Se trata del hallazgo de entre nueve y once cuerpos sin vida, presumiblemente migrantes, que emplean el trayecto rumbo a Estados Unidos. Todo comenzó por una alerta anónima
La personera del Ministerio Público del área de Carreto, sitio ubicado en la Comarca Guna Yala recibió este miércoles en horas de la mañana una llamada alertando sobre aproximadamente 10 cuerpos, aparentemente de migrantes irregulares, que habían perecido ahogados. El número preciso de los cadáveres encontrados aún no se precisa por parte de las autoridades, aunque un comunicado del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) da cuenta de 10 víctimas.
El Ministerio Público indicó que la personera municipal inició una investigación sobre el supuesto hallazgo, mediante la cual se espera conocer el estado de los cuerpos que podrían haber sido sepultados para encubrir los nexos de las comunidades locales con el tráfico de migrantes. Hasta ahora no se han detallado las condiciones en que la fuente anónima halló a las víctimas, quien finalmente comunicó a las autoridades acerca del hecho. La investigación que realiza el Ministerio Público pretende determinar las causas de muerte de los migrantes, que oscilan entre nueve y once fallecidos, según una fuente de la entidad que conversó con La Decana.
El Senafront, no obstante, emitió un comunicado en que confirmó que los migrantes “fallecieron ahogados”. Enseguida explica que a pesar de los esfuerzos que hacen para canalizar el flujo a través del corredor humanitario instalado por la ruta de Acandí, en la que ofrece mayor protección a la población migrante, “la delincuencia organizada transnacional a través de colaboradores locales de estas comunidades costeras del Caribe insisten en utilizar pasos no autorizados, poniendo en grave riesgo la vida de las personas”.
Este miércoles el director del Senafront, Jorge Gobea, se trasladó al sitio para clarificar la situación, pero hasta el cierre de la nota la entidad no logró actualizar la situación con un informe más detallado sobre el hecho, dada la distancia y la dificultad en las comunicaciones.
Una fuente del Senafront, no obstante, indicó a La Estrella de Panamá la probabilidad de que los migrantes hayan viajado en una lancha y al voltearse tal vez los recogieron los lugareños. En este trayecto es frecuente ver a ciudadanos asiáticos, que tienen recursos para pagar más a los traficantes, ya que por este trayecto pasan menos días en la peligrosa y densa selva del Darién. “Muchos no saben nadar porque en su país el caudal de agua es llano”, explicó la fuente.
La tragedia recuerda los desafíos y obstáculos que enfrentan las autoridades para instalar un corredor humanitario en la selva del Darién, mediante el cual se pretenden dos cosas: dificultar las operaciones de los grupos criminales organizados que trafican con migrantes, e intentar ofrecer un trayecto más vigilado para los migrantes interesados en llegar a Estados Unidos.
En la pasada administración gubernamental se cerraron otros puntos de paso en la selva, no con alambres de púas como ahora. Poco duró, porque los traficantes buscaron nuevos caminos gracias a la colaboración de los lugareños, aparentemente indígenas, quienes también cobran por el paso y guían a los viajeros porque están más familiarizados con el lugar. La administración del presidente José Raúl Mulino, que suscribió un acuerdo bilateral con Estados Unidos, pretende deportar o expulsar de Panamá a los migrantes que violen la ley migratoria, lo que refleja un endurecimiento de las medidas migratorias panameñas.
De acuerdo a la fuente del Senafront consultada por este medio, es muy posible que las autoridades clasifiquen a los migrantes antes de sacarlos en vuelos fletados por Washington. “Seguramente los van a clasificar, el que tiene papeles, el que tenga pasaporte, o lo contrario, al igual que la persona con antecedentes criminales”. Tal vez quienes cumplan con algunos requisitos les permitan continuar su trayecto hacia el norte.
En la experiencia de la fuente consultada, entre 25% a 30% de los migrantes que llegan a Panamá no portan papeles de identificación. Una situación más común entre los haitianos porque saben que es más factible que los deporten o regresen a la isla, dada la cercanía con Panamá. Muchos alegan haber sido robados, lo que dificulta que interrumpan el camino.
Toda persona que ingresa a Panamá por un lugar clandestino, que no sea un puerto o punto de control, viola la ley y puede ser sujeto a una multa de hasta mil dólares. Pero, al haber suscrito el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, los gobiernos aceptaron el derecho al tránsito, incluido Panamá. He ahí una especie de rejuego entre el paso y la documentación que poseen los migrantes en su tránsito al norte, ante la situación caótica que sufren en sus países de origen, de ahí el término de flujo controlado.
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