El director de Migración, Roger Mojica informó que los primeros vuelos serán dentro de dos o tres meses, con el consentimiento de los migrantes
Roger Mojica sostuvo un encuentro con los medios luego de 15 días de gestión.
La puesta en marcha del Memorando de Entendimiento suscrito entre Estados Unidos y Panamá, mediante el cual se pretende iniciar un plan de repatriaciones masivas, aún no calienta motores. El director de Migración de Panamá, Roger Mojica sostuvo un encuentro con los medios luego de 15 días de gestión, que aún faltan dos o tres meses para ver el primer vuelo despegar.
El pacto bilateral que pretende frenar la crisis migratoria, no parece ser tan masivo como se planteó en un inicio. Para repatriar un migrante, antes se debe contar con su consentimiento. Y según la información colectada durante la conferencia de prensa, Estados Unidos tampoco parece estar listo para arrancar de inmediato. “Solicitaron un periodo para hacer contrataciones”, dijo Mojica.
La mayoría de los migrantes, por no decir que todos, están buscando el sueño americano, y Panamá resulta un puente en el camino. Pero, según Mojica, ha detectado que muchos migrantes cruzan la selva del Darién, frontera limítrofe entre Panamá y Colombia, sin saber a lo que se metían. “Cuando llegan a Bajo Chiquito, el primer poblado después de varios días de caminata en la peligrosa selva de Darién, manifiestan que no hubieran hecho la travesía y piden volver a su país”, explicó el director. No son la mayoría, pero hay casos que se toman en cuenta.
“Cuando llegan a Bajo Chiquito, el primer poblado después de varios días de caminata en la peligrosa selva de Darién, manifiestan que no hubieran hecho la travesía y piden volver a su país”, explicó el director.
Otro requisito previo a la repatriación consiste en una coordinación diplomática con el país de destino. Lo que también puede retrasar el proceso. Para ello se efectúan conversaciones y acercamientos con los países vecinos para que se den estas figuras. Hay reuniones pendientes con embajadores, y el día de la toma de posesión presidencial los hubo con Colombia. “Tenemos una buena práctica con Costa Rica, pero todo depende del proceso”, dijo Mojica.
Entre los pendientes también se evalúa, por ejemplo, dónde permanecerá el migrante hasta ser repatriado, quién se hará cargo de los gastos temporales, entre otros factores. A criterio de Mojica debe ser el norte quien sufrague estos costos, puesto que a Panamá le cuesta aproximadamente $100 millones anuales lidiar con los miles de migrantes irregulares.
Este año se cuentan 9 mil menos, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En 2024 han pasado 213,702 personas. En julio se registró el paso de 12,632 viajeros. El flujo, dijo Mojica, depende de las condiciones climáticas, de la situación de Venezuela, que este fin de semana celebra elecciones presidenciales, o de la violencia que impera en otros países, como Ecuador, entre las primeras nacionalidades que se detectan en las filas de control, antecedida por la venezolana y colombiana.
Mojica se refirió a la cerca instalada por las autoridades panameñas en la selva, que tiene como propósito controlar cuatro o cinco puntos de ingreso a Panama, que emplea el crimen organizado. La medida tiene como propósito formalizar de alguna manera una ruta vigilada por las unidades panameñas y evitar el tráfico de personas.
En julio se registró el paso de 12,632 viajeros. El flujo, dijo Mojica, depende de las condiciones climáticas, de la situación de Venezuela, que este fin de semana celebra elecciones presidenciales, o de la violencia que impera en otros países, como Ecuador.
Mojica recordó que la migración debe cumplir tres preceptos, ser ordenada, segura y regular, justificando la alambrada de púas. "En el momento en que se logre una coordinación entre los países involucrados, daremos una respuesta humanitaria desde el punto de vista de derecho internacional”, recordó.
Aunado a lo anterior, dijo sentir “gran preocupación” por las consecuencias ecológicas de los flujos migratorios en la selva de Darién. “Diría que el impacto al segundo bosque tropical húmedo, el daño devastador que sufren los bosques y ríos es impactante. Cada migrante deja cinco libras de basura, hacen sus necesidades en ríos, de donde las comunidades indígenas se surten de agua para el consumo humano y de higiene”, recalcó Mojica.
Este tipo de medidas, dijo, la de establecer un corredor humanitario es una estrategia para minimizar la migración. “No somos ni el origen ni el destino, sino el tránsito, para esto haremos el llamado a la comunidad internacional para que pongan un granito de arena, el daño ambiental que está sufriendo el bosque del Darién es importante”, exclamó el director.
Con respecto a las biometrías, se informó que desde 2013 a 2023 se efectuaron 136 mil exámenes, lo que representa menos del 1% del total de la cantidad de viajeros. Tan solo el año pasado cruzaron la selva más de 520 mil personas, y el anterior unas 248 mil, un año antes, 133 mil.
Parte de la estrategia es adquirir más máquinas para lograr la mayor información posible del migrante, o dividir el análisis por grupos a lo largo de la ruta, algo que aún no está estudiado totalmente. La biometría se practica a las personas que perfilan los agentes de migración para confirmar si son buscados por la justicia. “En este año llevamos 20 alertas de mayor impacto en lo que va del año, han identificado casos de homicidios, drogas, robo, narcotráfico, grupos terroristas, otros desmovilizados de las Farc”, resumió Mojica.
En las primeras dos semanas de gestión, Migración realizó operativos en la Ciudad de Panamá con el propósito de identificar a extranjeros sin papeles en regla. En total, se verificó a 747 extranjeros, de los cuales 152 mantenían citaciones pendientes. Entre las nacionalidades detectadas Mojica mencionó a venezolanos, colombianos, nicaragüenses, y de otras nacionalidades. Añadió que estas inspecciones responden a instrucciones del Ejecutivo, y que se extenderán a nivel nacional en otras provincias como Bocas del Toro y Chiriquí.
A la fecha, 29 personas han sido deportadas o expulsadas del país por estar relacionados a delitos penales, o por evasiones de los puestos de control. Además, de las anteriores hay pendientes otras nueve expulsiones por las mismas causas.
Mojica indicó que este viernes en el Centro de Temporal de Lajas Blancas se identificó a una mujer de nacionalidad venezolana acompañada de una menor de edad que mantenía una alerta de Interpol, ya que al parecer abandonó el país sin el consentimiento del padre. Al respecto se realizan los trámites para entregarla a las autoridades correspondientes.
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