Santiago Ortega: “Déficit del Ifarhu puede superar los $178 millones”

El director de becas estima que el hueco del Ifarhu se queda corto, los beneficios se dieron con holgura, sin partidas presupuestarias y quienes no cumplían con los parámetros 

Santiago Ortega.

El desgreño administrativo detectado en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) asciende a más de $178 millones en déficit. La plata del estado se entregó a beneficiarios que no llenaban los requisitos y gran parte de sin partidas presupuestarias, lo que ha provocado que el director de Becas y Asistencia Estudiantil, Santiago Ortega, refuerce el equipo de auditoría para evaluar qué tan profundo es el déficit que deben atender. Para quienes hayan obtenido auxilios económicos, la institución hace un llamado para devolverlos, una voz dirigida especialmente para las personas pudientes que se beneficiaron. De lo contrario, iniciarán coacciones con los jueces ejecutores. 

El déficit revelado hasta ahora en el Ifarhu asciende a $178 millones, ¿podría ser peor?

Hay una gran falencia en los registros contables y los estados financieros que se hacían. También un atraso de 10 años de conciliaciones bancarias que no se ha realizado, prácticamente dos administraciones gubernamentales que no efectuaron este proceso. Lo que nos permite tener un aproximado de lo que hemos encontrado hasta este momento. Solo en lo que corresponde a el pago directo de beneficiarios de becas y auxilios económicos se ha estimado hasta el momento $140 millones en obligaciones no cumplidas. El resto hemos identificado en gastos administrativos de la institución. 

¿Cómo qué gastos administrativos?

Alquileres, pagos de valija, seguridad, impresiones y otros rubros que tienen un atraso significativo. No se pagó el alquiler de todas las oficinas, lo que representa un gasto no cubierto por la institución. 

Solo en lo que corresponde a el pago directo de beneficiarios de becas y auxilios económicos se ha estimado hasta el momento $140 millones en obligaciones no cumplidas.

Esos $178 millones, ¿en qué años pudieron haberse entregado?

Hemos visto una tendencia de déficit financiero de la institución de al menos tres años. Sin embargo, el proceso de auditoría formal es lo que permitirá hallar la extensión total del déficit, una vez se recopile la información. Pero tenemos certeza de la cifra que hemos encontrado como obligaciones no cumplidas. 

¿Cómo se va a hacer frente al hueco financiero de $178 millones, que puede ser mayor?

Estamos viendo todas las opciones para dar una respuesta. Hemos conversado con el Ejecutivo, el Meduca, el MEF, para saber de dónde vamos a adquirir los fondos para las obligaciones adquiridas. Al final los estudiantes no tienen la culpa, es una falla de la administración en no gestionar de manera eficiente los recursos y no planificar. 

¿Quiénes realmente eran los beneficiarios de estas becas?

Actualmente tenemos cerca de 200 mil beneficiarios en la institución, al menos este año, que han recibido una beca o una asistencia económica o han recibido una beca de Senacyt. En el tema de auxilios económicos hicimos una revisión de más de mil expedientes a los que no se le había hecho el seguimiento correcto para ver si cumplían o no todas las obligaciones del contrato.  Encontramos varios en los que no se habían presentado los créditos, diplomas, lo que podría significar que no lo habían presentado a la institución o que realmente no habían ido a estudiar.  Hemos notificado a esos beneficiarios para que se acerquen a la institución para presentar dichos documentos que certifiquen que recibieron el beneficio. Los que no, para iniciar el proceso de recuperación de las obligaciones no cumplidas. 

Las cláusulas del contrato del auxilio económico estipulan que al incumplirlo deben retornar el dinero a la entidad.

¿Fue un botín político?

Había una alta discreción en la forma en que se otorgaron los beneficios. No había reglas de quién podía optar a ellos. Ahora podemos establecer claros controles de quiénes optan para los beneficios y cómo se evalúan, como se fiscalizan y que vayan alineados a las necesidades del país. 

Hasta ahora han recuperado $200 mil, pero se entregaron millones, ese dinero se lo habrán gastado ya, ¿qué pasará con quienes no puedan demostrar que usaron el auxilio económico para los propósitos solicitados?

Las cláusulas del contrato del auxilio económico estipulan que al incumplirlo deben retornar el dinero a la entidad. Como es un contrato adquirido con el Estado, debe llevar un formulario de deudores y codeudores, aunque no en todos existe este papel. Se iniciará un proceso de recuperación de los fondos desembolsados. 

¿Eso sería una coacción de qué tipo?

El proceso inicia con la solicitud de crédito, que las personas se acerquen a hacer el desembolso si han incumplido los contratos, si no cumplen con estas determinaciones entraría la unidad del juez ejecutor que se encarga de recuperar el dinero. 

¿Hasta qué fecha han dado para que la gente se acerque a la entidad a devolver el dinero?

Por el momento es abierto. Hicimos un procedimiento formal para hacer la devolución voluntaria de los fondos y notificamos a todos los que identificamos que incumplieron con el contrato para que lo hagan y se normalicen. 

La figura de auxilio económico, ¿cómo se entregó el dinero con tanta holgura? 

Creo que hubo un desinterés de las pasadas administraciones de no encontrar la mejor forma para beneficiar a los estudiantes interesados en estudiar en el exterior. Actualmente, el reglamento de becas que presentamos como borrador en el consejo del Ifarhu, las becas del extranjero deben cumplir requisitos más estrictos, con un control en el seguimiento y que pueda haber una mejor fiscalización del estado para los fondos destinados a este fin. 

¿Los auxilios económicos continuarán?

Van a desaparecer. El objetivo de la institución debe ser apoyar al mérito académico y a aquellas personas que no tienen fondos para cursar los estudios. Solo nos vamos a enfocar en este propósito, ya sea en Panamá o en el exterior. La figura de auxilio económico tiene bastante tiempo de existir. Tenía unas directrices bastante holgadas. No tanto en los requisitos que debía cumplir, sino cómo se otorgaban estos beneficios. No existe un reglamento o manual de procedimiento aprobado como tal para becas y asistencias económicas. Lo recibieron siguiendo los parámetros, pero hay que hacer una auditoría más extensa para determinar si cumplieron los parámetros o no. Un objetivo es que era para poblaciones en pobreza o vulnerabilidad, lo ha recibido gente pudiente, y algunos participaron en procesos competitivos que se pagaron a través del programa. Valdría la pena evaluar expediente por expediente para ver si cumplieron los requisitos. 

¿Se despejó la duda de cuántos auxilios económicos tenían sustento y cuáles no?

Estamos en ese trabajo. Hicimos una verificación más profunda de los expedientes que habían finalizado sus contratos y asegurarnos, antes de darles cierre, que habían cumplido con los requisitos. 

¿Tienen personal para verificar todos los expedientes y seguir funcionando?

Tenemos coordinaciones para recibir el equipo adicional. Aparte, quien debe hacer las averiguaciones debe ser un ente competente en caso de que debamos referirlo a cualquier otra entidad, ya sea por denuncia o por investigación más profunda. Vamos a enfocarnos en eso en los siguientes meses. 

Las denuncias efectuadas hasta el momento en el Ministerio Público, ¿contra quiénes se hicieron?

Para que evaluaran como la pasada administración entregó más beneficios de lo que realmente podía cubrir. 

¿Quién firma todos los documentos?

En algunos casos el director de becas y el director general, en otros casos el comité que evaluaba quién recibía el beneficio a través del acta de otorgamiento y la resolución. 

¿Quién plasmó la firma es el responsable?

Creo que esa pregunta la puede responder la autoridad competente. Esa parte de identificar quiénes fueron los que cometieron un delito será el Ministerio Público. Estuvimos en conversaciones con la procuraduría para explicar lo que se iba a investigar, formalizamos lo que necesitábamos que se investigara y el equipo de la procuraduría hizo una visita in situ para conocer a profundidad como se puede investigar lo que sucedió. 

¿Presentarán más denuncias en el futuro?

Sí, puede haber más denuncias y relación con otras entidades para canalizar las irregularidades en la entrega de beneficios más allá del presupuesto otorgado a sabiendas que no se iba a poder cumplir con dicho beneficio. También vimos casos en que a algunos estudiantes se les otorgaba el beneficio y la secretaría general de la institución emitió una certificación de que se contaba con dicho beneficio y ni siquiera habían recibido partidas presupuestarias o estaba refrendado por la Contraloría. No había respaldo de partidas del estado, pero las personas se fueron a estudiar afuera, con los beneficios adquiridos ahora tenemos dificultad para cumplirlos. No hay respaldo financiero y estamos trabajando para saber cómo se cumple. 

¿Cuál es el caso más escandaloso que encontró?

Creo que vi unos casos de pastelería en el exterior arriba de $50 mil. He visto casos también de  cursos de idiomas, otros casos el informe de trabajo social daba claridad que no era una persona con necesidad económica y aún así los otorgamientos fueron entregados.