobari, asistente especial del Presidente Joe Biden y los Subsecretarios Luis Miranda y Eric Jacobstein. En dicha conversación se ofrecieron detalles del acuerdo, además del monto mencionado. Este dinero será empleado en capacitación y para ayudar a Panamá en la repatriación de manera segura y humanitaria a sus países de origen, a las personas que no tienen justificación para permanecer en Panamá según las leyes migratorias. En este sentido, no hay distinción de alguna nacionalidad en particular de quiénes pueden ser deportados. Los funcionarios no ofrecieron detalles si el financiamiento será recurrente o no. Al parecer se evaluará de acuerdo a los avances del plan, reconociendo que es un ejercicio piloto, esperar los resultados antes de adquirir nuevos compromisos.
Mediante este acuerdo mutuo, Panamá se sumó a muchos de sus países vecinos en brindar una vía para que los migrantes puedan solicitar un estatus legal temporal reconociendo los beneficios económicos del programa.
“Instamos al presidente Mulino a arrancar un programa similar con un nuevo enfoque de reducir las tarifas de solicitud para inmigrantes. Al mismo tiempo recomendamos que los migrantes con estatus legal puedan validar sus credenciales profesionales en Panamá”, manifestó Escobari, quien acompañó a Mayorkas en su viaje a Panamá y estuvo presente en la reunión bilateral con Panamá. Un asunto polémico que ha causado ronchas con las profesiones exclusivas para panameños, quienes no parecen estar dispuestos a sacrificar sus puestos laborales, a pesar de que la Organización Internacional para las Migraciones también recomendó al gobierno modernizar la política migratoria, para incluir a los extranjeros que trabajan en Panamá en la informalidad.
El acuerdo en mención se intentó firmar durante la administración de Laurentino Cortizo, según conoció este diario. Aquél borrador que quedó pendiente de firma planteaba el apoyo del Departamento de Seguridad para la compra de boletos aéreos para adultos según el incremento de los flujos migratorios irregulares. En dicho acuerdo se estableció un término de 96 horas máximo desde recibida la solicitud para la ejecución de medidas de repatriación decretadas por Panamá, periodo perentorio e improrrogable.
El Memorando que se firmó recientemente se aplica sin tener en cuenta la nacionalidad y Estados Unidos se compromete a apoyar a Panamá en la aplicación de sus propias leyes de inmigración dentro de sus fronteras sin involucrar traslados de personas de Estados Unidos o hacia terceros países.
En cuanto al financiamiento de $6 millones destinado a este programa piloto, según los funcionarios estadounidenses destaca el compromiso de gestionar una migración segura y humana, además de una fuerte aplicación de la ley. “Nuestra colaboración con Panamá incluye salvoconductos para apoyar los derechos humanos y protección”, aseguraron. Se usarán fondos del Departamento de Estado para que DHS realice el programa de asistencia exterior, ya que la entidad tiene la experiencia en la materia y “apoyaremos lo que es entrenamiento y capacidad para fortalecer los procesos seguros y humanos en Panamá”, explicaron. Lo anterior incluye la evaluación adecuada de reclamos de protección.
De esta manera, Estados Unidos brindará apoyo a las operaciones de repatriación que requieren una revisión vigorosa para las personas en riesgo de persecución o de tortura, a retornar a sus países de origen en cumplimiento del derecho internacional. “Junto con Panamá mantenemos un compromiso y una estrategia integral que respete la dignidad humana y a la vez que aborde las complejidades de la migración por el Darién”, manifestaron.
Durante la reunión, Panamá mostró un compromiso para seguir avanzando en los tres pilares de la Declaratoria de Los Ángeles respaldada en 2022 por Panamá y otros 21 países más: “Control fronterizo, fortalecimiento de las vías legales y la estabilización de las poblaciones migrantes”, describió Jacobstein.
Nuevamente, Estados Unidos intenta disuadir el paso de irregulares por vías peligrosas para que opten por caminos seguros. Con este anuncio esperan transmitir un mensaje contundente para que cualquiera que busque protección o nuevas oportunidades económicas, utilice vías legales ordenadas y seguras, en lugar de poner sus vidas en peligro.
Panamá ya dio un primer paso in situ. Los migrantes que seguían la peligrosa ruta en el Darién se encontraron con un obstáculo. El Ministerio de Seguridad comenzó a establecer cercas en las trochas de la frontera colombo-panameña, por donde circulan los desplazados irregulares.
El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reveló en exclusiva a La Estrella de Panamá, que la construcción de esta cerca será por etapas y “poco a poco”.
También indicó que este proceso se realizará en constante coordinación con las autoridades de la República de Colombia.
El ministro destacó que la coordinación con el país suramericano comenzó este 1 de julio en una reunión bilateral, en la que participó el presidente Gustavo Petro, su canciller Luis Murillo y José Raúl Mulino, presidente de Panamá y su canciller, Javier Martínez- Hacha, que se celebró en la ciudad de Panamá, antes del evento de la toma de posesión.
Ábrego enfatizó que las autoridades colombianas conocen sobre la construcción de las cercas que son “una mezcla de alambres de púas y serpentinas”, según detalló Ábrego.
Ayer el presidente Mulino también conversó con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro. Ambos coincidieron en la necesidad de enfrentar la crisis migratoria en la región y fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones. Intercambiaron experiencias en el manejo de los flujos irregulares de migrantes, problema que afecta particularmente a los países de la región.
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