Abogados piden revocar detención preventiva, en caso Jericó

Los abogados de 17 imputados dieron como alternativa la detención domiciliaria o reportes periódicos, alegan que el juez de primera instancia no valoró sus argumentos 

Varios de los juristas recordaron al tribunal que sus clientes no tienen antecedentes penales, que cuentan con arraigo domiciliario y en algunos casos laboral, y refutaron lo principal, que no son un peligro para la sociedad.

Los abogados de los imputados en la operación Jericó sustentaron este lunes ante el Tribunal de Apelaciones las razones por las cuales sus representados no deben permanecer en detención preventiva en el centro penitenciario La Mega Joya. Todos solicitaron al tribunal revocar la medida impuesta por el juez de Garantías Mike Zúñiga el pasado 20 de agosto.  Este martes continúa el alegato de cuatro abogados más y la respuesta de la fiscalía a cada uno de los argumentos. Las magistradas Greta Marchosky, Yilés Pittí y Yanelka Quijano solicitaron al fiscal Joseph Díaz que desarrolle los detalles de cada uno de los 24 eventos que se narran en la pesquisa y posteriormente emitirán su criterio para modificar o no, las medidas cautelares. Solo cuatro personas de la operación Jericó cuentan con una medida distinta a la detención preventiva, dos femeninas y dos varones. 

El denominador común de los 14 abogados, quienes representaban a 17 imputados fue que al momento de la sustentación de la medida de detención preventiva, el fiscal Superior de Drogas Joseph Díaz, no consideró ninguna otra alternativa del catálogo que ofrece la ley, o menos grave. 

Varios de los juristas recordaron al tribunal que sus clientes no tienen antecedentes penales, que cuentan con arraigo domiciliario y en algunos casos laboral, y refutaron lo principal, que no son un peligro para la sociedad como lo asegura la fiscalía y la base del juez de Garantías para dictar la medida más severa. 

La apelación se efectuó en la sala 3 de Plaza Fortuna, en la que también participaron de forma virtual los vinculados a la operación Jericó, que la fiscalía acusa de haber participado en conspiración por delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales. Un expediente que hasta el momento está compuesto por 29 tomos, 1,200 escuchas de llamadas telefónicas, 24 eventos en los que hubo decomisos de droga, armas de fuego y efectivo, así como un año de  diligencias de seguimiento y vigilancia. 

Cuando el juez de Garantías Mike Zúñiga decretó la detención provisional para 21 vinculados a la operación, lo hizo basado en el riesgo que representan para la sociedad, como lo solicitó la fiscalía. El alegato de los juristas es que al momento del fallo, el juez no individualizó cada caso, sino que empleó un criterio grupal sin ofrecer las razones para cada imputado. 

Los apoderados solicitaron, en su mayoría, reporte periódico de dos o tres veces por semana para sus representados, la prohibición de salir del país o la provincia donde residen, así como el impedimento para reunirse con otros imputados. En caso de que el tribunal considerase ninguna de las anteriores, ofrecieron el depósito domiciliario. 

Por ejemplo, en el caso de quien supuestamente es una de las cabecillas visibles de la organización, Francisco Serrano, quien aparece en la mayoría de las llamadas telefónicas que transcribieron los analistas, su abogado dijo que la fiscalía lo vincula a 11 de los 24 eventos, pero aún así se presume su inocencia.  Serrano está vinculado a la operación por 15 informes de vigilancia y seguimiento efectuados desde junio de 2023 a mayo pasado. 

De acuerdo a la Fiscalía, Serrano mantenía cuatro líneas telefónicas, pero su abogado inquirió que ninguna de ellas correspondía  al número que tenía asociado a la licencia o al Tribunal Electoral. Por tanto, dijo, no hay elementos de convicción que lo asocien a los otros números investigados. 

Añadió la defensa de Serrano, que las transcripciones de las escuchas telefónicas “no tienen carácter científico, no son peritajes y tampoco se ajustan a la realidad”.  En resumen, alegó que los elementos elaborados por la fiscalía no superan la excepcionalidad que debe primar para una detención preventiva. 

En otro caso, el del imputado Miguel Octavio Batista, su defensor Antony Jesús alegó que entre las 1,200 llamadas que escuchó la fiscalía, su representado aparece en tres, una de ellas con un hombre no identificado que no está en la carpetilla, presumiblemente un político. Batista se comunicó con Frank Villarreal para comprar un motor de lancha porque se dedica a la pesca desde niño, dijo el jurista. En cambio, la fiscalía asocia la conversación al transporte de droga. El legista indicó que su cliente no aparece en los informes de campo o en fotos de seguimiento. 

También habló sobre José Medianero, quien aparece en uno de los 24 eventos investigados y en tres llamadas telefónicas que la fiscalía califica como graves, por el presunto transporte de drogas que se coordinaba de Panamá a Chiriquí bajo el alias de “Media”. 

Así fueron escuchados uno a uno los juristas, 10 minutos por cada imputado. Joaquín Rogers,  abogado del agente de la Policía Nacional, Miltony González Granados, supuesta mano derecha de Serrano, puso en duda las evidencias aportadas por la Fiscalía. A su cliente se le acusa de proporcionar información a la organización y porque Serrano le dijo que le iba a comprar un celular que no fue hallado, según el jurista. 

Reclamó al tribunal que en el caso de las llamadas telefónicas, las magistradas no tienen forma de comprobar lo dicho por el fiscal, y que en cuanto a la operación Jericó, aunque aparenta ser una operación de alto perfil, es “solo un casito más”.  Su cliente cayó preso por estar relacionado al primer evento, de un supuesto traslado de droga a Tortí, además por otro en el que se incautaron $125 mil en efectivo y tres armas de fuego. A su apoderado se le conoce como la persona que supuestamente llamaba a los mochileros que movían la droga del Darién a Chepo. Lo escucharon por los dos teléfonos que tenía, pero su defensor considera que los indicios de conspiración son débiles puesto que la investigación se encuentra en fase preliminar. 

Luego fue el turno de la defensa pública de Jorge Luis Pérez, también apodado “el pollo”, “el pollo veloz”, “Barboni” y otros. Luego entonces, tantos sobre nombres no refieren a su nombre y apellido, dijo su abogada. También lo relacionan con el decomiso de 46 paquetes de droga, evento en el que aprehendieron a otras personas, más no a él. Y con el transporte de droga con ruta Chepo - Panamá - Chiriquí. 

El tribunal escuchó también a la defensa de José Antonio McKenzy a quien se le asocia a cuatro hechos, como el decomiso de droga, un tumbe de 500 kilos ocurrido en la provincia de Los Santos y transferencias de dinero vinculadas a Abraham Pineda, el hijo del diputado Raúl Pineda. Su defensor se basó en tecnicismos legales, y dijo que su cliente trabaja en el Ministerio de Gobierno. 

Continuó el caso de Alejandro Rodríguez, cuyo abogado Genaro López, dijo que se trata de un joven de 23 años, acusado de transportar droga de Chepo a Tortí y luego a Chiriquí, pero la fiscalía nunca decomisó esa droga. También manifestó que la audiencia estaba “mediatizada y que hay presiones por todos lados”, una apreciación personal que las magistradas le solicitaron reservar. Su cliente, dijo, es un operador logístico con arraigo laboral y domiciliario.  

En la audiencia también habló la defensa de los hermanos Edwin y Franklyn Martínez , éste último mantiene una prótesis y requiere ayuda para sus actividades diarias. También habló Gloria Leyva, abogada de Melvin Salazar a quien defendió diciendo que su cliente asociado a varios eventos, como el decomiso de droga y de un auto con doble fondo, se le relaciona a una llamada en el primer evento con el apodo de “Ey Mo”, un saludo común que no representa su nombre o número telefónico.  

Por último, la licenciada María Victoria González expuso el caso de sus defendidos Alex Diquez y Eduardo Guillen. En ambos casos manifestó que sus clientes no se opusieron a la aprehensión, que su vinculación al caso es “endeble” y que ambos mantienen arraigo domiciliario y laboral.