Rico Pineda comparecerá por presunto blanqueo de capitales

Se le vincula a una organización relacionada al tráfico de drogas y lavado de dinero, desmantelada en la operación Jericó 

Abraham Rico Pineda era uno de los “más buscados”, por quien ofrecían $25 mil de recompensa para su ubicación.

Hoy, Abraham Rico Pineda se presentará ante un juez de garantías para legalizar la aprehensión que ayer tuvo lugar en el Sistema Penal Acusatorio, donde tenía pendiente una audiencia de afectación de derechos. El joven de 31 años está indiciado por el delito de blanqueo de capitales en la operación Jericó, mediante la cual la Fiscalía de Drogas y las autoridades policiales desmantelaron una organización dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. 

Una vez culmine la legalización de aprehensión, el fiscal Joseph Díaz quien lleva la causa, procederá con la imputación cargos y la solicitud de medidas cautelares, que probablemente continuará con lo actuado hasta ahora con el resto de los integrantes de la organización, para quienes ha solicitado la detención preventiva hasta culminar la investigación. 

Ayer fue una mañana convulsa en el Sistema Penal Acusatorio (SPA). Mientras la juez Marlenis Boutet se disponía a iniciar la audiencia programada para las 8:30 de la mañana en la sala 17, que había solicitado la defensa de Abraham Pineda  por afectación de derechos, en el estacionamiento del recinto se vivía un escenario agitado, con altercados. Había llegado el hijo de Pineda y los agentes de la DIJ lo tenían rodeado. No lo dejaban ingresar a las instalaciones, estaban concentrados en cumplir la orden de captura en su contra. Ningún reclamo o protesta del grupo de abogados surtió efecto.

Las instalaciones se encontraban custodiadas por decenas de agentes de la DIJ que estaban pendientes del desarrollo de las audiencias que transcurrían por motivo de las medidas cautelares que pedía la fiscalía para el resto de los integrantes de la organización, y ante la expectativa de la audiencia a la que supuestamente asistiría Pineda.  

Mientras mantenían detenido a Pineda, uno de sus defensores, el abogado Víctor Orobio reclamaba al funcionario de la DIJ que lo soltara para que ingresara a la audiencia. Le decía que había traído a su cliente para entregarlo, sin embargo el uniformados le respondió que le permitiera hacer su trabajo. Orobio hacía hincapié en que debían proporcionar seguridad a su cliente: “que no le va a pasar nada”, decía, y reiteraba que debía ingresar “libre” a la audiencia de afectación de derechos. 

Todo esto, mientras los medios hacían preguntas, transmitían el vivo y el señalado decía que uno de los agentes lo estaba empujando, “me está apretando”, se quejaba. Los uniformados lo tenían rodeado, como para evitar que se les escape, pues hasta este martes la fiscalía de Drogas había emitido una publicación con la foto de Abraham Rico Pineda como uno de los “más buscados”, por quien ofrecían $25 mil de recompensa para su ubicación. 

El joven se resistía a ser trasladado a la camioneta de la Policía, pero no pudo.  Dentro de la sala se informó a la jueza lo sucedido y ésta declaró un receso hasta que Pineda pudiera comparecer de forma presencial. 

Finalmente, los agentes lo condujeron a las instalaciones de Ancón, sede de la DIJ. Ahí se realizó el proceso de afiliación correspondiente que requiere completar el nombre, estado de salud y las generales del ciudadano. 

Ángel Alvarez, quien se presentó como abogado de Rico Pineda, dijo cuando ya habían trasladado a su cliente que en el sistema de la plataforma, que es donde se tramitan las causas del Sistema Penal Acusatorio, “no existía ninguna petición del Ministerio Público o de la Policía Nacional”. “La única petición que existe es la defensa que fijó una audiencia a las 8:30 am. Abierta la misma, se solicitó el acceso del señalado que había sido convocado a la misma”, reiteró. Quería que su cliente asistiera al proceso. Álvarez quería que cualquier orden a ejecutar, se efectuara después de la audiencia, y desestimó la recompensa ofrecida: “Recompensa para alguien que se está entregando voluntariamente”. 

Orobio negó que su cliente tuviera relación con la organización criminal denominada de la operación Jericó, cuya audiencia de petición de medidas cautelares continuó este martes. La organización en mención compuesta hasta ahora por 28 imputados por el delito de conspiración para cometer delitos relaciones con drogas, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, tres de ellos lograron acuerdo de pena de 60 meses de prisión conmutable, culminó ayer con la solicitud de medidas cautelares que solicitó la fiscalía.  

El defensor, Orobio, manifestó que habían mezclado con una operación para justificar la detención de su cliente y “venderlo públicamente como que está vinculado a una organización criminal, me parece que esto es muy irresponsable y estoy preocupado por la justicia panameña”.  Los abogados alegaban que el hecho de haberse presentado ante el tribunal consistía en una muestra de su voluntad para entregarse a la justicia: “la persona compareció, el Ministerio Público no había hecho ninguna petición porque está más preocupado en colgar avisos de los más buscados”, argumentó Álvarez. 

Aproximadamente a las 10 de la mañana, la jueza Marlenis Boutet retomó la audiencia. A Pineda lo trajeron esposado de pies y manos. Pero ahí no terminaron los espasmos. Cuando se desarrollaban los alegatos se escuchó un azote de l a puerta. Una persona identificada como abogado, cuyo nombre es Alex Sánchez, exigía ingresar, pero la sala, que es pequeña, estaba llena. El guardia que cuidaba la puerta, al negarle la posibilidad recibió un golpe del  letrado, quien en 2021 dejó de trabajar en el Ministerio Público en el cargo de asistente de fiscal, según se lee en el documento de recursos humanos de la institución. El abogado quedó detenido por haber agredido a un servidor público. “¿Ahora todo mundo viene con nosotros?”, preguntó Pineda despegándose del incidente. La jueza lo tranquilizó y su abogado le recomendó que hiciera silencio.  Fueron las únicas palabras que se escucharon del señalado durante la audiencia. 

Adentro, la defensa alegaba que a su apoderado le habían vulnerado sus derechos, su inocencia, porque lo habían colocado entre “los más buscados” y su foto estaba en todos los medios y las redes del Ministerio Público. Además, Álvarez reclamaba que no le habían dado acceso a la carpetilla o expediente de la operación Jericó, en la que habían asociado a su cliente. Pero la fiscalía le recordó que en el momento en que se presentó como apoderado de Pineda le permitieron ver la carpetilla. Esa era la segunda afección que alegaba la defensa del hijo del diputado, que no se le había permitido ejercer la defensa de su cliente. 

La fiscalía añadió que durante las audiencias de legalización de aprehensión, imputación y las medidas cautelares que se desarrollaron, no se mencionó el nombre de Abraham Rico Pineda, por tanto, no se pudieron vulnerar sus derechos. 

Luego de que la juez dictaminó su decisión, los abogados le solicitaron que realizara ahí mismo la audiencia de imputación.  La fiscalía no se opuso, pero la juez les recordó que no sería posible porque antes era necesaria la legalización de la aprehensión, paso que no había ocurrido. De haberse saltado la legalización el proceso se vería viciado por un tecnicismo. Finalmente la juez rechazó las dos peticiones de afectación de derechos que solicitó la defensa de Abraham Rico Pineda, indiciado en la operación. El aprehendido deberá presentarse frente a un juez de garantías en las próximas horas para legalizar su aprehensión y después se deberá cumplir con la audiencia de imputación y medidas cautelares. 

El caso es de notoriedad porque el mencionado ha sido calificado por las autoridades como uno de los “más buscados” por la Policía Nacional en respuesta a una orden de captura del Ministerio Público que mostraba su rostro, y también cobra relevancia por ser hijo del diputado de San Miguelito, Raúl Pineda quien recientemente la Corte Suprema de Justicia lo zafó de una investigación en su contra relacionada con la misma operación debido a “una incipiente investigación (del Ministerio Público) con falta de información”, lo que llevó a los magistrados a concluir que fue remitida “con premura y no con el análisis debido que este tipo de gestión procesal conlleva”,  se lee en el fallo. Antes, su padre emitió un comunicado en el que decía que su hijo se había entregado a las autoridades.