El director de Migración, junto a otras instituciones de seguridad y la Organización Internacional para las Migraciones, prevén una salida masiva de venezolanos, en caso de no hallar una pronta solución a la crisis política en ese país. Una preocupación para Panamá en el manejo del flujo controlado de migrantes, a raíz de la suspensión de las relaciones diplomáticas con Venezuela, que también pone freno a los vuelos de deportación hacia ese país
Roger Mojica (foto: Román Dubilet de La Estrella de Panamá)
Ya se inició el primer vuelo de deportación de migrantes irregulares en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos (MOU). Lo que no queda claro es cuál es el perfilamiento de a quién deporta y quién sigue hacia el norte...
Nosotros estamos haciendo un ejercicio conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Hay personal capacitado para el tema de perfilamientos, también estamos haciendo un trabajo de levantamiento de biometrías. En este ejercicio muchas veces nos sale personal con antecedentes penales. A estas personas las estamos segregando del flujo controlado. Parte del MOU no sólo se ciñe a las deportaciones, expulsiones o retorno voluntario, esto conlleva otra serie de aportes que nos va a facilitar Estados Unidos como financiamiento para otras necesidades, como transporte, tecnología, infraestructura. Estamos haciendo el informe al respecto.
¿Ese financiamiento lo entrega Estados Unidos al gobierno, o ellos pagan directamente a los contratistas?
Los fondos los maneja directamente Estados Unidos. Nosotros les damos las necesidades y ellos deben hacerlo realidad. En el tema de los vuelos les indicamos la fecha, la cantidad de personas y ellos hacen las contrataciones. Una vez que esto ocurre empieza nuestra parte administrativa y la parte diplomática para los permisos y espacios aéreos que cada parte nos tiene que dar.
El MOU no sólo se ciñe a las deportaciones, expulsiones o retorno voluntario, esto conlleva otra serie de aportes que nos va a facilitar Estados Unidos como financiamiento para otras necesidades (foto: Román Dubilet de La Estrella de Panamá)
¿Esperan un aumento de venezolanos ante la crisis política que vive el país?
Estamos monitoreando. Es una posibilidad dependiendo de cómo se vayan dando las cosas en ese país. Sabemos que ya hay una migración considerable que se ha dado, pero se espera que migren más.
¿Cuál es el peor escenario que han analizado?
Que migren cuatro o cinco millones más.
¿Por dónde van a pasar?
Ya veremos. Esto no ha parado. Es constante, no puedo determinar en cuánto tiempo porque depende de la situación de cada uno, pero hay que prestarle atención.
¿Esa estimación en base a qué se hace?
Eso lo hemos analizado, inclusive con personal de la Organización Internacional para la Migración, Senafront, Migración, el monitoreo de los medios de la región. La estimación, o la posibilidad, es que pudieran ser cuatro cinco millones de venezolanos que van a salir de su país si las cosas empeoran ahí.
En caso de que se instale Edmundo González en el poder, a quien Panamá ha reconocido como presidente, ¿pudiera bajar el flujo?
Puede ser. Incluso pudiéramos ver un flujo inverso como ocurrió hace años que estaban regresando a sus países cuando la situación mejoró un poco.
¿Qué tan difícil ha sido lograr estos acercamientos con otros países para recibir a sus nacionales?
Bastante difícil. Con Colombia ya existía una relación desde el gobierno pasado, así que nos montamos sobre esa plataforma y no hemos tenido dificultades en ese sentido. Con países que no lo hemos hecho, nos encontramos en el acercamiento diplomático y explicando cuáles son sus necesidades, qué requieren de nosotros y llevar a cabo el proceso de expulsión, deportación o retorno voluntario.
Con Colombia ya existía una relación desde el gobierno pasado, así que nos montamos sobre esa plataforma y no hemos tenido dificultades en ese sentido (foto: Román Dubilet de La Estrella de Panamá)
Con los extracontinentales, ¿cómo harán?
Nos es más difícil. Si tenemos representación diplomática en el país podemos hacer los acercamientos. Por ejemplo, ahora lo estamos haciendo con India, hay disposición, lo que facilita la tarea. Con otros países tenemos que buscar a ver si hay situaciones que nos permitan.
¿Cómo sabemos quién se monta en el avión y quién no, en caso de que no tengan antecedentes penales?
Ahora lo que estamos haciendo con Colombia es que ya tenemos una relación con los procesos. Por ejemplo, que vengan solos. Grupos familiares tratamos de mantenerlos juntos para que puedan continuar. De todas maneras hacemos el perfilamiento y si sale algo los retenemos y empezamos a hacer todos los procesos. Ahora mismo, a las personas que tienen antecedentes penales o hayan sido señalados por el personal panameño con cierto perfil, les aplicamos la norma, que es el ingreso irregular al territorio panameño.
De acceder a la presidencia venezolana Edmundo González incluso pudiéramos ver un flujo inverso como ocurrió hace años que estaban regresando a sus países cuando la situación mejoró un poco (foto: Román Dubilet de La Estrella de Panamá)
Todos ingresan de forma irregular, ¿quién tiene luz verde para continuar? Uno podría pensar que la discrecionalidad puede acarrear corrupción, ¿cómo va a evitar eso?
Este es un trabajo en conjunto con Senafront. Nuestro personal, apostado en varios lugares, van haciendo la segregación de las personas por nacionalidades primero. Si hay un perfilamiento se le lleva a una investigación mediana con la información biométrica. Tenemos dos procesos biométricos, uno más general y si tiene una coincidencia, lo llevamos al siguiente nivel donde salen situaciones más complejas como personas que han salido con vínculos con actividades terroristas o criminales.
Costa Rica evalúa la ejecución del MOU en Panamá, en caso de que se incluyan en esta tarea, ¿también partirán de ese país vuelos de deportación?
Lo más probable. Como nuestras capacidades de levantamiento biométrico son limitadas, inclusive conversamos de enviar una listado filtrado de aquellas personas que nos quedaron por hacer el levantamiento en Panamá, ellos continúen en ese proceso para tener un mayor resultado. Eso pone a Costa Rica como un segundo filtro y ya se ha dado el resultado de personas que se nos han pasado por alto, a ellos les sale el ‘match’.
¿Es decir que serían dos lugares para deportación en el trayecto desde la selva, Panamá y Costa Rica?
Eso depende de las autoridades costarricenses.
¿Va a poner un control fronterizo migratorio entre Panamá y Colombia?
Hemos conversado. El 1 de julio cuando el presidente José Raúl Mulino se reunió con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los temas de discusión. Esta semana tenemos una reunión tripartita Panamá, Colombia, Estados Unidos y son alternativas que evaluamos. Hay una agenda de diferentes situaciones, respeto a los derechos humanos a los migrantes, por ejemplo. La frontera con Colombia se divide por el segundo bosque más grande de la región que en este momento está sumamente contaminado por el paso. Un daño que tomará muchos años para su recuperación. El pasar por la frontera por Darién no es una alternativa. Participé en las discusiones del Pacto Mundial por la Migración y para mí eso tiene tres principios rectores, ordenado, seguro y regular. De ninguna forma pasar por Darién cumple estos requisitos. La única forma desde mi punto de vista sería vía marítima, que no pasen por la selva.
Tenemos acercamientos. En la reunión bilateral de los dos presidentes se habló del tema. Tuvimos intercambio de ideas. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego solicitó que no se dejara pasar a quienes no estén previamente identificados. Sabemos que ellos llevan un proceso de identificación. Quisiéramos que nos den acceso a esa información o que sea un proceso similar al de Costa Rica.
¿No es así?
No. Simplemente a nosotros nos llegan las personas, pero no tenemos lista de Colombia.
¿Cuál es la resistencia de Colombia en brindarla?
No lo sé. A mi me tocó en 2019 ir a negociar ese tema y quedamos que nos iban a pasar la información pero no llegaba. Cuando llegaba la información era extemporánea, la gente ya había entrado y transitado por el país. Nosotros sí le mandamos los datos de a quién estamos recibiendo, pero la de ellos no nos llegaba a tiempo. No era útil, porque lo que queremos es filtrar la lista. Hay gente que está pasando y tiene antecedentes criminales en algún lugar, o personas que pertenecen a organizaciones criminales o tienen nexos terroristas. Es lo que más nos preocupa y nos hemos enfocado en eso, de ahí la necesidad de levantar un levantamiento biométrico y aumentar las necesidades de este aparato.
¿Hay posibilidad de implementar ahora un programa fronterizo conjunto?
Estamos en ese acercamiento. Nosotros no vamos a desistir. Hay un problema que hay que hacerle frente. No es sólo de Panamá, requiere de cooperación internacional, no solo de Colombia sino de otros países involucrados en la ruta, además de instituciones de derechos humanos y otras figuras que tienen que ver con la migración irregular. Sabemos que hay muchas organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con la migración irregular que reciben financiamiento para hacer frente al problema. Pero la ayuda efectiva que recibe Panamá para enfrentar el problema es muy poca.
Si no logran ponerse de acuerdo o la cooperación no fluye, ¿qué piensan hacer?
Nosotros ya tomamos medidas a partir del 1 de julio. Esto es algo que evoluciona. Han aparecido nuevas rutas y entendemos que están evadiendo Panamá. En la medida en que se vayan dando las situaciones iremos preparándonos, ajustando para lograr nuestros objetivos.
¿La biometría también se hace a los venezolanos? Le pregunto porque en caso de salir positiva la biometría será difícil la deportación...
Se hace por perfilamiento. Cualquier nacionalidad. El detalle es que con Venezuela no tenemos acceso a la fuente de datos por las relaciones que hay en este momento. No hay con qué comparar, entonces se nos hace difícil.
¿Entonces pasan los venezolanos?
Están pasando. Todos los venezolanos están pasando porque no tenemos relaciones diplomáticas. Esto aumenta el problema.
Los usuarios se quejan de que la página web de la institución no está actualizada y los trámites cambian constantemente. ¿Qué va hacer al respecto?
En los primeros días de gestión mandé a revisar los requisitos que están en la página web, revisarlos y que sean bien específicos para eliminar la discrecionalidad de las personas que están en la ventanilla. Le denomino requisitos ATB, anti brutos. Es decir que al final se haga todo bien detallado para que el funcionario no tenga margen para decir que la cédula era a colores o en blanco y negro. Son cosas que hemos ido revisando y que prontamente vamos a actualizar en la página web. Paralelamente a eso mandé a hacer una revisión para cada proceso, precisamente para que el de recepción verifique que los abogados presenten todos los documentos y minimizar tiempos. También estamos en los acercamientos para digitalizar los procesos. Antes se daba el estatus migratorio por página web, y eso se suspendió por alguna razón. Ya lo mandé a revisar nuevamente para que se pueda hacer. Eso me evacua un montón de personas que llegan a la institución, estatus migratorio y el movimiento migratorio que se pudieran hacer electrónicamente.
Los permisos de protección para extranjeros, ¿los van a volver a cambiar o qué van hacer?
Los permisos de protección ya murieron el 19 de agosto. El señor presidente me dio instrucciones de evaluar qué hacer con esas personas, porque como ese proceso no es renovable, tenemos que ver qué hacemos con ellos y qué alternativas tienen. Ya estamos en algunos borradores y proyectos que estamos evaluando y depende de la venia del señor presidente y lo anunciaremos pronto.
Entre las posibilidades que se han contemplado, ¿cuál puede mencionar?
Está dentro del proceso evaluar a aquellas personas que ya tienen más de un año vencidas, al momento en que se de la publicación de las medidas, si es que se llega a dar, un tipo de regularización extraordinaria.
¿Por cuánto tiempo?
Normalmente será por dos años simple, y cuando se renueve para los seis años debe tener algún tipo de diferente requisitos como ser contribuyente y en el tema de la residencia deben tener arraigo. Es una relación de dos vías, muchas veces cuando se han dado este tipo de regulaciones los extranjeros se quedan legales pero no pagan ningún tipo de renta, o seguro social. Ese es el enfoque que estamos dando al proyecto.
Las cartas de naturalización de las que habló el presidente recientemente, ¿están acelerando el proceso o cambian los requisitos?
Los requisitos no cambian, son claros. Nos encontramos con 4,059 procesos de naturalizaciones pendientes, acumulados de muchos años. Lo que hicimos fue revisar todo el proceso que tenía 18 pasos, y el presidente me pidió que evaluara el tema de la burocracia. Lo bajamos a 10 pasos, mucha tramitología y se agilizó. Se aumentó el personal que estaba a cargo de eso. Se publicaron una serie de procesos que ya estaban autorizados, pero simplemente no se habían publicado. Se cancelaron o anularon los procesos a los abogados que se les había pedido algún tipo de requerimiento y se aplicó la figura de caducidad de instancia porque no tuvo algún movimiento el expediente y que tienen la opción de aplicar nuevamente.
Esas personas, ¿cuándo van a recibir su carta de naturalización?
Las primeras dos semanas publicamos 388 y después 320 más. Al presidente ya le mandamos las primeras 70 y esta semana estamos enviando casi 100 expedientes más.
El proyecto puede costar entre $18 millones a $20 millones.
Los usuarios no tienen estacionamientos, ¿qué hará al respecto?
Ese es un problema que tienen hasta los propios funcionarios. No hay estacionamientos menos para los clientes. Ya hicimos el acercamiento con la oficina de bienes revertidos, estamos solicitando dos lotes de terreno que están en las antiguas instalaciones del Ministerio de Obras Públicas cerca de la estación de Albrook, ahí tenemos dos lotes de 4 mil metros cuadrados y el proyecto de un nuevo edificio diseñado con estacionamientos e inclusive con los centros de detención administrativa contigua para agilizar los procesos. Hay que tener en cuenta que los albergues que tenemos no tienen buenas condiciones, también tenemos una capacidad para ello.
¿Cuánto puede costar ese proyecto?
Calculo que es entre $18 millones a $20 millones.
¿Hay plata para eso?
No, pero hay que recogerla.
¿Sería autofinanciable?
Hay que trabajarla. Me corresponde hacer el perfil del proyecto y ya vamos a registrarlo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Puede ser un proyecto multianual y ahí vamos avanzando. Ojalá podamos dejar un nuevo edificio, nuevos albergues. Tardaría al menos tres años.
Los usuarios se quejan de que hay ventanillas vacías...
No puedo poner más porque no hay espacio. Están llenas.
No contestan el teléfono...
Es verdad. Tenemos tres personas ahí. Tenemos que hacer una revisión de la planilla y reorganizarnos. Hay que salir de mucha gente que no hace nada. Hasta esta semana salieron los primeros nombramientos de confianza.
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